La malla de colaboradores en el saqueo de los recursos de Venezuela es mayúscula. Entre ellos, hay funcionarios públicos y empresarios venezolanos, pero otros perfiles también ayudan a urdir esa trama para lucrarse con los miles de millones sustraídos: abogados, banqueros, blanqueadores de capital, testaferros o colaboradores de cuerpos policiales y de inteligencia en múltiples países, España incluida.
Un informe escrito en 2018 por auditores públicos de Venezuela valoró en 400.000 millones de dólares lo expoliado al tesoro del país caribeño desde el comienzo del chavismo en 1999.
Un experto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estimó el expolio en 20.000 millones de dólares anuales. El perito envió su trabajo a un tribunal de Florida que ha juzgado y aún investiga a ex altos funcionarios de Venezuela.
Entre la maraña de personajes investigados, encarcelados, fugados o que disfrutan de exilios de oro, en los últimos tiempos ha emergido la figura de Martín Rodil, un ciudadano israelí de origen venezolano y residente en Estados Unidos. El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid lo investiga por ser el presunto “sujeto central” de una organización criminal que habría extorsionado a venezolanos multimillonarios.
Los Fiscalía Anticorrupción dictó un auto de prisión contra él el pasado 24 de octubre por no haberse presentado a declarar un par de semanas antes. Pero Rodil sigue viajando internacionalmente evitando suelo español.
Una investigación iniciada por el semanario portugués Expresso, coordinada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y en la que ha colaborado Moncloa.com revela nuevos hallazgos sobre los movimientos millonarios de capital tras esa red de extorsión, su presunto líder y sus conexiones con servicios de seguridad e inteligencia internacionales.
Rodil ha ejercido una triple misión profesional durante años enraizada en su oposición al chavismo: primero, como colaborador de instituciones de EEUU ─el Departamento de Justicia o la agencia de lucha contra el narcotráfico DEA─; en segundo lugar, como cruzado contra la corrupción en Venezuela; y, finalmente, como presunto extorsionador de exmandatarios del país caribeño que se lucraron por la malversación de fondos de la estatal petrolera PDVSA.
Así lo demuestran documentos policiales y judiciales, registros de sociedades y bancos, contrastados todos ellos con un amplio abanico de fuentes humanas.
Martín Rodil se presenta a sí mismo como un experto reconocido en asuntos geopolíticos de América Latina, blanqueo de capitales y en la economía del terrorismo. Nacido en Barquisimeto (centro de Venezuela) en 1974, completó sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Fermín Toro de su ciudad de origen y en 2000 se trasladó a Washington.
Allí fundó Inter American Solutions, una firma de consultoría que da servicio a instituciones gubernamentales e internacionales, a empresas e individuos. En su perfil de LinkedIn, indica que es “un incansable defensor del pueblo venezolano” y en sitio web de su empresa ─hoy inoperativa─ aseguraba que “gracias a sus esfuerzos, varios venezolanos en situación de peligro en su patria fueron capaces de escapar seguros”.
El ‘mediador’ acaudalado: 18 millones entre 2015 y 2017
Lo que subyace de esas últimas palabras es que Rodil ayudó a realizar “extracciones” ─como se conoce en el argot de los servicios policiales y de inteligencia─ de altos mandatarios del chavismo que voluntariamente abandonaron su país, en muchas ocasiones tras haber contribuido al expolio de PDVSA.
Rodil se erigió en una figura clave que medió para que esos ex altos cargos venezolanos colaboraran con la justicia de EEUU y denunciaran las malas prácticas de malversación, blanqueo de capitales y narcotráfico del Gobierno de Caracas a cambio de llegar a acuerdos que rebajaran su pena.
Lo hizo en connivencia con la DEA y otras agencias de seguridad e inteligencia y con fiscales clave en el enjuiciamiento de la corrupción chavista.
En el sumario de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, se lee cómo sólo Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2006 y hoy residente en España, pagó a Rodil más seis millones de euros entre abril de 2016 y junio de 2017, transferencias que se encuadran dentro de la supuesta trama de extorsión.
Fuentes de la defensa legal de Villalobos indican que unos siete millones de euros fueron fruto del chantaje.
