En las áreas administrativas de los hospitales de la Comunidad de Madrid estarían hostigando a pacientes extranjeros con enfermedades crónicas, para que hagan pagos por los servicios y la atención que reciben, a pesar de que desde el pasado 4 de noviembre la Secretaría de Salud aprobó una resolución en la cual se establece que todos los centros de salud de la región están en la obligación de atender a los migrantes que estén en situación irregular y necesiten tratamientos para enfermedades como el VIH, así como a las mujeres embarazadas que se encuentren en la misma situación migratoria.
Desde la ONG Fundación Triángulo han denunciado en reiteradas oportunidades lo que está sucediendo y junto a otras organizaciones han ido acumulando casos de migrantes que han llegado a España y que tras recibir atención médica por padecer enfermedades crónicas, en su mayoría pacientes con VIH, reciben una hoja de cobro en sus domicilios o constantes llamadas en las que desde la administración de los hospitales les anuncian que próximamente recibirán las facturas para que paguen sus tratamientos médicos.
«Tenemos pacientes a los que les he dado mi número como número de contacto, porque acaban de llegar a Madrid o todavía tienen los números de sus países y no te puedes imaginar la cantidad de llamadas que nos hacen desde las administraciones de los hospitales amenazando con las hojas de cobro, a pesar de que saben que eso no es legal y sin tomar en cuenta la resolución en la que la Secretaría de Sanidad estableció que se deben atender todos los pacientes», expresó Gerjo Pérez vicepresidente de la Fundación Triángulo.
Estas llamadas contradicen abiertamente lo que establece la resolución aprobada en noviembre del año pasado, tras las protestas protagonizadas por varias organizaciones y así se lo hicieron saber las ong la semana pasada a las autoridades de la Secretaría de Salud de la Comunidad de Madrid, con quienes volvieron a reunirse para trasladar lo que está sucediendo actualmente.
«Parece que la señora (Isabel Díaz) Ayuso lo que quiere es que la sanidad de Madrid sea como la de Estados Unidos y que nadie tenga acceso a ella. Después de la reunión hubo muy buenas palabras, pero queremos hechos, porque día tras día tenemos muchos casos y la mayoría son de pacientes VIH, que no pueden suspender sus tratamientos; que cuando llegan a los hospitales, quienes los atienden no le dan cumplimiento a la resolución y comienzan a exigirles que si deben tener mínimo tres meses empadronados en Madrid y cosas por ese estilo, que violan la Constitución y los derechos humanos de estas personas», expresó Pérez.
La resolución de la Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid el documento señalaba que todos los centros de salud públicos están en la obligación de atender a mujeres embarazadas y a personas afectadas por enfermedades transmisibles que supongan un riesgo para la salud pública, como el VIH, la tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual o cualquier enfermedad de declaración obligatoria, en el marco de la vigilancia, control y seguimiento de la alerta sanitaria.
No obstante, lo que están haciendo los hospitales es que tras finalizar el tratamiento con estos pacientes, les hacen firmar la hoja de pago, donde los obligan a comprometerse a que harán el pago total de la atención que han recibido. En los documentos que los pacientes han hecho llegar a las diferentes ong’s que se encargan de darles apoyo en estas situaciones, dice claramente que les darán un lapso de 10 días para que los pacientes puedan presentar la tarjeta sanitaria, compromiso de pago de una entidad privada o la tarjeta sanitaria europea y que tras pasar esos 10 días, en caso de no presentar ninguno de estos documentos, se procederá a emitir la factura de cobro correspondiente, bajo el argumento de que la Comunidad de Madrid no debe cubrir estos gastos.
Además, incumplen la instrucción que establecía que estos pacientes debían ser atendidos a través de los servicios de urgencias de los hospitales, solo con la tramitación del Documento de Asistencia Sanitaria para Extranjeros (DASE).
Sin embargo, la realidad es que cuando los pacientes se presentan en las salar de Urgencias, el personal que allí los atiende lo que hacen es referirlos a sus centros de salud más cercanos, obviando lo que establece la resolución.
«Todo depende de quién esté en el mostrador, pero lo normal es que desconocen o ignoran la instrucción y ahí es donde entonces mandan a los pacientes a sus centros de salud y en los centros de salud igual, no aben cómo deben atenderlos y los mandas de vuelta a los hospitales y ese es el eterno drama de los migrantes que recién acaban de llegar a España y que requieren atención médica. Hay otros centros en los que les hacen llenar unos cuestionarios con un montón de preguntas invasivas sobre cuándo se enteraron de la enfermedad que tienen, si vinieron a España para recibir atención médica y cosas así por ese estilo», explicó el portavoz de Fundación Triangulo sobre la situación actual con los hospitales de la Comunidad de Madrid.
