Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cinco personas, que tras ‘okupar’ una vivienda que pertenece a la Junta de Andalucía, utilizaron el inmueble para instalar un sembradío de marihuana. El hecho ocurrió en Sevilla, en la calle Cañas y Barro, en las tres mil viviendas donde los uniformados actuaron para desmantelar a la organización delictiva.
Dentro de la vivienda que había sido okupada, los uniformados hallaron más de 700 plantas de marihuana, así como un sofisticado sistema de iluminación, calor y refrigeración que los invasores habían instalado para proteger los cultivos, hasta que finalmente, tras semanas de investigaciones, decidieron actuar para desmantelar a la organización.
Las autoridades locales han señalado que desde hace meses le hacían seguimiento a diversos inmuebles del sector que eran utilizados por varias organizaciones delictivas para instalar sembradíos del estupefaciente, cuidados con sofisticados sistemas de iluminación y refrigeración para mantener los cultivos en el mejor estado, gracias a labores de inteligencia a través de los vecinos del área, y en especial al inmueble donde habían ingresado hace meses los okupas, con el argumento de que no tenían lugar para vivir.
Las plantas halladas por los uniformados de la Policía Nacional adscrita a Andalucía estaban en diversas fases del crecimiento, por lo que las autoridades presumen que el funcionamiento de los cultivos tenía muchos meses operando en ese inmueble donde fueron capturados los cinco okupas.
Las autoridades no descartan que en los próximos días puedan hacer nuevas detenciones en el área, de otros ciudadanos vinculados con los okupas que fueron capturados, pues presumen que en el área donde se encuentra el inmueble podrían existir otras viviendas en las que se estén desarrollando las mismas actividades delictivas en otros pisos que también están en manos de okupas y que no han podido ser desalojados.
Para las autoridades resultó llamativo el hecho de que desde la Junta de Andalucía señalaran el alto consumo de energía que había en el inmueble que había sido invadido, por lo que comenzaron a sospechar que posiblemente estaban utilizándolo para el cultivo de marihuana, debido a que no sería la primera vez que estas organizaciones delictivas quedan al descubierto, debido al alto consumo de energía eléctrica que necesitan para mantener las plantaciones.
Este hecho llamó la atención a las autoridades de la Junta de Andalucía, quienes procedieron a darle los datos de interés a las autoridades de la Policía Nacional, con la intención de que investigaran lo que estaba ocurriendo y en muy pocas semanas obtuvieron la información necesaria que los llevó a la captura de los cinco okupas que se encontraban en el interior del inmueble, al cuidado de las 700 plantas del estupefaciente.
En otro operativo realizado el mismo día, las autoridades lograron hallar otro apartamento en el que había más de 5 mil plantas de marihuana, en le mismo sector de Dos Hermanas, en Sevilla, donde también contaban con un sofisticado sistema de iluminación y refrigeración para mantener en óptimas condiciones el sembradío.
En este operativo resultaron detenidas tres personas, que eran vecinos de la localidad, de quienes se tenía conocimiento que se encargaban del cuidado de las más de 5 mil plantas que fueron halladas en el interior del inmueble. Es por ello que los uniformados no descartan seguir realizando operativos en ambos sectores, pues con la información que han obtenido, advierten que podrían ser muchos más los pisos utilizados por estas bandas delictivas dedicadas al cultivo, venta y distribución no solo de marihuana, sino de otras sustancias estupefacientes.
En el caso del inmueble de Dos Hermanas, los uniformados también hallaron dinero en efectivo y vehículos de alta gama que pertenecían a las personas capturadas que pertenecían a la organización delictiva dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes. Todas estas personas detenidas por la Policía Nacional de Andalucía fueron puestas a las órdenes de un juzgado de instrucción para que fueran procesados por la presunta comisión de delitos contra la salud pública.
