La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha decidido invertir 100 millones de euros para ayudar a Bolivia a que se encamine hacia la transición ecológica, a través de un nuevo Marco de Asociación País (MAP). Estos recursos serán ejecutados entre 2022 y 2025, de acuerdo con la información suministrada por el organismo que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En la firma, participaron, por parte de España, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela Rodríguez, y por parte de Bolivia, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui Loayza. El nuevo acuerdo establece que con estos recursos se concentrarán en sacar adelante esfuerzos en torno a lo que las autoridades consideran que es la transición ecológica justa en un país como Bolivia, que se traduce en que la población pueda tener acceso, en condiciones de igualdad, a los derechos al agua y al saneamiento, a la alimentación y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, así como a la cohesión social, (a través del ejercicio efectivo de los derechos a la educación, la salud y de los derechos culturales).
Curiosamente, el pacto de cooperación también habla sobre la gobernabilidad democrática y de género, dentro de las premisas del acuerdo, que, entre otras cosas, pretende que los bolivianos tengan acceso a la justicia y la igualdad, incrementando la participación social y política en un marco de gobernabilidad democrática y protección de los derechos humanos, con especial atención a la reducción de las brechas de género y los derechos de los pueblos indígenas; todo ello como parte de la «transición ecológica».
La AECID señala que la cooperación española cuenta con una larga trayectoria en el país suramericano, donde se cuenta con su presencia, así como la de la Oficina Técnica de Cooperación, el Centro Cultural de España en La Paz y el Centro de Formación en Santa Cruz de la Sierra, que han servido durante muchos años para desarrollar diversos programas de ayuda entre los gobiernos de ambos países.
Además, también existen otros organismos españoles que están más enfocados en la cooperación descentralizada, como lo son las Comunidades Autónomas y entidades locales, que de acuerdo con las especificaciones de la AECID, juegan un papel muy relevante en la cooperación para el desarrollo con el país suramericano, al igual que las organizaciones no gubernamentales y otros actores que también aportan con su presencia en Bolivia.
«En la implementación de los MAP Bolivia-España y la Hoja de Ruta con Organizaciones de la Sociedad Civil, apoyada por la Delegación de la Unión Europea y en la que España ha participado activamente, tienen especial relevancia las organizaciones de la sociedad civil españolas y bolivianas. Una veintena de ONGD españolas tienen presencia en Bolivia y, desde el año 1998, se agrupan en la plataforma de la Coordinadora de ONG españolas en Bolivia (COEB)», señala el comunicado emitido por la AECID en el marco de este nuevo acuerdo de cooperación.
Pese a que no se han ofrecido mayores detalles sobre la manera en la que se ejecutan estos fondos resulta llamativo que entre los tópicos se haga referencia a la gobernabilidad democrática, cuando el argumento para la entrega de estos recursos señala que va enfocada en cooperar para que haya una transición ecológica en un país como Bolivia, que tiene carencias graves en temas tan claves como el agua, la actividad agrícola y el excesivo uso de agroquímicos en la producción de alimentos, así como la actividad minera o la degradación de sus suelos producto de la desertificación, que se le suma a la mala disposición de los desechos por parte de la población, que es una consecuencia de la falta de educación de su población.
Sin embargo, también es cierto que Bolivia es uno de los países suramericanos que ha tenido profundas crisis políticas y que ha caído en el círculo vicioso de gobiernos socialistas y populistas, que han surgido a consecuencia de la corrupción, por lo que requiere una mayor cultura democrática y educación al respecto.
La AECID es un organismo local de gran alcance que utiliza el mecanismo de cooperación, especialmente en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, invirtiendo recursos en áreas de especial atención, que redunden en mejorar las condiciones de vida de la población y en la promoción de valores y objetivos de desarrollo sostenible.
