La Audiencia Nacional espera que la entrada en vigor este jueves de la reforma de la malversación impulsada por PSOE y ERC suponga un gran impacto en ‘Púnica’ en tanto que es el delito troncal de esta macrocausa que instruye el Juzgado Central de Instrucción Número 6.
Fuentes jurídicas han explicado que la reforma legislativa aprobada a finales del pasado año podría descafeinar la causa en su conjunto y, de forma más severa, en una de las piezas principales: la relacionada con la presunta ‘caja b’ del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Esta línea de investigación, la número 9, ya quedó reducida con el auto de procesamiento, ya que el juez archivó para más de 70 imputados –entre ellos los ex presidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González– dejando solo ocho, pero ahora los investigadores temen que apenas pueda sostenerse contra los principales encausados: el presunto cabecilla, Franciso Granados, y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.
Además de la malversación de caudales públicos, el titular de dicho juzgado, Manuel García Castellón, apuntaba en el referido auto a posibles delitos electorales, de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho.
La macrocausa ‘Púnica’ está integrada por hasta 12 piezas separadas en las que, en líneas generales, el instructor indaga en el uso de dinero público para distintos fines, incluyendo campañas destinadas a mejorar la reputación de algunos investigados.
Cabe recordar que la reforma de la malversación dibuja tres supuestos distintos: cuando haya ánimo de lucro, manteniendo las penas anteriores (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación); y dos tipos nuevos: uno sin ánimo de lucro para «usos privados» (de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años) y otro para cuando lo malversado va a un fin distinto al previsto (de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación).
El impacto de los cambios en la malversación se advirtió por primera vez en la Audiencia Nacional este martes y, precisamente, en el Juzgado Central de Instrucción 6 que dirige García Castellón, y acumula las principales causas de corrupción de las que se hace cargo este tribunal.
En concreto, el juez de refuerzo Joaquín Gadea solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que revisase su solicitud de transformar al procedimiento de sumario la investigación llevada a cabo en el caso ‘Acuamed’ al advertir que la reforma del delito de malversación podría provocar una rebaja de penas. Fuentes fiscales han confirmado que el Ministerio Público revisará las penas que pide para los más de 40 acusados.
Esta modificación legislativa también podría afectar a otra de las macrocausas de las que se encarga este mismo juzgado: ‘Lezo’. Se espera que el próximo 24 de mayo arranque el primer juicio del caso, que se centrará en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II (CYII) en el año 2001 para determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un «sobreprecio» a costa de las arcas públicas.
Para las 22 personas a las que el instructor envió a juicio, entre los que destacan los ex consejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.
Los cambios en el Código Penal también han llegado al ‘caso Villarejo’ y, más en concreto, a ‘Kitchen’, la pieza en la que García Castellón puso el foco en el presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra el extesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información sensible.
Las fuentes consultadas por esta agencia de noticias han explicado que las defensas se encuentran la espera de la acusación de Fiscalía para pedir cambios por la reforma de la malversación. Así, y aunque ya se han presentado los escritos de las acusaciones populares y de la particular, consideran que la acusación que finalmente formule Anticorrupción será determinante, por lo que creen necesario esperar a ver si incluyen el delito de malversación y en qué términos.
En ‘Kitchen’ las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos, reclaman respectivamente una condena de 47 años y 41 años de cárcel para Fernández Díaz, al que la investigación judicial ha situado como el presunto ‘cerebro’ de ‘Kitchen’, un operativo ilegal del que también habrían participado su ex secretario de Estado Francisco Martínez, el exDAO Eugenio Pino y comisarios como Villarejo.
Bárcenas, por su parte, ha pedido más de 40 años de cárcel para Fernández Díaz al tiempo que ha solicitado que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal testifique en el juicio.
Otras fuentes explican que las propias acusaciones populares no tendrían necesidad, si no lo desean, de modificar sus escritos de acusación. Podrían optar, en concreto, por modificar sus peticiones de cárcel en el trámite de cuestiones previas del futuro juicio oral.
Anticorrupción todavía está a expensas de que el Juzgado Central de Instrucción Número 6, que ha investigado el caso, le dé acceso a la documentación íntegra relativa a esta pieza de ‘Tándem’ para formular su escrito de acusación, que presentará modificaciones respecto al inicialmente esbozado, debido a la reforma penal, según avanzaron fuentes fiscales.
Siguiendo en la Audiencia Nacional, las fuentes consultadas subrayan que las consecuencias de la reforma de la malversación quedarán prácticamente limitadas al Juzgado Central de Instrucción Número 6, ya que otros juzgados, como los dirigidos por Santiago Pedraz y María Tardón, no tienen en estos momentos causas donde figure este tipo penal.
