La Sección Segunda de la Audiencia de Granada celebra desde este lunes el juicio contra la que fuera directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y otras tres personas más en el llamado caso audioguías, en el que se han investigado supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías en el monumento nazarí.
Este juicio se prolongará durante tres semanas prácticamente en sesiones de lunes a jueves hasta el 25 de enero. Además de Villafranca, que dimitió en 2015 por este asunto, se sentarán en el banquillo de los acusados la exsecretaria general de la Alhambra, Victoria Eugenia Chamorro; el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías y el exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José M. V. Han sido procesados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros.
La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de prisión para Villafranca y la exsecretaria general del monumento. Para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías pide diez años de cárcel y multa de un millón de euros y para la empresa o persona jurídica Stendhall Museum Solutions, multa de 21.900 euros y su disolución.
El fiscal también solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al monumento en 1.255.816 euros por los perjuicios económicos causados al Patronato de la Alhambra y Generalife. Esta cifra se elevaría en 258.169 euros más por los intereses devengados y no satisfechos hasta noviembre de 2018.
El perjuicio económico causado por la empresa Stendal Museum al Patronato sería consecuencia de los incumplimientos detectados en la ejecución del contrato de audioguías con el consentimiento y connivencia de las dos investigadas, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación provisional.
La Junta de Andalucía está personada como acusación particular debido a los supuestos perjuicios ocasionados al monumento por este asunto entre 2004 y 2015. El PP también está personado como acusación popular y ha solicitado las mismas penas que la Fiscalía.
María del Mar Villafranca ha defendido estos años que, durante su etapa de gestión, en el Patronato de la Alhambra se ha trabajado siempre «con rigor» y aplicando la ley, también en la adjudicación del servicio de audioguías del monumento, y que tanto ella como el resto de personas que han sido investigadas están sufriendo una «auténtica persecución».
«Me siento perseguida y víctima de esa persecución, lo mismo que una serie de funcionarios y empresarios en la Alhambra», señaló a los medios el 12 de junio de 2018 tras declarar ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que fue el encargado de instruir este caso.
