El Gobierno consultará el empadronamiento y recurrirá tanto a las ONG como a los trabajadores sociales de los ayuntamientos para que el ingreso mínimo vital, aprobado este viernes, pueda llegar también a las personas sin hogar en España.
Según han explicado fuentes del Gobierno, para acreditar la condición de hogar en el caso de las personas sin hogar, se utilizará la información del «padrón» para ver el empadronamiento de esa unidad de convivencia.
Además, para llegar a estas personas en situación de sinhogarismo, el Gobierno prevé recurrir a las ONG del «Tercer Sector», que están en contacto con aquellos hogares con mayor grado de exclusión, con más dificultades para pedir estas ayudas, así como a «los trabajadores sociales de los ayuntamientos».
Según han precisado las mismas fuentes, cuando se ponen en marcha este tipo de rentas mínimas, hay grupos de hogares que nunca llegan a solicitarlas y, por ello, mediante este contacto con las ONG y los agentes sociales buscan evitar esos «agujeros».
También se apoyarán en el Tercer Sector y en los propios medios del Gobierno para «difundir al máximo» esta nueva prestación, con la intención no solo de que la gente conozca su existencia sino también cómo puede solicitarla.
SACAR DE LA POBREZA EXTREMA A 1,6 MILLONES
El objetivo de este ingreso mínimo vital es sacar de la pobreza extrema y muy alta a 1,6 millones de personas, en torno al 80% del total, un porcentaje de reducción de la pobreza extrema que alcanzaría hasta un 90% en el caso de los hogares monoparentales y hogares con hijos.
Un aspecto importante para el Gobierno es el impacto sobre los menores. Así, de los 850.000 hogares a los que prevén que llegue el ingreso mínimo vital, un 50% son hogares con menores y del total de 2,3 millones de personas beneficiarias, un 30% serán menores. Asimismo, entre los hogares que recibirán esta prestación hay un 54% de presencia de mujeres adultas.
Para recibir la prestación, los solicitantes deberán tener entre 23 y 65 años, salvo que haya menores a cargo, y tener residencia legal y efectiva en España de forma ininterrumpida durante al menos un año antes de la solicitud. Se quedan fuera, por tanto, los migrantes en situación irregular, excepto si son víctimas de violencia de género, de trata o de explotación sexual.
El ingreso mínimo vital podrá solicitarse a partir del 15 de junio, aunque 100.000 hogares lo recibirán de oficio a finales del próximo mes, es decir, sin necesidad de pedirlo. Esto es posible, según explican desde el Gobierno, porque en la Seguridad Social tienen la prestación por hijo a cargo, donde disponen de la información de los beneficiarios de esta ayuda, que por sus características, podrían ser algunos de los candidatos a recibir el ingreso mínimo.
Además, aunque el nivel de renta se medirá a partir de los ingresos de 2019, también se ha contemplado el caso de aquellas familias que hayan caído en una situación de pobreza en 2020 debido a la pandemia del Covid-19. En estos casos, si no se cumplen los requisitos, el Gobierno estudiará, atendiendo a los ingresos de 2019 y de 2020, si la unidad familiar era menos vulnerable el año pasado con respecto a este.
En cuanto a la complementariedad con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, el Gobierno espera que complementen el ingreso mínimo vital con sus propias rentas, pero no puede obligarlas a hacerlo por lo que podrían acabar reubicando sus propias ayudas en otras políticas, ante la llegada del ingreso mínimo vital.
