La Audiencia Nacional retomará este lunes el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama ‘Gürtel’, después de que el tribunal suspendiese una semana la vista oral por los problemas en el acceso a la documentación que han sufrido algunas partes.
Fue el pasado lunes cuando el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, anunció que aplazaba el inicio de la vista oral dando un «lapsus de una semana» advirtiendo de que, si no, se podría provocar «indefensión a alguna parte», lo que «lamentablemente» podría dar lugar a una «nulidad» y a que el juicio tuviese que «volver a empezar tres meses o dos años después».
Esta decisión llegó después de que la defensa de Camps relatase que a algunas partes les había resultado «imposible el acceso» a parte de la documentación relativa al proceso. «Hay documentos a los que no podemos entrar», apuntó en la primera sesión de la vista oral.
El magistrado explicó que la Sala, «consciente» de la necesidad de «garantizar el derecho a la defensa», decidía conceder un plazo de una semana para que todos tuvieran «tiempo de acceder a la oficina» y solicitar a los técnicos el acceso a los documentos correspondientes.
Camps se enfrentará desde este lunes a una petición de Anticorrupción de dos años y seis meses de cárcel por las supuestas irregularidades en el contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.
En declaraciones a los medios a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares el pasado lunes, Camps aseguró que no se llevó «un solo euro al bolsillo» por las actuaciones de la trama.
En este contexto, mostró su intención de regresar a la primera línea política una vez cese lo que considera una «pesadilla muy larga» orquestada por la Fiscalía, a la que acusó de intentar «destruir» su trabajo como presidente regional.
«Estamos hablando de 70 contratos menores. Aquí nadie de las personas que están siendo juzgadas se ha llevado un solo euro al bolsillo. No hay malversación, enriquecimiento injusto o dinero para el PP. Son contratos que la Abogacía de la Generalitat ya dijo en su momento que estaban bien hechos», afirmó.
La vista oral, que sienta a Camps y a otros 26 acusados en el banquillo, viene precedida de una cascada de confesiones y conformidades, a los que ha tenido acceso Europa Press, de algunos de los principales nombres ligados a ‘Gürtel’.
El líder de la trama, Francisco Correa, su ‘número dos’, Pablo Crespo, la administradora de la misma, Isabel Jordán, el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, y el responsable de la misma, Álvaro Pérez Alonso, alias ‘El Bigotes’, han remitido escritos de reconocimiento los hechos y se han adherido a las conclusiones planteadas por la Fiscalía.
En las mismas, el Ministerio Público pide imponer dos años y seis meses de cárcel a Camps como autor de un delito de prevaricación y otro de fraude a la administración al considerar que participó de forma activa en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía Anticorrupción, Correa, ‘El Bigotes’ y Herrero, se concertaron con Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del ‘stand de Grandes Proyectos’ de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market.
El propio Camps remitió el pasado mes de julio un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que pedía que no tuviese en cuenta el aluvión de confesiones recordando que los acuerdos de conformidad solo pueden valorarse como «autoincriminatorios», es decir, para quienes confiesan, sin que puedan condicionar al resto de acusados.
Correa, que ya acumula condenas por más de 90 años de cárcel, ha planteado una condena de 2 años y 3 meses de cárcel y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
«El máximo responsable de los delitos que se imputan en este procedimiento soy yo», escribió de su puño letra en un documento redactado desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 6 de julio de 2022.
En su escrito, el líder de la ‘Gürtel’ se atribuye la idea de crear Orange Market para «obtener contratos de la Generalitat Valenciana y organizar las campañas electorales del PP» allí, «dadas las buenas relaciones que Álvaro (Pérez, alias ‘El Bigotes’) inició con Paco Camps».
Crespo, por su parte, plantea la misma condena que Correa –2 años y 3 meses de cárcel–y reconoce en su escrito que estaba a cargo de la «supervisión contable y financiera del grupo de empresas» de ‘Gürtel’, teniendo «información puntual y periódica de las actividades de Orange Market».
Jordán, que propone 1 año, 10 meses y 15 días de prisión, deja claro que desde que empezó a participar en la trama la persona que le «exigía y daba las instrucciones» era Crespo, en ningún caso Correa. La acusada también da extensos detalles sobre Camps y ‘El Bigotes’, a quien el ex presidente valenciano debía «sus mejores momentos de mandato con una imagen íntegra, impecable».
Por último, Herrero reconoce en su escrito que «asistía a reuniones con diferentes funcionarios» para «concretar» los trabajos de cada uno de los eventos y «confeccionar los presupuestos» al tiempo que señala directamente a ‘El Bigotes’ como quien «conseguía los trabajos». El gerente de ‘Orange Market’ propone que se le imponga una pena de 7 años y 11 meses de prisión.
En su escrito, Anticorrupción señala que el «asentamiento» de la ‘Gürtel’ en la Comunidad Valenciana a partir de 2003 «tuvo por finalidad aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció Camps no sólo para la organización y ejecución de todos los actos del Partido Popular que se celebraran en dicha comunidad autónoma incluyendo la campaña electoral para las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en las que fue elegido president de la Generalitat».
«Sino también con el objetivo posterior de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos relativos a eventos que pudieran ser organizados por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas dependientes de la misma, y particularmente, para las ediciones de la Feria Internacional de Turismo FITUR», continúa la Fiscalía.
«Dicha expansión del negocio» la habrían articulado Correa, Crespo, Herrero y ‘El Bigotes’, fundamentalmente, a través de la constitución el 24 de julio de 2003 de la sociedad Orange Market para operar en la propia Comunidad Valenciana. El propio ‘Bigotes’ sería nombrado posteriormente presidente del consejo de administración de la misma y Herrero, por su parte, consejero delegado.
«A partir de ese momento», Camps habría facilitado a ‘El Bigotes «el acceso a altos cargos de la administración autonómica con poder decisorio e intervención destacable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de FITUR y de otras ferias, así como de otros eventos».
Estos, «siguiendo instrucciones del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, posibilitaron que dicha mercantil obtuviera ilícitamente contratos de publicidad, de organización de congresos, ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes de la Generalitat, en beneficio de su empresa», según apunta la Fiscalía.
