La Audiencia Nacional celebra desde este lunes el juicio contra 81 personas relacionadas en mayor o menor nivel con la organización delictiva liderada por los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón y conocida como ‘Los Miami’. Se les imputan delitos que van desde el blanqueo de capitales a la tenencia ilícita de armas, pasando por el tráfico de drogas, la falsedad documental, contra la Hacienda Pública o la falsificación de moneda.
El escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que la organización era «extremadamente complejísima, poderosa, laberíntica, entrelazada, muy diversificada y minuciosamente planificada», que además era «permanente y estructurada», que tenía proyección internacional y que se encontraba subdividida «en no menos de cuatro grandes sectores o ramificaciones».
De lo investigado, se ha conocido que esta organización introdujo en España para su distribución por Europa al menos 7,5 millones de toneladas de cocaína y blanqueó además las decenas de millones de euros obtenidos con la venta. Y el fiscal apunta que esta «poderosa» red «cuyas actividades criminales se desarrollaron dentro y fuera de la península Ibérica» actuó a lo largo de un «muy dilatado periodo de tiempo» que se prolongó, cuanto menos desde principios de 2007 hasta el verano de 2011.
En el auto de procesamiento emitido en 2018 por Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, dejaba constancia de que por estos hechos también era procesada Ana María Cameno, conocida como ‘la reina de la coca’. Y apuntaba que en el caso de Álvaro López Tardón, en prisión en Estados Unidos donde cumple condena de 150 años por blanqueo de capitales, mantenía la orden de busca y captura nacional e internacional.
Precisamente éste, junto con su hermano Artemio, son los líderes de una de las cuatro ramas de la «complejísima organización delictiva» que solo en el año 2010 ganó 52 millones de euros por sus actividades ilícitas, según apuntaba el magistrado en su auto. Ambos contaban en España, Estados Unidos y Colombia con una elaborada infraestructura para las operaciones de narcotráfico desplegadas desde Sudamérica hasta Europa.
Dicha infraestructura también les permitió planificar y ejecutar el desarrollo de complejas y variadas operaciones de blanqueo hacia Estados Unidos para las que se sirvieron de una diversidad de personas que les permitió el lavado de ganancias procedentes del narcotráfico a través de sociedades pantalla. Con este fin también utilizaron a numerosas personas como testaferros.
Entre dichas sociedades figuran empresas de compraventa de vehículos de alta gama y muestra de ello es que algunos de los testaferros aparecen como titulares de numerosos coches como un Lamborghini Gallardo, un Lamborghini Murciélago, un Audi R8, un Ferrari F 430 y un Ford GT.
Otro de los métodos empleados para el lavado del dinero es la simulación de la adquisición de un cuadro titulado ‘El almuerzo’ de Velázquez, tratándose en realidad de una «burda manipulación», decía el juez, por un valor de 24 millones de euros, fingiendo su venta posterior por 880.000 euros. En el contrato falso aparecía como compradora la entonces pareja de Álvaro López Tardón, Sharon Cohen, representando a una sociedad panameña con la que no guardaba en realidad ningún vínculo.
Del registro efectuado en un chalet de Madrid propiedad de los hermanos López Tardón, la Policía encontró la cantidad de 23.974.853 euros en metálico, la mayor parte oculta en zulos practicados en la vivienda, que contaba con extremas medidas de seguridad formadas por una red de cámaras de vigilancia de la más alta tecnología. De hecho, para hallar el dinero, los agentes tuvieron que picar el suelo de algunas habitaciones, levantando las plaquetas para hallar, entre otros, un ‘zulo’ en el que se escondían más de 700 paquetes de plástico cerrados al vacío.
En el registro de la vivienda se incautaron también de folios con tres conceptos ‘A1 – 19.000.000. A2 – 10.000.000. A3 – 5.354.000’, junto con la suma de estos tres conceptos: 34.354.000. El primero y el tercero se trataban, según el juez, de las cifras de dinero halladas en la vivienda de la calle Azaleas, mientras que «el segundo de aquellos conceptos refleja la cantidad de dinero que, todavía al día de hoy, se encuentra escondida en un tercero zulo poseído por la organización criminal en algún lugar ignorado y que hasta el momento presente no ha podido ser localizado».
La segunda rama estaba liderada («supremos corresponsables» dice el fiscal) por el matrimonio formado entre Ana María Cameno (alias ‘Pollito’ o ‘Llorona’) y David Vela, quienes, junto a otros integrantes, se encargaban de recibir la cocaína en España y distribuirla a numerosos sujetos, entre ellos los miembros de las ramas tercera y cuarta.
Para ello contaban con un «gigantesco y descomunal» laboratorio clandestino en una finca rústica de Villanueva de Perales (Madrid) para la fabricación, manipulación y adulteración de las sustancias estupefacientes, en el cual trabajaban «cocinando» cuatro profesores de Bioquímica de la Universidad Javeriana de Bogotá-Colombia.
«Estos cuatro individuos se desplazaron desde su país natal, Colombia, hasta España para encargarse no sólo de la instalación propiamente dicha del gigantesco laboratorio clandestino poseído por la trasnacional banda criminal en la finca rústica ubicada en Villanueva de Perales, sino también para desarrollar, utilizando sus conocimientos, el complejo proceso de fabricación, elaboración y adulteración de la sustancia estupefaciente, mediante el empleo de las ingentes cantidades de productos químicos», reza el escrito.
Uno de los miembros de este grupo se vale de un primo suyo policía municipal para obtener información de las placas de matrícula de coches de los que sospechan pueden pertenecer a la Policía, hechos por los que se ha seguido otro procedimiento en un juzgado de Madrid contra dicho agente.
El tercero de los sectores de la macro organización estaba liderado por los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith, cuya función principal era la distribución y venta de gran parte de la cocaína que llegaba a España, mientras que el cuarto estaba comandado, siempre según el auto de procesamiento, por el hispano-colombiano Laurentino Sánchez Serrano y que, al igual que el anterior grupo, se dedicaba a la recepción, distribución y, además, al blanqueo de los fondos a través de un ficticio entramado empresarial.
En su auto, el juez instructor requería a los procesados para que depositaran fianza solidaria para asegurar las responsabilidades pecuniarias a las que pudieran ser condenados y que, en el caso de los López Tardón, ascienden a casi 250 millones de euros por los delitos contra la salud pública, mientras que en el caso de Artemio, además, la cantidad de 104 millones de euros por el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
