La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este lunes al Gobierno que dado que la Administración de Justicia entra este martes en su propia fase 2 de desescalada, lo que supone que hasta el 70 por ciento del personal se reincorpora de forma presencial, se apliquen «de forma efectiva» todas las medidas de protección de la salud antes de del cambio de fase.
La decisión del cambio de fase fue acordada por la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia el pasado viernes, e implica que a partir de este martes 26 de mayo, y durante quince días, acudirán a sus centros de trabajo entre el 60 y el 70 por ciento del personal de juzgados y tribunales. Además se establecerán turnos de tarde cuando el número de funcionarios impida garantizar la seguridad.
En un comunicado, el sindicato lamenta que el Ministerio de Justicia haya planteado el sistema de fases para la vuelta a la normalidad en el sector supeditando la desescalada «a criterios ajenos a la seguridad laboral» y con independencia de en que fase sanitaria se encuentre cada provincia determinada.
El arranque de esta nueva etapa en Justicia llega además, según explica CSIF, con una falta de asignación de aforos máximos en salas y sin haber realizado el test serológico a los funcionarios –cabe recordar que el CGPJ sí aseguró test para los jueces–.
Al hilo, denuncian además que se va a incrementar la actividad judicial sin que se hayan realizado evaluaciones de riesgo de tareas tan comunes como la práctica de diligencias fuera de la sede judicial, protocolos para el uso de las salas de vista, el establecimiento de recorridos internos y uso de ascensores, o el manejo adecuado de expedientes y paquetes.
MASCARILLAS EN JULIO
Desde el sindicato critican también que el departamento de Juan Carlos Campo haya anunciado la compra de un millón de mascarillas que llegarán a las diferentes sedes en julio, «tarde y mal», y con las que pretende cubrir las necesidades hasta el mes de septiembre u octubre, en el ámbito de su competencia.
Así, pese a los diferentes anuncios en materia de seguridad laboral del ministerio, desde CSIF subrayan que no es de recibo que tras más de dos meses desde que se decretara el estado de alarma «se siga hablando de unos medios que no llegan». Por eso, al igual que hiciera la semana pasada, CSIF advierte de que denunciará las infracciones que detecte en materia de seguridad y salud.
Este cambio de fase irá acompañado el 1 de junio con el fin de la suspensión de los plazos administrativos, y el 4 de junio con el de los plazos procesales, algo que en palabras del ministro será clave en la reactivación judicial.
Tras esta segunda fase llegará la tercera en dos semanas. Ésta, denominada «Actividad ordinaria con plazos procesales activados», contempla la vuelta al trabajo de la totalidad de la plantilla. La fase 4, que comenzará en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias, permitirá que se retome al funcionamiento ordinario de cada órgano.
