La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha informado este viernes que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide pagará de oficio el ingreso mínimo vital (IMV) del Gobierno central a 33.000 perceptores de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), mientras que 20.000 –pensionistas y personas sin residencia legal– no recibirán la nueva prestación, y ha aclarado que las personas que en este momento son beneficiarias de la RGI «no verán afectada su situación» por la entrada en vigor de la nueva prestación.
El Gobierno central ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el ingreso mínimo vital (IMV) que quiere reducir en un 80% la pobreza extrema, con el que prevé llegar a un millón de hogares, con una ayuda que oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.
La titular vasca de Políticas Sociales ha informado de que las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), 53.274 personas el pasado mes de abril, «no verán alterada su actual situación», ya que hasta que se culmine el traspaso de esta nueva prestación en octubre, se ha acordado una encomienda de gestión para facilitar los servicios a la ciudadanía.
Según ha explicado, Lanbide pagará de oficio el IMV a los perceptores de RGI que cumplan con los requisitos de la nueva ayuda y hasta que no se produzca la transferencia, los perceptores recibirán dos nóminas, una con la RGI y otra con la ayuda del Gobierno central. En concreto, se va a hacer una traslación, de oficio, de los perceptores de ayuda por hijos al IMV. Se va a comprobar que cumplen con los requisitos que establece el nuevo decreto y se les adjudicará.
La consejera ha explicado que los perceptores de RGI y de IMV tienen criterios de acceso «diferentes», por lo que se pueden dar casos en los que haya personas que pueden acceder a la nueva ayuda del Estado y que en la actualidad no reciben ninguna prestación vasca. En ese caso, deben acudir a Lanbide para solicitar el IMV, plazo que se abrirá el 15 de junio.
Como ejemplo, ha explicado que las condiciones al acceso del IMV son mayores de 23 años con un año de residencia y un umbral de patrimonio neto no superior a 16.000 euros; mientras que para acceder a la RGI es necesario tres años de residencia y 30.000 euros de patrimonio neto. «Puede darse el caso de personas que no cumplan los requisitos de RGI, por ejemplo en residencia, y sí el IMV pero Euskadi tiene un umbral de patrimonio neto superior al del Estado», ha señalado.
Tras destacar que el ingreso mínimo vital «representa en el Estado lo que el ingreso mínimo de inserción en 1990 representó en Euskadi», ha afirmado que el País Vasco cuenta con tasas de pobreza «inferiores a los del Estado y acordes a los países europeos más avanzados».
Asimismo, ha querido «aclarar» que la negociación «no se ha planteado nunca en términos de ahorro» porque Euskadi «va a seguir invirtiendo más presupuesto que el Estado en garantizar una renta a los colectivos más desfavorecidos», y ha destacado que en 30 años, la inversión en RGI ha sido de «miles de millones de euros redistribuidos de los impuestos vascos para evitar la pobreza extrema».
«Nuestra RGI es un derecho subjetivo aprobado por ley del Parlamento Vasco que abarca más, tanto en términos colectivos –donde incluye a pensionistas y personas sin residencia legal–, como en términos de importe y sólo hay un caso en el que el IMV trata mejor que la renta de garantía de ingresos, supuesto para el que ya habíamos contemplado y incluido en la reforma de la RGI», ha indicado.
No obstante, ha rechazado hacer el cálculo de cuánto se va a recibir por parte del Gobierno central por esta nueva prestación y ha subrayado que el Ejecutivo vasco va a «seguir invirtiendo para apoyar a los 20.0000 perceptores –pensionistas y personas sin residencia legal–, que si vivieran en otras comunidades autónomas no recibirían el Ingreso Mínimo Vital, pero que en Euskadi seguirán siendo perceptores de la RGI como hasta ahora». «Nuestra renta de garantía de ingresos es más garantista que la nueva ayuda», ha subrayado.
Asimismo, ha insistido en que las personas que en este momento son beneficiarias de la RGI «no verán afectada su situación por la entrada en vigor de esta nueva prestación». NEGOCIACIÓN CON EL ESTADO
La titular vasca de Políticas Sociales ha destacado que la negociación llevada a cabo con el ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Inmigración y con el ministro José Luis Escrivá ha sido «larga, difícil, discreta y leal».
«Estamos muy satisfechos del resultado del trabajo que hemos llevado a cabo desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en colaboración con los Departamentos de Hacienda y Gobernanza», ha señalado.
Según ha destacado, se ha llevado a cabo una «minuciosa labor de orfebre, un trabajo complejo que ha dado sus frutos», ya que ha sido «beneficiosa para ambas partes». «Desde Euskadi hemos aportado un fondo de conocimiento, experiencia en la gestión y buen hacer acumulados durante tres décadas en la gestión de la pionera RGI», ha defendido.
Artolazabal ha afirmado que el Gobierno Vasco ha ayudado al central a «pulir» los sucesivos borradores «desde la discreción y la lealtad ante una materia tan sensible como es la lucha contra la pobreza» y ha reconocido que el plazo de tiempo que han tenido fijado por el Gobierno central ha sido «escaso» para poder llevar adelante los «cambios y ajustes» pero espera que el objetivo «se haya cumplido».
En este sentido, ha subrayado que era «muy importante resolver bien» la articulación entre la nueva prestación y las ya existentes en las comunidades autónomas. Asimismo, cree que se ha conseguido la compatibilidad, complementariedad y la ventanilla única –Lanbide– que se habían marcado como premisas en la negociación.
«Hemos logrado el reconocimiento de las haciendas forales a la hora de establecer las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital; hemos conseguido garantizar la relación bilateral Euskadi-Estado con el reconocimiento del sistema del Concierto Económico, a través de la negociación del cupo», ha indicado.
REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DEL CONCIERTO
Al respecto, ha informado de que el Gobierno central se ha comprometido ya a una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para «avanzar, entre otros extremos, en la definición de los aspectos económicos de esta inminente transferencia».
Artolazabal ha rechazado dar una cifra de la cantidad que recibirá el País Vasco por la gestión de esta ayuda y ha insistido en que en la negociación el Gobierno Vasco no ha puesto sobre la mesa el análisis económico y «sí la defensa del autogobierno y la gestión por parte del gobierno vasco porque entendíamos que nuestra red tenía la capacidad de asumir esta gestión», aunque ha reconocido que «no va a ser fácil».
«Hemos logrado la transferencia de la gestión económica del Ingreso Mínimo Vital como primer paso efectivo para el análisis del futuro traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social», ha señalado.
Tras recordar que en esta legislatura no ha sido posible aprobar la reforma de la RGI, cree que «esta nueva situación va a propiciar llegar a acuerdos más amplios para que en la próxima legislatura la gestión de la RGI pueda estar regulada de forma más ágil y flexible, adaptándose a la cambiante situación de los mercados de trabajo, al tiempo que también va a poder beneficiar más a familias monoparentales y a familias con hijos e hijas, como se proponía en la propuesta de reforma del Gobierno Vasco».
