La Asamblea de Extremadura ha convalidado este martes el Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes en materia de educación para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 con el rechazo y críticas de todos los grupos de la oposición.
El pleno ha sometido a la convalidación de los grupos este decreto que ha contado solo con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, mientras que el PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han votado en contra.
La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, en su intervención ha destacado que este decreto-ley fue aprobado para la tramitación, en el contexto del estado de alarma, de una serie de procedimientos necesarios para organizar la puesta en marcha del curso escolar 2020/2021.
Así, contempla asuntos como el procedimiento de admisión del alumnado, los conciertos educativos, la financiación de las escuelas infantiles de cero a tres años, las comisiones de servicio o la adjudicación de los destinos de los docentes, entre otros aspectos.
Al mismo tiempo, en este decreto se articulan los mecanismos de gestión administrativa que posibiliten la tramitación telemática de los procedimientos y simplifiquen y agilicen su tramitación ordinaria.
Asimismo, se implementa el procedimiento para la valoración de méritos de las personas integrantes de las listas ordinarias de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
También se establecen los mecanismos para la concesión de comisiones de servicio a los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes no universitarios y para la adjudicación de destino, con carácter provisional, a los funcionarios de los cuerpos docentes no universitarios.
Otro de los operativos que se regulan es el de la adjudicación de destino a los integrantes de las listas ordinarias de los cuerpos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Empleo.
Adicionalmente, el decreto ley aborda el procedimiento para la cobertura del puesto de dirección del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (Epesec), que estaba vacante y que ha sido uno de los elementos que ha concitado las críticas de los partidos de la oposición.
Y, por otra parte, se aclaran los efectos que se derivan para aquellos contratos de servicios vinculados a la actividad educativa y, concretamente, los referidos a los servicios educativos complementarios que se han visto alterados como consecuencia del Covid-19, como los comedores escolares o el servicio de transporte.
RESPUESTA «NECESARIA» Y «PRECAVIDA»
En opinión de la consejera de Educación, el decreto-ley convalidado este martes ha representado una respuesta «necesaria» y precavida» y, aunque se hayan recuperado actualmente algunos trámites presenciales, el mismo va a dejar herramientas telamáticas «cómodas, ágiles y seguras» que se podrán usar en los próximos años.
Gutiérrez también ha dado a conocer algunos datos vinculados a este decreto, como que, en cuanto al proceso de escolarización, que este año y por las circunstancias ha incorporado el procedimiento telemático, se han cursado, hasta el momento, 6.396 solicitudes telemáticas y más de 2.731 presenciales.
También, el decreto ha permitido continuar el proceso de los conciertos académicos y la concesión de las subvenciones a ayuntamientos para financiar el funcionamiento de las escuelas infantiles, cuyas órdenes verán la luz en breve.
«Solicito la convalidación de este decreto-ley por los efectos positivos que ya se han producido y por los cambios que introduce, que va a suponer una mejora sin lugar a duda en el futuro, sobre todo en lo referido a la administración electrónica», ha remarcado.
TURNO DE LOS GRUPOS
En el turno de los grupos, la diputada del PP Pilar Pérez ha lamentado que la consejera de Educación no haya dedicado una sola palabra de reconocimiento a los docentes, además de añadir que su partido no va a ser «cómplice» con lo contenido en el decreto-ley que se somete a convalidación.
En concreto, ha manifestado que el PP no puede ser «cómplice» de un decreto que recoge el nombramiento de un alto cago en el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios obviando que existe un procedimiento basado en la igualdad, mérito y capacidad, ya que la urgencia esgrimida para su nombramiento no se corresponde, ha dicho, con la mostrada respecto a la comunidad educativa.
En su opinión, lo urgente hubiera sido que se dictaran soluciones «claras» para que los profesores y docentes supieran qué hacer y no un «galimatías» y «sudoku que sigue sin resolverse» en la actualidad.
También, y de cara al próximo curso 2020/21, Pilar Pérez ha expuesto que quedan tres meses para su inicio y ha instado a la Consejería de Educación a planificar «en condiciones» la vuelta a los centros.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos David Salazar ha resaltado que su partido intenta ser leal con el Ejecutivo extremeño, al que ha demandado la misma lealtad a la hora de ofrecer más tiempo para la participación de la oposición a la hora de hacer aportaciones o para no enterarse del contenido de los decretos por la prensa antes que por el Ejecutivo.
En esta línea, Salazar ha criticado que la crisis sanitaria haya puesto de manifiesto que hay una brecha digital que ha provocado que alumnos no hayan podido acceder a la educación telemática, algo que agrava más, ha dicho, la brecha social y económica.
Asimismo, ha expuesto que la educación no puede ser el único elemento de conciliación, pero sería hacer «trampas al solitario» obviar que se concilia en función de los horarios escolares.
Por ello, el diputado de Cs ha solicitado que de aquí al futuro se tengan en cuanta otras medidas de conciliación que serán muy necesarias de cara a la reactivación económica y a la incorporación de las familias a la actividad laboral presencial.
Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha remarcado que nadie estaba preparado para gestionar de un día para otro la «mayor crisis» de la historia reciente, pero ha calificado la gestión de la consejera como de «chapuza mayúscula por decirlo con suavidad».
Por ello, ha indicado que solo por esa gestión «tan nefasta» entiende que Esther Gutiérrez se debería plantear su labor al frente de la consejería, a lo que ha unido un posible recorte en las plantillas docentes de cara al próximo curso.
También ha indicado De Miguel que esta pandemia ha puesto de manifiesto las carencias del sistema educativo en la región y ha expuesto las desigualdades, no solo en cuanto a la brecha digital sino a en cuanto a las desigualdades socioeconómicas, que ha hecho que muchos alumnos se descuelguen de la actividad curricular, ha dicho.
Asimismo, la diputada de Unidas por Extremadura ha mostrado su sorpresa por que este decreto-ley haya permitido la «perpetuación de los dedazos», en esta ocasión «amparados en la urgencia» y en relación al nombramiento del nuevo responsable del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios.
Para cerrar el turno de los grupos, la diputada socialista Piedad Álvarez ha valorado que Extremadura partía con unas fortalezas que otras comunidades no tenían como el uso de las nuevas tecnologías en las aulas, además de considerar que Educación actúo con este decreto-ley de forma anticipada y con previsión.
También ha indicado que la escolarización telemática debe ser el modelo a seguir y ha manifestado que no entiende esa «crítica tan feroz» al nombramiento del director del ente.
Asimismo, ha pedido al PP que recapacite porque para reconstruir Extremadura «todos somos útiles».
