Mientras el Gobierno de España se reconcilia con la dictadura de Nicolás Maduro, desde la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, en primera discusión, un proyecto de ley para fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales, justo en la semana en la que se espera que al país suramericano llegue el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas, Volker Türk, para darle seguimiento a la situación venezolana.
La visita de Türk a Venezuela contempla además una reunión con las principales ONG’s del país, para evaluar la situación de los derechos humanos, que en los últimos informes que se han emitido desde el organismo internacional, han ratificado los atropellos cometidos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro contra su población y contra los presos políticos.
El promotor del proyecto de ley que se discute en el parlamento venezolano es Diosdado Cabello, uno de los hombres más fuertes del chavismo, que a pesar de no tener en este momento un cargo público, sigue teniendo gran influencia dentro del régimen de Nicolás Maduro y en especial dentro del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV). El texto, que lleva por nombre “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, y contempla, entre otras cosas, que las organizaciones no pueden «realizar actividades políticas, y promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones del Estado», de acuerdo con lo que se filtró.
Esto sucede en el momento en el que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores están más enfocados que nunca en restablecer plenamente las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Ya en septiembre de 2022, hubo un primer encuentro entre el ministro José Manuel Albares y su homólogo venezolano para ese momento, Carlos Faría, del cual se publicó una fotografía de ambos ministros, que hizo saltar las alarmas entre los venezolanos y en especial en quienes residen en España, debido a que justamente el día que se produjo ese encuentro, en el marco de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, la Comisión para los Derechos Humanos ratificaba los señalamientos contra Venezuela por ser un régimen violador de los derechos humanos.
Provea, una de las ONG más importantes de Venezuela se pronunció al respecto, señalando que con esta iniciativa legislativa se avanzaba hacia la criminalización de la organizaciones, al tratar de aprobar una ley que contempla, entre otras cosas, multas de hasta 12 mil euros, en caso de que no cumplan con la ley, cuya aplicación dependerá, evidentemente del régimen de Nicolás Maduro y sus instituciones.
La ley pretende obligar a las organizaciones no gubernamentales a inscribirse en un registro previo y que en caso de no notificar al Estado de las donaciones que reciban, el monto de la multa sería de hasta 400 petros, que es un criptoactivo que se inventó el régimen de Nicolás Maduro, y que la equivalencia en euros sería aproximadamente 12 mil euros.
Los portavoces de Provea advirtieron que esta iniciativa legislativa que pretende aprobar la dictadura de Venezuela no solo perjudicaría a las ONG’s que se dedican a la defender los derechos humanos de cientos de víctimas en el país suramericano, sino a las propias víctimas, que quedarían en un total estado de indefensión ante los atropellos del Estado venezolano.
“Si es real y se dedica a la labor social y humanitaria ¿Usted tiene algo que temer? Usted puede registrarse, pueden revisar el financiamiento” fueron las palabras que utilizó Diosdado Cabello en medio de la sesión parlamentaria en la que se aprobó el proyecto de ley en su primera discusión, lo que ocasionó de inmediato múltiples reacciones por parte de algunas de las organizaciones más importantes que señalaron que lo que busca el régimen venezolano es ilegalizar a las ONG de la misma manera que lo han hecho con los partidos políticos de oposición, pues saben que la labor de las organizaciones es justamente documentar y denunciar nacional en internacionalmente los atropellos cometidos por la dictadura venezolana y apoyar a las víctimas en los procesos, registrando y documentando los hechos para denunciarlos.
De acuerdo con lo señalamientos hechos por el número dos del chavismo, el régimen de Nicolás Maduro considera que existen en Venezuela organizaciones no gubernamentales que se dedican a gestionar actividades políticas y que reciben financiamiento por parte de gobiernos que no están en sintonía con la doctrina chavista, por lo que a ellos les resultan incómodas y es por este motivo que ahora buscan criminalizarlas, con la excusa de que es necesario hacerles un proceso de fiscalización.
