El Pleno del Congreso celebrará este jueves el segundo debate sobre el fin de la sedición en una semana. Si el jueves pasado se tuvo que convocar una nueva sesión plenaria para debatir la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para acabar con ese delito, éste se ha hecho lo propio para discutir las cinco enmiendas registradas por PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP para que la propuesta de los dos partidos que integran el Gobierno sean sustituidas por los textos que plantean cada uno de estos cinco partidos.
En concreto, la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para finiquitar el delito por el que fueron condenados los líderes del ‘procés’ fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso cerca de la una de la madrugada del pasado viernes y nada más terminar se reunió la Mesa del Congreso para fijar su calendario.
Con la oposición del PP y Vox, la mayoría que suman PSOE y Unidas Podemos en el órgano de gobierno de la Cámara decidió que el plazo de enmiendas de totalidad con texto alternativo acabara este martes, o sea se dio un margen de sólo un par de días, en lugar de los 15 días de una ley ordinaria o de los siete de una ley con el procedimiento de urgencia.
El siguiente paso era que la Junta de Portavoces decidiera cuándo se celebra ese nuevo debate en el Pleno del Congreso para votar las enmiendas de totalidad y el PSOE propuso que este mismo jueves, cuando acabara la sesión plenaria ordinaria, se celebrara un nuevo Pleno monográfico para debatir y votar esos textos alternativos.
Eso fue lo que aprobó la Junta de Portavoces este martes y lo que llevó a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciar que los grupos del Gobierno y sus socios volvían a optar por la «nocturnidad» para la tramitación de la iniciativa.
Lo que se discutirá y votará en el Pleno serán los cinco textos alternativos a la propuesta de los grupos del Gobierno: el PP, que pide tipificar como delito los referendos ilegales; Vox y Ciudadanos, que pide agravar las penas que en su día se aplicaron a los líderes del procés, y los independentistas de Junts y CUP, cuyo objetivo es justo lo contrario.
En concreto, la propuesta del PP es dejar igual las penas previstas actualmente por sedición; añadir como delito la convocatoria ilegal de referendos; algo que recuerda que defendía el PSOE la última campaña electoral; y castigar con prisión permanente revisable a los condenados por asesinato que además oculten el cadáver.
Por su parte, Vox apuesta por agravar las penas establecidas para el delito de sedición e incluso implantar un «castigo más severo» para casos en los que el delito lo cometa un órgano de gobierno, sea estatal o autonómico, por «traición a la patria». «Mientras haya un Gobierno empeñado en traicionar a España, Vox defenderá la patria para que los españoles del futuro reciban un legado mejor», ha proclamado en rueda de prensa s portavoz, Iván Espinosa de los Monteros.
Por parte de Ciudadanos, Edmundo Bal ha explicado que su texto alternativo busca también elevar las penas para el caso de que se repitieran los sucesos de 2017, pues su idea es que aquellos episodios puedan encajar ahora en el delito de rebelión, que está más agravado. Y añade también la imposibilidad de que corra la prescripción cuando uno se va de la Justicia española, en referencia a Carles Puigdemont y el resto de exconsellers huidos.
La enmienda de totalidad de Junts apuesta justo por lo contrario, ya que aboga por mantener el delito de rebelión en caso de levantamiento armado y por ir un paso más allá de eliminar el de sedición reclamando la cancelación de las sentencias impuestas y de todos los procesos que siguen abiertos a políticos independentistas.
Por ultimo, la CUP presenta otra enmienda de totalidad con texto alternativo, que, además de suprimir el delito de sedición, elimina la propuesta de PSOE y Podemos de agravar el delito de desórdenes públicos y busca derogar de un plumazo toda la Ley de seguridad Ciudadana de 2015.
Tras el debate de estos textos alternativos, que se votarán por separado, la previsión es que el plazo de presentación de enmiendas parciales, donde se verá si algún grupo pide añadir la modificación del delito de malversación, acabará el día 9 de diciembre, según informaron fuentes parlamentarias.
Todo ello siguiendo la hoja de ruta del Gobierno de coalición para que el fin del delito de secesión, el que sustentó las condenas de los líderes del proceso independentistas de 2017, se apruebe antes de fin de año y pueda esta en vigor lo antes posible.
