Una de las primeras consecuencias de la reconciliación del Gobierno que dirige Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro sería la eliminación de las residencias humanitarias que desde 2019 se han otorgado a los ciudadanos venezolanos que han llegado a España, huyendo de la crisis política ocasionada por la dictadura.
La información la dio a conocer, de manera extraoficial, una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha señalado a este medio de comunicación que uno de los puntos claves de la reconciliación entre ambos gobiernos ha sido la petición del régimen venezolano de eliminar esta residencia, debido a que al llamarse «residencia por razones humanitarias» suena a que en Venezuela todavía persiste la crisis y que por lo tanto afecta la imagen de Nicolás Maduro en el ámbito internacional.
De acuerdo con estimaciones hechas por algunas organizaciones de venezolanos, se dice que hay aproximadamente 600 mil ciudadanos del país suramericano viviendo en España, de los cuales por lo menos 113 mil han sido beneficiados con la figura de la residencia por razones humanitarias que fue la alternativa que consiguió el Gobierno de Pedro Sánchez para poder regularizar a la gran cantidad de migrantes del país suramericano que comenzó a llegar al España, cuando se agudizó la crisis, a partir de 2017.
La Oficinal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que hay más de 7.1 millones de venezolanos desplazados a consecuencia de la crisis ocasionada por la dictadura de Nicolás Maduro y España se ha convertido en el país de Europa que alberga a la mayor cantidad de ellos; de hecho, a partir de 2017 los ciudadanos de este país se han convertido en la población migrante que más ha crecido en el país.
La fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que un alto funcionario encargado de las relaciones con América Latina habría dado la información, tras haber sido consultado sobre la llegada al país de la embajadora Coromoto Godoy, enviada directa de Nicolás Maduro, cuyo reconocimiento como diplomática se oficializó el pasado 28 de diciembre, y que el origen de todas estas negociaciones comenzaron tras la reunión del ministro José Manuel Albares con su homólogo venezolano, Carlos Faría, en septiembre, en el marco de la asamblea anual de las Naciones Unidas, en Nueva York, de cuyo encuentro quedó una foto que causó revuelo y que vaticinaba la reconciliación de España con la dictadura de Maduro.
Todo parece indicar que para el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha privado la crisis energética y la necesidad de restablecer las relaciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro so pena de la situación de los miles de migrantes venezolanos que han llegado y continúan llegando al país, huyendo de la crisis en Venezuela.
Sin embargo, la propaganda de la dictadura venezolana está enfocada en vender la imagen de que en el país suramericano ha habido una recuperación económica y que la crisis humanitaria ha culminado, por lo que puso sobre la mesa la necesidad de limitar al mínimo la concesión de las residencias por razones humanitarias; condición que ha sido aceptada por el Gobierno y que en este momento está en estudio, pues las autoridades saben que los venezolanos continúan llegando al país con la intención de solicitar protección internacional (asilo).
Ya desde febrero del año pasado, cuando comenzaron a llegar los desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania, el Ejecutivo comenzó a limitar al máximo las opciones de conceder citas para que los migrantes puedan solicitar protección internacional, lo que ha afectado no solo a ciudadanos venezolanos, sino a los de otros países.
Esta situación ha sido denunciada por ACNUR y por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), quienes exhortaron al Gobierno a buscar los mecanismos que le permitieran agilizar el proceso para que los migrantes pudiesen acceder al sistema de citas para presentar la solicitud de protección internacional, y que sin embargo no ha sido atendido por parte del Ministerio del Interior, que es el primer peldaño de la cadena de instituciones que tienen que ver con el problema.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores tienen más clara la necesidad de comenzar a buscar una alternativa para que los venezolanos que continúan llegando al país no se queden en situación irregular y es por ello que todavía no han contemplado una fecha precisa para culminar con la concesión de las residencias por razones humanitarias, pero saben que 2023 será el año en el que las condiciones para los migrantes venezolanos tienen que cambiar, entre otras razones, porque saben que la mayoría de los que están en el país y que pueden participar en las elecciones, son potenciales votantes contrarios al PSOE, debido a la afinidad ideológica de Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro y por ello, tampoco les conviene que en un año electoral haya mucho contrapeso político.
