La Guardia Civil vuelve a enfrentarse con las decisiones del ministro Fernando Grande – Marlaska, quien ahora a notificado a los funcionarios de este cuerpo de seguridad que próximamente serán retirados los grupos de manejo de explosivos y de rescate del País Vasco, Navarra y Cataluña.
Estas notificaciones llegaron de la mano del Boletín Oficial de la Guardia Civil, refrendada con la firma de María Gámez, quien es la directora del cuerpo de seguridad. La primera de las órdenes es que se suprima por completo los Grupos de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos de las comandancias de Álava, Guipúzcua y en la de Lleida.
La segunda directriz publicada en el Boletín de la Guardia Civil está relacionado con los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña, que operan en la región norte de la Comunidad de Navarra y en Girona.
La entrada en vigencia de estas órdenes será a partir del 1 de abril y el argumento que han dado las autoridades para tomar la decisión es que se trata de razones organizativas, a pesar de las múltiples veces en la que los uniformados de este cuerpo de seguridad se han enfrentado a las decisiones que se han tomado desde el Ministerio del Interior, debido a todas las competencias que les han querido retirar en las regiones de Navarra, Cataluña y el País Vasco y saca nuevamente a la luz las incertidumbres de los uniformados que no saben cuál será le destino de quienes pertenecen a estos grupos especiales.
Esta decisión surge apenas cuatro meses después que se anunciara por parte del Gobierno, junto con los miembros de EH Bildu la eliminación de las competencias en materia de tráfico a los uniformados de Navarra, quienes en su momento denunciaron que estas negociaciones se habían hecho a sus espaldas y sin tomar en consideración el fondo de la situación.
Pedro Sánchez hizo este pacto con los miembros de EH Bildu a cambio de que apoyaran la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que necesitaba de los votos de todos los miembros del Gobierno de Coalición.
Esta decisión de retirarle a los funcionarios de la Guardia Civil de las competencias de tráfico entrará en vigencia a partir del 31 de marzo y hasta ahora no está claro cuál será el destino de la mayoría de los funcionarios que pertenecen a estos equipos de trabajo, a pesar de que ya quedan pocos días para que se concrete la operación.
«Los funcionarios de la Guardia Civil hemos sufrido una serie de retrocesos en nuestras competencias y en nuestros derechos por la acción del Ministerio del Interior y de este Gobierno. Hemos mandado cartas al ministro y al propio presidente Pedro Sánchez, para reclamar que nos sean reconocidos los derechos que sí reciben otros funcionarios de cuerpos policiales municipales y nadie nos ha dado respuestas», había expresado Gustavo Adolfo Álvarez, secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) cuando se supo la noticia de que les serían retiradas las competencias en materia de tráfico a los uniformados de Navarra.
En aquella oportunidad el propio ministro Marlaska se había comprometido con los funcionarios de la Guardia Civil con que no se les retirarían las competencias y que no saldría ningún funcionario de la Comunidad de Navarra, pero tan solo dos años después la situación cambió, a conveniencia del Gobierno, para poder sacar adelante los presupuestos del Estado y para ello han cedido a las exigencias de los grupos vascos.
«Esto es una nueva frenta a la Guardia Civil y es evidente que lo que existe es una falta de voluntad política para reivindicar nuestros derechos y que todo se ha hecho como parte de un mercadeo político», dijo el funcionario del organismo de seguridad con el que conversó Moncloaa.com cuando se supo que les retirarían las competencias en materia de tráfico. Este uniformados además señaló que en todo caso, era necesario que antes de llegar a ese tipo de acuerdos se hicieran las consultas necesarias con las organizaciones sindicales de la Guardia Civil, para tratar de coordinar cuál será el destino y las condiciones en las que se hará la transición y el retiro de las competencias en materia de tráfico y seguridad vial que pasará a manos de los uniformados de la policía de la Comunidad foral.
