El Consejo de Ministros ha aprobado que los contagios y fallecimientos por COVID-19 en los profesionales sanitarios de centros sanitarios o sociosanitarios serán considerados como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante el ejercicio de su profesión, independientemente de la fase de la pandemia en la que se haya contraído la enfermedad.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha apuntado que esta medida en materia laboral y de Seguridad Social tiene como objetivo ampliar la cobertura al personal sanitario.
Según la ministra, esta acreditación como accidente de trabajo se «hará a todos los efectos y así se acreditará por parte de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral». Para ello, debe emitirse el correspondiente parte de accidente de trabajo y que así se acredite por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.
En el caso de fallecimientos, a efectos de las prestaciones de muerte y supervivencia que pudieran generarse, se considerará también que la causa de muerte es accidente de trabajo, «siempre que se produzca dentro de los cinco años siguientes al contagio de la enfermedad».
Hasta ahora, este tipo de contingencias se consideraban de carácter común asimiladas a accidente de trabajo solo en la prestación económica por incapacidad temporal, y ahora vienen a considerarse contingencia profesional derivada de accidente de trabajo para todas las prestaciones. Esto supone una mayor cobertura para los casos en que dicha enfermedad cause incapacidad permanente o el fallecimiento para estos trabajadores.
Varios colectivos han reclamado en las últimas semanas el impulso de esta medida al Gobierno. Por ejemplo, CCOO, que cree que la inesperada pandemia no puede excluir los efectos de una patología contraída en el puesto de trabajo, «más aún cuando se ha tenido que afrontar durante un periodo dilatado de tiempo y en muchos casos sin los medios de protección adecuados». «El número de personas afectadas en estos sectores es elevadísimo, solo en el sector sanitario el nivel de contagios supera las 51.000 personas», remarcó la organización sindical la semana pasada.
Así cree que «es indudable que los contagios masivos se han producido en el trabajo por la escasez de equipos de protección individual y por la utilización, en muchos casos, de equipos que se han demostrado defectuosos». El sindicato dejó claro que si no había una respuesta «inmediata» por parte del Gobierno «comenzará a interponer las correspondientes demandas para que se reconozca este cambio de contingencia en la vía judicial».
SATSE PARALIZA SU ACCIONES JUDICIALES
El Sindicato de Enfermería (Satse) ha anunciado que va a paralizar la la tramitación «masiva» de reclamaciones judiciales por parte de sus afiliados que tenía previsto realizar en los próximos días, una vez el Gobierno ha anunciado este martes que los contagios y fallecimientos de profesionales sanitarios serán considerados como accidentes de trabajo.
Satse había exigido de manera reiterada en las últimas semanas que la COVID-19 sea considerada directamente como enfermedad profesional. También pidió que el SARS-CoV-2 sea incluido en el Grupo 4 dentro de la clasificación existente de agentes que provocan enfermedades profesionales, ya que en ese caso es posible acceder a determinados beneficios, como el de un incremento en la prestación económica percibida correspondiente al periodo de baja, entre otras cuestiones.
Asimismo, Satse recuerda que este reconocimiento como enfermedad profesional conlleva, además de mayores prestaciones sociales para el trabajador, la obligación de realizar un seguimiento periódico de los profesionales infectados con el COVID-19, así como la vigilancia de las posibles secuelas o enfermedades secundarias, lo que repercutiría también en mejorar los tratamientos contra esta patología.