Un análisis propio de las transferencias registradas en el sumario eleva a 7.830.375 euros esa cantidad traspasada desde sociedades controladas por Villalobos a las siguientes compañías en favor de Rodil para el mismo periodo: Mercazz LLC (EEUU), Erasmus Haven Management Consultant (Países Bajos) y Cygov Tech Ltd. (Israel).
La documentación obtenida en exclusiva por el semanario Expresso para esta investigación procedente de los archivos de un financiero portugués llamado Hugo Góis, que gestionó millones para Villalobos y más venezolanos en multitud de jurisdicciones, muestra cómo sólo entre 2015 y 2017 el exviceministro de Energía habría transferido 18 millones de euros a Rodil a las tres mercantiles citadas y a su cuenta en la sociedad escocesa Glenfield Corporation LP.
Villalobos afronta procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional, Venezuela y Estados Unidos por presuntamente haber obtenido beneficios ilícitos durante sus mandatos públicos en el sector energético de su país.
Este venezolano tuvo y tiene decenas de millones en una urdimbre de mercantiles instrumentales y cuentas bancarias en multitud de países, entre otros: Suiza, Reino Unido, Panamá, Belice, Estados Unidos o Mauricio.
Martín Rodil y Hugo Góis guardaron silencio ante las reiteradas solicitudes de entrevista y los cuestionarios enviados por los reporteros de esta investigación. Villalobos tampoco aceptó ser entrevistado.
Existe una sombra de duda sobre si todo el dinero recibido por Rodil lo tiene a él como único beneficiario o si sirvió asimismo para sufragar actividades de la DEA y otros organismos estadounidenses.
Roger Noriega, subsecretario de Estado en Exteriores durante la presidencia de George W. Bush y socio de Rodil en recientes negocios de consultoría, dijo a ICIJ que no tiene suficiente información sobre los pagos de Villalobos y otros para dar una explicación precisa, pero señaló que confía en que los desembolsos a Rodil se efectuaran en el marco de una operación oficial de EEUU.
Ahondemos en esa afirmación de Noriega y la triple actividad de Martín Rodil.
Colaborador de agencias de seguridad e inteligencia
En los últimos, Martín Rodil visitó muchas veces España. De acuerdo con diversas fuentes consultadas, cuando se reunía con mandos policiales él se presentaba como colaborador de la DEA. En sus reuniones profesionales en nuestro país y otros lugares, según diversas fuentes consultadas, él ha alardeado a menudo de tener colaborar no sólo con la DEA, sino también con la CIA, el FBI y servicios de inteligencia internacionales.
En octubre pasado, un alto mando de la DEA envió una declaración escrita para que fuera adjuntada a la causa que se investiga en el 29 de Madrid y respaldar a Martín Rodil. Robert Zachariasiewicz sirvió en la DEA 22 años, sobre todo, en grandes operaciones internacionales, según afirma. Ahora ejerce como abogado.
Asegura que conoce a Rodil desde hace diez años y que trabajó con él. Señala en su escrito que “debido a reservas éticas, laborales y de seguridad” no le está permitido hablar sobre la mayor parte de su trabajo en la DEA. Sin embargo, señala que es sabedor de que Rodil ayudó a personas para “trasladarlas fuera de Venezuela y otros lugares hostiles” y que esas mudanzas comportan gastos logísticos.
Añade Zachariasiewicz que “nunca observó ni tuvo motivos para sospechar de irregularidades” en las actividades profesionales de Rodil. El exagente e la DEA declinó hablar con los reporteros. La DEA no contestó tampoco.
En 2016, Bloomberg publicó un largo perfil de Rodil ─que él destaca en su cuenta de LinkedIn─ en el que se informaba, ya por entonces, de que Rodil había ayudado a sacar de su país a más de dos docenas de compatriotas para llevarlos a EEUU. El reportaje indica que, además, comenzó a colaborar con Israel en 2007, cuando advirtió de vínculos entre el Gobierno de Chávez, Irán y Hezbollah.
Justo un año antes, Mahmud Ahmadineyad y Hugo Chávez habían comenzado a tejer una alianza estratégica contra el ‘imperialismo’ de Estados Unidos.
