La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no solo empieza a invadir las competencias en cierto modo (y desde hace meses) de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sino que también parece haber tirado de ingenio e inventiva para gastarse los fondos europeos en vagos conceptos ecologistas. El Ministerio de Transportes se ha inventado los «eco-incentivos». Y los ha dotado de un presupuesto de 20 millones de euros para premiar con dinero público procedente de la UE a los barcos de mercancías que también tiren de originalidad para «contaminar» menos el mar. Esto se produce envuelto en la polémica lanzada por las quejas de Bruselas en las que se ha acusado a España de no estar utilizando de forma eficiente los fondos Next Generation de la UE.
La idea que tiene el Gobierno con este presupuesto de 20 millones de euros es la de «subvencionar el uso de servicios de transporte marítimo de mercancías de forma proporcional a un mérito ambiental y socioeconómico demostrado, medido como reducción de costes externos del modo marítimo respecto del modo carretera, contribuyendo indirectamente a la consolidación, desarrollo y mejora del desempeño ambiental de los citados servicios de transporte marítimo», tal y como se detalla de un documento oficial del ministerio al que ha tenido acceso MONCLOA.com. El resumen: reducción de costes y menos contaminación es igual a dinero público, pero no demasiado.
El problema de esta ayuda es que es una más de todas las englobadas en los fondos Next Generation, cuya gestión desde el Gobierno de España ha sido considerablemente criticada por Bruselas dado que no se notan los efectos del gasto. Todo lo que lleve la palabra ecologismo detrás será bienvenido, incluso una ayuda en forma de subvención de concurrencia no competitiva de 20 millones para el transporte marítimo. «Se trata de consolidar e incrementar la cuota modal del transporte marítimo de mercancías, promoviendo la mejora de su desempeño ambiental y el trasvase del modo carretera al marítimo con criterios de sostenibilidad objetivos. Este objetivo está alineado con la medida 5 de la inversión 4 del componente 6 del PRTR, que prioriza inversiones que optimicen el uso de la red de transporte y supongan un mayor beneficio social con el fin de lograr unas infraestructuras resilientes y una movilidad sostenible y segura», detallan en el documento.
La parte más técnica de esta ayuda deja claro que «el gasto de las subvenciones será imputable al ejercicio 2023 en el que recaerán las resoluciones de concesión correspondientes, por lo que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento que se resuelva la concesión». Esto responde a la obsesión del Gobierno por colocar todas las ayudas posibles habidas y por haber en este año electoral. La necesidad de que el dinero llegue a los sectores económicos y a la sociedad más pronto que tarde en 2023 tiene obsesionados a todos los ministros y en especial a los asesores de Moncloa.
La ayuda está tan bien coordinada con el periodo electoral que han dejado claro que «el período de elegibilidad de las actividades subvencionables será desde la fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el BOE hasta el 31 de marzo de 2023». Las elecciones municipales y autonómicas son en mayo y las generales previsiblemente en diciembre, a falta de alguna sorpresa que otra. Solo falta saber si desde Bruselas llegará otro tirón de orejas notable por el mismo asunto: no gusta cómo España está gestionando ese dinero europeo.
Los eco-incentivos es un nuevo invento de Raquel Sánchez que se ha dejado ver también en otras áreas. La mejor justificación para el gasto de estos fondos a manos del Ejecutivo siempre ha sido beneficiar el medio ambiente. Quedan muchos fondos que dar, también marcados por ese sello ecologista que tantas alegrías en forma de subvención ha dado.
