viernes, 22 noviembre 2024

El 38% de las solicitudes de asilo que se presentaron en 2022 en España fueron hechas por venezolanos

La migración venezolana en España continúa creciendo al punto de que el 38% de las solicitudes de protección internacional que fueron procesadas por las autoridades españolas en 2022 corresponden a ciudadanos venezolanos que llegaron al país huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. En total, las autoridades del Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asilo y Refugio atendió 118.842 peticiones, de las cuales 45.748 fueron hechas por venezolanos.

Sin embargo, las autoridades españolas han rechazado la solicitud de por lo menos 15.336 ciudadanos venezolanos, lo que representa el 33,52% de las peticiones. No obstante, de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior, al menos 20.580 ciudadanos del país suramericano fueron favorecidas con una residencia por razones humanitarias para poder vivir y trabajar en España, al menos por un año.

Lo más resaltante de estas estadísticas oficiales en que, por sexto año consecutivo, son los venezolanos la nacionalidad que más solicitudes de protección internacional tramitan en España, superando desde entonces a Colombia, que era el país de América Latina que más peticiones hacía ante las autoridades españolas. Todo ello a consecuencia de la crisis política y económica originada por la dictadura de Nicolás Maduro, que aún persiste y que ha originado la migración forzada de más de 7.1 millones de personas, de acuerdo con las cifras de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La cifra de venezolanos que han solicitado protección por parte de las autoridades españolas pasó de representar el 24,18% en 2021, a 38,49% en 2022, lo que demuestra que, a pesar de la propaganda política del régimen venezolano de que en Venezuela las condiciones políticas y económicas han mejorado, la situación sigue siendo crítica y obliga a estas personas a huir de su país, en busca de un mejor futuro.

Estas cifras además podrían verse incrementadas, debido a la imposibilidad de acceder al sistema de citas para presentar la solicitud de protección internacional ante las autoridades españolas, pues desde que se inició la invasión de Rusia a Ucrania, que ha forzado el desplazamiento de por lo menos 134 mil ucranianos al país, las autoridades le han dado prioridad a las víctimas de la guerra, dejando rezagados al resto de los migrantes que han llegado al país con la intención de solicitar asilo.

De hecho, a lo largo de todo el año pasado fueron varias las protestas que realizaron grupos de migrantes en diversas ciudades, para denunciar que el sistema de citas estaba colapsado y denunciaban además la existencia de mafias que se dedican a vender en hasta 120 euros los cupos, a través de las redes sociales.

Algunas de las víctimas de esta situación denunciaban que debían esperar hasta seis meses para poder acceder al sistema de citas para formalizar la petición de asilo ante las autoridades, lo que además los dejaba en una completa situación de indefensión, pues no les permitía acceder al permiso de trabajo y al sistema de atención sanitaria.

Tan es así, que organizaciones como Acnur y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) hicieron llamados a las autoridades del Gobierno para alertar sobre la situación, debido a la gran cantidad de migrantes, no solo de Venezuela, sino de diversos países, que seguían llegando a España con la intención de solicitar protección internacional, debido a que el sistema informático que habilitaron para las citas era ineficiente y no daba una respuesta oportuna a los migrantes.

En definitiva, pese a la decisión de las autoridades españolas de limitar la llegada de los migrantes venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro, las cifras demuestran que al país han continuado llegando masivamente los ciudadanos del país suramericano, debido a que las condiciones políticas y económicas que han forzado la migración no han variado.

Desde Acnur recordaron a las autoridades españolas que el derecho al asilo está consagrado en la Constitución, en la Convención de Ginebra y en la propia legislación europea, por lo que es necesario que desde el Gobierno se agilicen los procesos para garantizarle el derecho a los cientos de miles de migrantes que cada año llegan al país huyendo de situaciones complejas, dejando atrás sus vidas para comenzar en un nuevo destino.

Las ONG’s encargadas de brindarle apoyo y protección a los migrantes que llegan al país con la intención de solicitar asilo han reiterado a las autoridades del Gobierno la necesidad de agilizar los procesos, lo que supone un reto importante debido a la falta de personal y recursos económicos para que las instituciones del Estado puedan garantizar la atención oportuna a todas las personas que lo necesitan.