Precisamente en 2007, la DEA puso en marcha el ‘Proyecto Cassandra’ para combatir lo que la Administración Bush entendía como actividades ilícitas (narcotráfico, armas, blanqueo de capitales) en América Latina, África y Oriente Medio propiciadas por el chavismo, Hezbollah, Teherán y sus aliados.
Una investigación de Político refirió que la DEA acumuló pruebas de que Hezbollah recaudaba 1.000 millones de dólares anuales por esa alianza y que inició una serie de operaciones que incluían actividades encubiertas y la contratación de informantes y colaboradores con la ayuda de diversas agencias de EEUU y de otros países. En 2015, Barack Obama clausuró Cassandra una vez que llegó a un acuerdo nuclear con Irán.
Es en ese contexto es en el que Martín Rodil acumuló misiones en el ‘Proyecto Cassandra’, principalmente en América Latina y Oriente Medio, incluido Israel.
Ganada la animadversión del chavismo y debido a sus múltiples viajes internacionales, llegó un momento en que no le quedaba espacio en las hojas de su pasaporte para más sellos. Esto le causaba problemas en los controles fronterizos, pero las autoridades venezolanas no accedían a renovárselo.
Así, en 2016, solicitó el pasaporte israelí. No es judío de origen ni practicante, sino católico. Sin embargo, gracias a su cooperación con Israel obtuvo la ciudadanía de ese país. Una fuente policial señala que la obtuvo por sus servicios al país “al igual que muchos jugadores de baloncesto estadounidenses no judíos la consiguen cuando juegan unos años para Maccabi Tel Aviv”. Rodil visita frecuentemente Israel, donde tiene diversos negocios.
Un «cruzado» contra la corrupción del chavismo
Diosdado Cabello, uno de los prohombres del chavismo y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló a Rodil entre los “traidores a la patria”.
En abril de 2016, en su programa televisivo ‘Con el mazo dando’, Cabello dijo que Rodil tenía una “oficina de extorsión a los venezolanos ‘bolsas’ que se roban los reales aquí y después no hallan como legalizar sus reales, y les dice allá en Estados Unidos: dame tanto y yo te arreglo tu problema, le das tanto al gobierno norteamericano y tú quedas sano. Así han arreglado sus problemas muchos”.
Desde 2020, Cabello es investigado en Estados Unidos por narcotráfico junto a Nicolás Maduro. La fiscalía del juzgado del Distrito Sur de Nueva York ofreció diez millones de dólares a quien ofreciera pistas para arrestarlos y juzgarlos.
El expolio de la gallina de los huevos de oro de Venezuela, PDVSA, es difícil de perseguir policial y judicialmente. A ello se suman los escollos de combatir también otras actividades ilegales en las que incurrió el chavismo como el narcotráfico.
Derek Maltz, durante nueve años y hasta 2014 jefe de la División de Operaciones Especiales de la DEA, afirmó a este diario no conocer a Rodil, pero indica que en el ‘Proyecto Cassandra’ tuvieron que recurrir a “muchos contratados e informantes de muchos países” para combatir el narcotráfico originado en Venezuela y que llegaba a Estados Unidos o a Europa, a esta última a través de países del África Occidental.
Rodil se unió profesionalmente a esa misión. Su amigo y socio Roger Noriega, en conversación con ICIJ, lo calificó como un “cruzado eficiente contra la corrupción” y aseveró que sus remuneraciones siempre “se realizaron en un contexto donde Martín cooperaba en actividades cuidadosamente fiscalizadas” por las autoridades estadounidenses.
“Martín es probablemente una de las personas más eficientes que existen en términos de recopilación de información y reclutamiento de testigos que se han prestado para acusar a venezolanos corruptos”, sentenció Noriega.
«Sujeto central» de una trama de extorsión a millonarios
Las presuntas víctimas del chantaje de Martín Rodil no comparten la tesis de Noriega. Tampoco lo hacen los informes de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción que conforman el sumario ─aún en fase de investigación─ del Juzgado de Instrucción 29.
La documentación judicial se refiere a Rodil como “el sujeto central de la trama” que extorsionaba a ciudadanos venezolanos vinculados a operaciones de blanqueo de capitales con el fin de ofrecerles servicios de protección o condiciones privilegiadas y librarles de posibles investigaciones en España y otros países; “todo ello a cambio de las correspondientes comisiones”.
