La política española atraviesa un momento complejo, donde los líderes de los principales partidos tiran para el lado que más les conviene, ante un atisbo de crisis institucional originado por el conflicto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero dentro del Gobierno y sus socios han dado muestras de que no llegan a ponerse de acuerdo sobre los discursos que deben dar.
Por un lado, aparece el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegurando que cumplirán el reciente fallo del Tribunal Constitucional, que ordenó la paralización de la reforma legislativa que el Gobierno pretendía sacar adelante en el Congreso de los Diputados, pese a no estar de acuerdo con lo decidido. El portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez pretendió dar cátedra sobre la independencia de los poderes del Estado, asegurando que el fallo «afecta a los fundamentos de la separación de poderes».
La paradoja es que el pasado lunes el portavoz del PSOE ante el Congreso de los Diputados, Patxi López, salió ante los medios de comunicación a decir que su partido solo buscaba darle un «toque de atención» a los jueces, por rebajar condenas con la ley del «solo sí es sí» y que para ello utilizarían la enmienda para pautar la aplicación de la reforma penal para suprimir el delito de sedición y reformar el delito de malversación.
Todo parece indicar que para los miembros del Gobierno la independencia de los poderes llega hasta el punto en el que afecta sus intereses, pues aunque todos los partidarios de Pedro Sánchez están tirándole al Tribunal Constitucional por la respuesta que dieron al recurso interpuesto por el Partido Popular, aprobando las medidas cautelarísimas, con seis votos a favor y cinco en contra.
De acuerdo con las leyes españolas, «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», por lo que las insinuaciones del ministro Bolaños sobre la supuesta intromisión del Poder Judicial sobre el Parlamento se quedan sin asidero.
Para los miembros del PSOE y los de Podemos han pretendido hacer ver que la decisión del Tribunal Constitucional sería un golpe de Estado, porque el fallo incide en las funciones del Congreso, pero al parecer no recuerdan que no hay ningún poder que esté por encima de las leyes del país y que su independencia no depende de las pretensiones del Gobierno de turno, sino de que cada una de las instituciones cumplan con su deber, basándose en las leyes y haciendo que se cumplan.
Por eso las declaraciones de Bolaños han causado tanto ruido, pues el ministro de la Presidencia advierte que «la ley no confiere al Constitucional ninguna potestad de paralizar la actuación de las cortes generales; es más, esas facultades existían y en 1985 se derogó, precisamente para que se pudiera impedir a los parlamentarios debatir y aprobar asuntos», expresó Bolaños, nada más salir el fallo.
Desde el Gobierno advierten que el Partido Popular tiene intenciones de manejar el Congreso de los Diputados, a pesar de no contar con la mayoría, para de esta manera interferir en lo que se aprueba o no se aprueba y que esta movida es una prueba más de ello, pues según el ministro Bolaños, los del PP han recurrido al Constitucional para tratar de frenar lo que él considera «los avances de la sociedad española» e hizo referencia a los recursos que se intentaron en relación con la ley del aborto, la ley de igualdad, la ley de matrimonio igualitario, la de eutanasia y la reforma laboral.
Tras estas acusaciones, Bolaños parece no recordar el discurso que emitió Paxti López, que decía que el «toque» a los tribunales para que no continuaran haciendo la interpretación de la «Ley del solo sí es sí», obviando que las «recomendaciones del portavoz del PSOE también podrían considerarse como una injerencia del Parlamento en las funciones del Poder Judicial, pues nada tienen que hacer un diputado dictando patrones de conducta a los magistrados del Poder Judicial.
Es por ello que si se quiere hablar de la independencia de los poderes del Estado, desde el Gobierno deberían dejar de querer encajar la palabra lealtad, que tan de moda la han puesto durante las últimas semanas, esperando que todas las instituciones solo digan amén a las pretensiones de Pedro Sánchez de ceder ante sus socios de Gobierno y diseñar leyes hechas a su medida, todo de cara a la preservación del poder, de cara a las elecciones generales que se tienen previstas para noviembre del próximo año.
De momento, todo el conflicto político estaría generando una crisis institucional en la que los partidos políticos tienen gran responsabilidad, debido a la polarización que se ha acentuado durante los últimos seis meses de este año y que ha derivado en que hasta ahora no han podido llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya ha arribado a su cuarto año con el mandato vencido.
