El Rey Felipe VI ha iniciado este jueves la ronda de contactos con los colectivos de la Administración de Justicia, justo cuando este sector acaba de comenzar su propia desescalada, prevista en tres fases distinas y cuando está a punto de descongelarse la suspensión de plazos procesales y administrativos.
Según ha informado Zarzuela, el monarca ha mantenido una conversación telefónica con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, quien le ha trasladado la necesidad de recuperar lo antes que sea posible la plena normalidad de la actividad judicial.
Ortega ha expuesto que, si bien durante los dos primeros meses de la pandemia los elementos que mayor preocupación han sido la situación de los abogados como autónomos y la dotación de medios humanos y económicos para la Administración de Justicia con el fin de garantizar el derecho de defensa con seguridad y eficacia, en la actual fase es fundamental que los juzgados y tribunales comiencen a funcionar con urgencia a pleno rendimiento con el objetivo de recuperar el enorme volumen de trabajo que ha quedado acumulado en estas semanas.
PREOCUPACIÓN DEL TURNO DE OFICIO
También ha explicado a Don Felipe que, en el actual contexto, el colectivo de abogados se ha visto directamente afectado por la situación que vive nuestro país, siendo la situación los letrados del turno de oficio una preocupación constante y, por ello, el Consejo General ha reivindicado el establecimiento de fórmulas seguras y eficaces para facilitar el contacto de estos abogados con sus clientes.
En el caso de que este contacto fuese imprescindible, la Abogacía ha reclamado que se les dotara del material profiláctico recomendado y se garantizara una distancia de seguridad adecuada, habilitándose si fuera necesario salas más amplias y prohibiendo la atención en calabozos.
También, desde el punto de vista económico, la Abogacía ha reivindicado la equiparación urgente de los letrados con el resto de autónomos en materia de prestaciones, ayudas y subvenciones, dada la paralización en su trabajo. Demanda que se extendió también a aquellos abogados acogidos a una mutualidad y, por tanto, ajenos a los regímenes de la Seguridad Social.
Por otro lado, el Rey ha contactado asimismo este jueves con el presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, quien le ha transmitido que, desde el inicio de la crisis por la pandemia de coronavirus, se ha limitado mucho el número de pleitos presentados, una reducción que se calcula en más de un 70 por ciento, lo que ha provocado una importante reducción de ingresos por parte de este colectivo.
Estévez ha explicado al monarca la gran dificultad para los procuradores al no poder disminuir sus gastos fijos, como arrendamientos, seguros, líneas telefónicas, junto al coste de los empleados, en la medida en que apenas han prosperado ERTE de despachos de procuradores.
El presidente del CGPE ha mostrado su esperanza en que este escenario se desbloquee cuando se descongelen los plazos procesales y administrativos, medida prevista para los primeros días de junio.
Una vez recuperados los plazos y el funcionamiento total de los tribunales con las plantillas completas, Estévez confía en una vuelta a la normalidad, aunque ha dicho que seguramente va a tratarse de una fase con una actividad desbordante, pues los tribunales tendrán que recuperar el tiempo en que han estado paralizados por el estado de alarma y absorber la avalancha de nuevos procesos.
EN CONTRA DE HABILITAR EL MES DE AGOSTO
El CGPE también ha informado al Rey de su rechazo a la habilitación de unas semanas del mes de agosto para los juzgados y tribunales, tal y como contempla el plan del Ministerio de Justicia para tratar de evitar el colapso en este sector. En su opinión, sería más practico concentrar las vacaciones de todo el funcionariado y los profesionales durante dicho mes para así poder trabajar con toda intensidad los meses restantes.
Por otro lado, el Rey también ha conversado este jueves con el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón, quien le ha destacado que, en el contexto actual, los graduados sociales están ejerciendo de puente que une a las empresas, trabajadores y ciudadanos con la Administración del Estado.
Entre las contribuciones más significativas, Gabaldón ha resaltado la intervención en la presentación de ERTE para aligerar la carga de las empresas y posibilitando que más de un millón de trabajadores autónomos puedan cobrar la prestación de cese de actividad y su ayuda para tramitar las solicitudes de prestación colectiva de desempleo.
ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA
También ha subrayado los grandes desafíos a los que se ha visto sometida su actividad durante la pandemia, como la necesidad de resolver dudas que, por la excepcionalidad del contexto, no habían sido previstas por la Administración en muchas ocasiones, así como la necesidad de adaptación a nuevas normativas en constante evolución.
El Consejo General de Graduados Sociales de España está trabajando conjuntamente con los ministerios de Justicia y Trabajo y con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para diseñar planes de actuación que puedan solventar todos aquellos desafíos que el propio estado de alarma ha provocado y que tendrán consecuencias tras el fin de confinamiento.
En la actualidad, hay casi 22.000 colegiados adscritos y 43 colegios provinciales de Graduados Sociales, algunos de los cuales abarcan varias provincias. Todos los colegios están agrupados en torno al Consejo General con sede en Madrid.