El entramado encabezado por el consultor venezolano en España lo habrían conformado otras 12 personas que están siendo investigadas. Entre ellas, se cuentan tres funcionarios de diferentes cuerpos policiales, varios blanqueadores de capitales y un exmilitar israelí.
“Rodil es un extorsionador muy bueno y sutil: te causa la enfermedad para luego curarte”, explica Javier Alvarado Ochoa, quien ocupó entre 2004 y 2013 altos cargos en el sector energético de Venezuela y fue una de las presuntas víctimas del chantaje y parte de la acusación en el 29 de Madrid.
Alvarado Ochoa fue viceministro de Desarrollo Eléctrico y miembro de la junta directiva de PDVSA. Al igual que Villalobos, está siendo investigado en la Audiencia Nacional y en un tribunal de Texas por colaborar en el saqueo de la estatal petrolera.
Muestra a este medio documentación que destapa cómo él habría colaborado con la Embajada de EEUU en Caracas desde 2010. Ejerció como garganta profunda en favor del Departamento de Estado con el fin de denunciar la corrupción que vio dentro de PDVSA mientras era miembro de su junta directiva.
Alvarado Ochoa describe a este diario que la supuesta extorsión tuvo dos fases diferenciadas. Una primera en Estados Unidos entre 2013 y 2016, cuando se reunió varias veces con Rodil, quien le decía: “Tienes problemas aquí y varios fiscales te están esperando para investigarte, déjame ayudarte”.
A cambio de ese servicio, Rodil le solicitó dos millones de dólares, pero él sólo abonó algo más de un millón de euros en 2015. Si bien, alega que nunca le proporcionó ningún servicio útil.
Alvarado Ochoa sostiene que Rodil presumía de conocer a gente influyente que podía echarle un cable con sus problemas, como el aludido Roger Noriega, pero también fiscales, políticos, abogados influyentes y agentes de la DEA.
Una segunda parte de la supuesta extorsión se habría producido en Madrid, toda vez que se trasladó a la capital a vivir en 2016.
Rodil lo llamó y le sugirió que tenían un equipo de confianza en España para ayudarle con sus problemas en la Audiencia Nacional y con las investigaciones policiales en curso contra él. Cuando se negó a pagar más dinero, lo amenazó con influir para quitarle la nacionalidad española que había conseguido en 2017, según la versión de Alvarado.
Otro de los presuntos extorsionados por el grupo de Rodil habría sido Carlos Aguilera, uno de los militares de confianza de Chávez. Llegó a ser su secretario personal y jefe de los servicios secretos en 2002. Aguilera no se prestó a una entrevista para este reportaje, pero Moncloa.com tuvo acceso a su declaración por videollamada ante la juez titular del 29 de Madrid y los fiscales el pasado 6 de octubre.
Aguilera ratificó lo que ya había dicho a la policía: “Esta trama se dedicaba a generar problemas para posteriormente ofrecerse a solucionarlos cobrando por ello”.
Al igual que Alvarado Ochoa, Aguilera recalcó que el supuesto chantaje tuvo lugar en dos fases diferenciadas: una primera en el extranjero y otra posterior en España.
El exmilitar venezolano relata que se reunió a comienzos de 2015 en la isla caribeña de San Martín con Rodil y Ran Benhamu, un consultor israelí colaborador del lobista. Se ofrecieron a ayudarle con sus problemas en España y le advirtieron de que sabían dónde estaba su dinero.
Unas semanas después lo citaron en República Dominicana y a la reunión ─según relató─ acudieron también dos abogados estadounidenses, dos agentes de la DEA y Alberto Galán, ‘Avi’, un exmilitar israelí. Insistieron en solucionar sus problemas en Estados Unidos y España.
Más adelante, también en 2015 y ya en Madrid, tuvo reuniones en el hotel Villamagna con abogados y ‘Avi’. Viva voz y mediante emails, el supuesto equipo de Rodil en España ─contó Aguilera─, “me decían que iban a poner cierre a todos los procesos judiciales contra mí. Eliminar el peligro de acciones penales y administrativas que hubieran podido surgir, y evitar que me tenga que presentar en la Audiencia Nacional”.
