El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha señalado que ve «absolutamente peligroso» el debate de la reforma laboral y advierte de que el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu le ha dejado «preocupación por el riesgo de una quiebra de confianza en la interlocución a nivel político, en los mercados internacionales y en el ámbito de la Unión Europea».
En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el presidente vasco se refiere asimismo a los ataques realizados en los últimos días a sedes de partidos políticos y es cuestionado por el posicionamiento de la izquierda abertzale.
«Hace dos años que ETA anunció su disolución. Seguimos empeñados en que la normalización debe estar basada en unos principios éticos que se resumen en admitir que fue injusto. ¿Tanto cuesta decir que matar estuvo mal? ¿Tanto cuesta decir que las pintadas, el acoso, están mal? Es tan fácil como eso», defiende.
Preguntado por el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral, reconoce que le deja una «sensación de desconcierto absoluto y una preocupación por el riesgo de una quiebra de confianza en la interlocución a nivel político, en los mercados internacionales, en el ámbito de la Unión Europea».
En este sentido, sostiene que el acuerdo recoge la «derogación integral» de la reforma laboral y se pregunta en el caso de llevarse a cabo «cómo actuamos en ese limbo que se genera».
Tras advertir de que es «absolutamente peligroso» poner el debate encima de la mesa, Urkullu indica que EH Bildu, tras las elecciones generales, se ha reivindicado como una formación de Estado, «pero no de un Estado vasco independiente sino del Estado español».
«EH Bildu tiene claro desde tiempo inmemorial que su apuesta debe ser con unas determinadas fuerzas políticas no en el ámbito de un Estado independiente vasco, sino en un ámbito más general. EH Bildu no quiere al PNV para nada. Para nada», remarca, para añadir que «sorprende» cómo la coalición soberanista defendía que no querían elecciones en Euskadi porque «el enfrentamiento» entre partidos iba a acarrear «consecuencias para el Gobierno español.
Respecto a cómo afecta el acuerdo alcanzado por EH Bildu a la regla de gasto, Urkullu dice que lo que haya negociado la coalición soberanista le parece «muy bien, pero eso tiene que concretarse en la Comisión Mixta del Concierto» que sigue sin tener fecha.
«Es lo que vengo reivindicando en las reuniones dominicales con el presidente. Porque queremos saber cuál va a ser el margen de endeudamiento para hacer frente a la caída de la recaudación o qué es lo que nos corresponde del fondo no reembolsable de 16.000 millones», afirma.
COGOBERNANZA
Por lo que respecta al mando único durante el estado de alarma y la cogobernanza, Urkullu manifiesta que hasta esta semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ejercido el mando único y los demás «teníamos que aplicar las decisiones que se adoptasen».
«Existían cuatro autoridades delegadas y ahora solo hay una, que es el ministro de Sanidad, pero sigue existiendo el mando único. Yo he venido reivindicando que se aplique la legislación ordinaria», defiende, al tiempo que afirma que el estado de alarma ha sido «un error».
Por lo que se refiere al regreso a las aulas de los alumnos de Bachillerato, FP y 4º de ESO, previsto para este lunes, niega que haya habido unilateralidad por parte del Ejecutivo vasco y argumenta que se ofreció desde el Departamento de Educación una «propuesta gradual y tentativa, solo una propuesta que además venía hablándose con la comunidad educativa y se sigue hablando».
Asimismo, niega que el pase a la Fase I de Euskadi se produjera por razones políticas, ya que «estamos hablando de condiciones sanitarias». «Nadie puede ser tan malpensado de creer que eso está al albur de negociaciones políticas», señala, para añadir que a la hora de tomar decisiones no se dio prioridad a la economía.
«No, en absoluto. Quisimos ser un tanto más restrictivos –en la Fase I– porque veníamos de un confinamiento de más de dos meses y sabíamos que había gente con miedo al contagio y mucha otra con ansias de disfrutar. Intentamos hacerlo de la forma más controlada y ordenada. Quisimos hacer la prueba, ver qué pasaba con las terrazas y ya vimos lo que sucedió. No es reprochar nada a nadie, es algo natural», añade.
Asimismo, desvincula las decisiones que se toman en el ámbito sanitario de las elecciones del próximo 12 de julio y subraya que está pensando en el covid-19.
Respecto a las quejas de los trabajadores de Osakidetza, Urkullu reconoce que «han estado desprovistos del material necesario, pero no solo los de Osakidetza, los de todo el mundo».
«Y lo tenemos que asumir quienes tenemos una responsabilidad institucional. Hemos sufrido la dependencia de China, esto ha parecido un zoco. Los cargamentos se quedaban retenidos en Shangai. También hemos dependido de una central de compras del Gobierno español, hasta que pudimos abrir nuestros propios circuitos comerciales», justifica, al tiempo que dice que «respeta» los abucheos que recibió en su visita al hospital de Cruces.
«Entiendo que había una crítica por la carencia de material sanitario, pero médicos del hospital me expresaron después su satisfacción por el trabajo hecho. Doy más valor al compromiso de los profesionales sanitarios que están dando el callo que a los que se dedican a hacer arengas desde su cámara web», añade.
Asimismo, considera que mientras no haya una vacuna tenemos que habituarnos a salir de casa con la mascarilla y «disponer de ella permanentemente». «Estamos intentando que por parte del Gobierno español haya un precio tasado de venta. A partir de ahí yo optaría no por el comercio libre sino por la venta en farmacias mediante el uso de la tarjeta sanitaria», expresa.
Urkullu, que defiende la gestión de las residencias en Euskadi, indica que los test masivos deben estar vinculados a los criterios sanitarios y las empresas que los hagan por su cuenta deberían hacerlo en una estrategia compartida con el sistema público.
FISCALIDAD
Cuestionado por si será necesario modificar la fiscalidad en Euskadi, cree que eso merece un «análisis en profundidad de la capacidad recaudatoria que tenemos para decidir a qué destinamos los recursos».
«Debemos priorizar las políticas sociales, la reactivación económica y la generación de empleo. Hay que ver con qué recursos contamos, qué capacidad de endeudamiento tendremos, de déficit… Nosotros hemos llegado a 2020 con los deberes hechos, incluso con superávit. Todo esto tiene que ser conciliable con la reflexión de lo que tiene que ser una nueva política fiscal», sostiene.
En esta línea, cuantifica el descenso en los ingresos públicos «en torno a un 23%, lo que supone una horquilla de entre 2.500 y 3.000 millones». Además, afirma que desde lo público se puede incentivar la economía y la generación de empleo con programas de ayuda o inversión en obras: «Estamos comprometidos en la sostenibilidad energética en infraestructuras de salud, educación, en todo lo que sean planes renove para edificaciones.
Por último, y cuestionado por si pedirán a los funcionarios públicos un «esfuerzo», dice que la mayoría de ellos «son conscientes del esfuerzo que se está haciendo en el ámbito privado».
«Me preocupa que haya más de 194.000 personas en ERTE y que frente a esa realidad hay otra de un colectivo humano importante en Euskadi, que cuenta con una estabilidad laboral, con una garantía de su puesto de trabajo y la seguridad de un sueldo que va a recibir. Viendo además que ésta es una crisis global, no tengo ninguna duda de que la función pública hará esta consideración», concluye.
