En España ninguna autoridad ha querido asumirlo abiertamente, pero ha sido la propia Cancillería de Venezuela la que ha confirmado que el pasado 28 de diciembre el Ejecutivo otorgó el beneplácito a la designación de Coromoto Godoy como embajadora del país suramericano en el Reino de España.
Esto ocurrió apenas un día después de que se oficializara la designación de Ramón Santos como embajador de España en Venezuela. Santos había estado en el país suramericano como encargado de negocios de la delegación española desde 2020, cuando retiró a quien era embajador en esa época, Jesús Silva, que cayó en desgracia con el régimen de Nicolás Maduro tras permitir el ingreso de Leopoldo López en la residencia del embajador en Caracas.
Coromoto Godoy llegó a España el pasado 15 de noviembre y desde entonces ya se identificaba como la embajadora de Venezuela en el país, a pesar de que las autoridades solo reconocían como tal al exembajador del gobierno interino de Juan Guaidó, Antonio Ecarri, quien había sido reconocido como tal desde enero de 2019, cuando se designó al parlamentario venezolano como presidente y el Gobierno de Pedro Sánchez lo reconoció como tal.
Desde el arribo de Godoy al país, estaban en funcionamiento dos embajadas de Venezuela, sin que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ninguna autoridad hubiese querido dar una respuesta oficial sobre lo que estaba sucediendo, en el ámbito diplomático, con la dictadura venezolana, pero ya desde septiembre se sabía que había un acercamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y el despacho del ministro José Manuel albares, pues fue justamente en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebró en Nueva York en septiembre del año pasado, que se produjo un encuentro entre el ministro y su homólogo venezolano, Carlos Faría, que causó revuelo.
Desde el mismo arribo de Godoy a Madrid ya se supo que algo se traían entre las autoridades españolas y las de la dictadura de Nicolás Maduro, pues esta funcionaria chavista venía con línea directa del dictador venezolano, por ser una de las piezas más cercanas al régimen, por su estrecha relación con el dictador caribeño. De hecho, la llegada de esta funcionaria a España llegó a provocar fricciones en la relación entre Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por la cercana amistad que se dice que supuestamente hay entre ambos.
Esta misma semana la cancillería de Venezuela publicó en su página web que Godoy había hecho la presentación ante la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, de un informe preliminar sobre su gestión al frente de la embajada de Venezuela en España, donde, según el organismo venezolano, los «aspectos más destacados se centran en consolidar las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España, difundir la verdad de Venezuela en el marco de lo establecido en la diplomacia bolivariana de paz y generar las condiciones que fortalezcan los servicios consulares para la comunidad venezolana asentada en España».
También se supo que esta misma semana el exembajador Antonio Ecarri había enviado una comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores para dar por concluida su misión al frente de la Embajada de Venezuela en España, que se inició en 2019, tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por parte de España.
Con todos estos acontecimientos que se han desarrollado durante los últimos dos meses, ha quedado en evidencia que el Gobierno de España acepta y reconoce abiertamente a la dictadura de Nicolás Maduro, a pesar de que las condiciones que llevaron a su desconocimiento en 2019 no han cambiado y que al país continúan llegando miles de venezolanos, huyendo de la crisis política y económica ocasionada por el régimen venezolano.
Para diversos sectores de venezolanos radicado en España la mayor preocupación de esta situación son las consecuencias que podría traer, pues temen que el Gobierno deje de otorgar y reconocer las residencias por razones humanitarias que han sido otorgados a los ciudadanos de este país, al considerar que las condiciones en Venezuela ya no son las que en 2019 motivaron a la activación de este tipo de documentación para los ciudadanos de este país.
Sobre todo por el hecho de los antecedentes que como diplomática tiene Coromoto Godoy, quien anteriormente fue embajadora de Venezuela en Trinidad & Tobago y fue la promotora de la expulsión de por lo menos 80 venezolanos que llegaron a la isla caribeña e intentaron solicitar refugio, pero que gracias a las gestiones de la funcionaria chavista, fueron devueltos a su país de origen, en el año 2018, en plena crisis política y económica de Venezuela.
Durante casi mes y medio las autoridades españolas se hicieron los locos con el funcionamiento de dos embajadas de Venezuela en el país, hasta que finalmente, durante los últimos días de diciembre del año pasado le dieron las credenciales a la embajadora enviada por la dictadura venezolana, para priorizar, de esta manera, los negocios con el régimen venezolano, que se ha ofrecido como una alternativa para ayudarlos a salir de la crisis energética ocasionada por la invasión de Rusia a Ucrania.