Según Aguilera, por los servicios llegó a pagar a la trama un total de medio millón de euros y 130.000 dólares.
Aguilera concluyó: “Yo sentí una extorsión desde el principio cuando hablé con el señor Martín Rodil y con el señor Ran Benhamu porque me hablaron de darme solución a mi problema y que el coste iba a ser de dos millones de euros”. Añadió: “En ningún momento hubo maltrato ni amenaza [de Avi], es una persona que estaba prestando un servicio ordenado por éste [Rodil]”.
En breve, ¿quiénes son Ran Benhamu y Alberto Galán?
Benhamu es un israelí, nacido en 1967 y casado con una venezolana, y que se ha dedicado profesionalmente a ser consultor principalmente en países de Latinoamérica. En el análisis de la documentación de Hugo Góis, que los medios de esta investigación periodística consiguieron en exclusiva, se valora en 9,8 millones de euros el dinero recibido por Benhamu, procedente mayoritariamente de Villalobos entre 2015 y 2017.
Se desconoce el motivo de esas transacciones. Benhamu no respondió a las preguntas formuladas por este diario.
Por su lado, Alberto Galán, ‘Avi’, es un exmilitar israelí y consultor en materia de seguridad de 57 años. Tiene la doble nacionalidad española e israelí. Los documentos judiciales de la causa del 29 de Madrid afirman que “constituía la cabeza visible en España de la organización dirigida” por Rodil.
Galán aseguró a Moncloa.com que él no ha incurrido ni en prácticas de extorsión ni en amenazas y que no ha recibido dinero alguno de los perjudicados. Añadió: “Nada tengo que ver con los pagos recibidos por Rodil reflejados en la causa”.
El número de multimillonarios venezolanos supuestamente chantajeados por la organización de Rodil se desconoce aún mientras la investigación sigue en marcha.
También queda por dilucidar si gran parte del dinero llegado a las manos de Rodil y Benhamu era exclusivamente para su lucro personal o para otros fines.
En la declaración de Alejandro Andrade ante el tribunal de Miami de noviembre pasado señaló que una vez que aceptó marcharse de Venezuela en 2013 y colaborar con la justicia de EEUU, la coordinación de sus estatus la llevaron Martín Rodil y Raúl Gorrín, un empresario venezolano y uno de los presuntos testaferros de Nicolás Maduro.
Andrade fue una persona de confianza de Hugo Chávez. Llegó a ser el presidente de la Oficina de la Tesorería de la Nación entre 2007 y 2010. El extesorero nacional testificó en Miami que dio dinero a Rodil para que negociara con la DEA y que le consiguiera un visado y cooperara con esa agencia para permanecer en Estados Unidos.
El tribunal juzgaba a la pareja Claudia Patricia Díaz, enfermera personal de Chávez y también antigua jefa de la tesorería nacional, y a Adrián Velásquez, jefe de seguridad del dirigente bolivariano, ambos extraditados desde España. A mediados de diciembre fueron condenados por blanqueo de capitales y en febrero próximo conocerán su pena.
La Fiscalía Anticorrupción investiga si Díaz y Velásquez ─junto a otros exfuncionarios del Gobierno venezolano─ fueron también extorsionados por la supuesta organización criminal que Rodil extendiera a España con la colaboración de abogados, funcionarios policiales, blanqueadores de capitales, testaferros y expertos en seguridad de nuestro país.
En 2018, Andrade fue sentenciado por un tribunal de Florida a diez años de prisión tras declararse culpable de blanqueo de capitales en una red de sobornos de más de 1.000 millones de dólares mientras ejercía como tesorero nacional. Su colaboración le valió una reducción de condena y desde febrero de 2022 está en libertad.
Lo importante sobre el asunto declarado por Andrade en sede judicial fue lo siguiente: “¿Cuál fue la razón por la que logré beneficios de la DEA? Porque Raúl Gorrín financió una operación, una transacción para traer testigos a Estados Unidos”.
Entretanto, voces desde EEUU dudan sobre las razones del encausamiento de Rodil en España y señalan a nuestro país como un refugio seguro para corruptos venezolanos.
Debra LaPrevotte, exagente del FBI que se especializó en casos de corrupción, dijo al ICIJ que las acusaciones de extorsión parecen extrañas porque Rodil no trabajaba directamente para Estados Unidos y, por lo tanto, tendría poca capacidad para influir en los casos. “Esto no me suena a extorsión”, indicó. LaPrevotte añadió que los pagos a un contratista pueden formar parte de una operación del gobierno estadounidense.
Noriega, amigo Rodil, sostiene que los exfuncionarios venezolanos acusadores simplemente intentan desacreditar las acusaciones de Estados Unidos contra ellos. “Estos tipos son delincuentes”, dijo Noriega. “Todavía estoy en una etapa de la vida en la que doy más veracidad a lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos que en lo que dice un delincuente internacional prófugo en España”.
El financiero portugués que transfirió millones a Rodil
Hacia 2014, Hugo Góis tuvo la relativa fortuna de comenzar a relacionarse con multimillonarios que hicieron fortuna al calor de la malversación del chavismo. Este hecho le hizo rico porque le confiaron poderes para la gestión de parte de su capital a cambio de suculentas comisiones. Es la recompensa por ocultar, blanquear e invertir dinero de dudoso origen, como el de Nervis Villalobos.
Un informe reciente de los bienes de Góis conseguido por el semanario Expresso detalla cómo creció su patrimonio como la espuma y cómo se dio a la vida lujosa este hombre de 43 años. Coches de alta gama (Bentley, Porsche, Mercedes), un yate, colecciones de plumas y relojes de lujo o una casa de diseño en Oporto donde reside desde 2020 son algunos ejemplos descritos en el informe.
Su vida de vino y rosas comenzó a avinagrarse cuando sus clientes venezolanos comenzaron a ser encausados y condenados en diversos países. Como informó El Confidencial, a comienzos de 2018, Góis empezó a tener miedo y contrató a un prestigioso abogado penalista, Cristóbal Martell. Le recomendó que colaborase con la Fiscalía Anticorrupción.
Razones para su inquietud no le faltaban: le investigaban por colaborar en el expolio de los recursos públicos de Venezuela blanqueando el dinero en diversos países, entre otros, España, Portugal y Estados Unidos. En el escrito de acusación contra él de un tribunal de Miami se le calificaba de “blanqueador de capitales profesional”.
Dicho y hecho. Una de sus primeras medidas ─un tanto curiosa─ fue escribir en marzo de 2018 una notificación a tres de los grandes blanqueadores de capitales de chavistas por la que comunicaba sus dudas “sobre el origen y trazabilidad de los fondos” que le habían confiado y, por tanto, se veía obligado a suspender la relaciones.
Los destinatarios eran el argentino Luis Fernando Vuteff, el suizo Ralph Steinmann y el venezolano José Vicente Amparán, todos ellos encausados en EEUU y España.
Hugo Góis compareció en la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2018 y desde entonces no ha dejado de entregar documentación de las sociedades y las cuentas bancarias de diversos exmandatarios del chavismo con la esperanza de conseguir reducciones de pena. Es investigado en la macrocausa de PDVSA que instruye la Audiencia Nacional.
No obstante, fuentes del Ministerio Público aseguran que Góis no ha entregado aún ni la quinta parte de la documentación que atesora y que podría ser útil para avanzar más rápido y mejor en las causas abiertas en el 29 de Madrid y la Audiencia Nacional.
Mientras Góis colabora con la justicia, Martín Rodil aún no se ha presentado a declarar en la Fiscalía Anticorrupción ni ante la magistrada que instruye la causa de la extorsión. Después de meses de notificaciones, hasta el pasado 15 de diciembre no se personó su abogado en la causa. Una parte de la biografía futura de este colaborador de la DEA se juega en el juzgado 29 de Madrid y aún está por escribir.
Spencer Woodman, Micael Pereira, Gerardo Reyes, Uri Blau, Brenda Medina y Ewald Scharfenberg colaboraron en la elaboración de este artículo.
Este reportaje forma parte de una investigación en la que colaboran periodistas de varios medios de cinco países: el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Expresso (Portugal), Univision (EEUU), Armando.info (Venezuela), Shomrim (Israel) y laSexta (España).
La ilustración de portada es obra de Armando.info.
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