El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ha acordado con el Departamento de Sanidad que aquellas residencias que no haya tenido casos de COVID-19, o que hayan pasado 28 días sin notificar ningún positivo, podrán tener visitas de familiares con cita previa y mascarillas. Además, los usuarios de estos centros podrán salir a dar paseos dentro del horario de cada municipio, a partir de este lunes, 25 de mayo.
Así lo ha anunciado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto este jueves en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de Aragón, Javier Lambán, antes de reunirse con los representantes de estos centros. En el encuentro se han abordado las cuestiones que plantea el Gobierno para acometer una reforma estructural del sector.
De este modo, este lunes, 25 de mayo, se hará pública una orden en la que se recogerá la posibilidad de que los familiares de los usuarios de centros que no hayan detectado casos en 28 días puedan asistir, con cita previa y medidas de protección, a visitar a sus mayores. También se reanudarán los servicios de peluquería y fisioterapia de las residencias.
Los residentes podrán salir a dar paseos, también si el centro no ha registrado contagios y durante una hora, en los horarios establecidos por cada localidad. En los municipios de menos de 5.000 habitantes no hay franjas horarias para los paseos ni la práctica de deporte y en aquellos de mayor población los mayores pueden salir entre las 10.00 las 12.00 horas y entre las 19.00 y las 20.00 horas.
ALERTA INMEDIATA Y CENTROS COVID
Otra de las cuestiones planteadas en la orden del próximo lunes es el diseño de un sistema de alerta inmediata que notifica los nuevos casos en las residencias al Servicio Aragonés de Salud. Del mismo modo, se va a potenciar el apoyo médico de los centros de salud a las residencias.
Este sistema busca crear un protocolo que sea «muy rápido» por el cual, cuando una residencia tenga un caso sospechoso, se avisa a Salud Pública para que un responsable del Departamento acuda a evaluar la situación y establezca el procedimiento a seguir en cada caso para así tomar una decisión sobre el aislamiento, ingreso en un hospital o traslado a un centro COVID-19 del paciente.
En este sentido, la consejara ha incidido en que los centros COVID-19 se mantendrán activos «desde el punto de vista asistencial» por si surgiera la necesidad de trasladar a una persona contagiada por el patógeno para que reciba atención sanitaria.
Esta posibilidad supondrá, según ha explicado Broto, que no será necesario reservar un 10% de la capacidad de las residencias de mayores para posibles aislamientos. Asimismo, los centros no necesitarán la autorización del Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales para admitir a nuevos usuarios aunque sí deberán comunicarse estas situaciones.
Además, la consejera ha indicado que las residencias de mayores deberán contar con una «reserva estratégica» de material de protección y que los centros deberán aportar al Departamento «un dibujo muy claro» de cuál es la situación de la residencia para que se establezca un «plan de contingencia» que atienda a posibles medidas de sectorización si se produce un rebrote.
También se buscará mejorar la formación de los profesionales de servicios sociales, de acuerdo con los Departamentos de Prevención de las distintas empresas, para que puedan «dar respuesta a cualquier situación» y aumentar sus retribuciones salariales.
ESTRATEGIA PARA LAS RESIDENCIAS
El presidente y la consejera han presentado la Estrategia para Residencias de Mayores de la comunidad que persigue proteger y dar soporte a los centros. Se trata de un plan que comprende medidas a corto, medio y largo plazo, que pasan por el apoyo económico, el refuerzo de los protocolos de seguridad y el alivio del confinamiento.
También se ha anunciado una línea de subvenciones de 1,5 millones de euros para afrontar gastos extraordinarios sobrevenidos por la pandemia de coronavirus, como la contratación de personal para reforzar las plantillas, la compra de material de protección y la compensación por los ingresos perdidos al no poder recibir a nuevos residentes durante el estado de alarma.
«Aragón ha estado a la altura de las circunstancias y el sistema ha funcionado de forma razonablemente aceptable, teniendo en cuenta que la tasa de envejecimiento y de personas institucionalizadas en Aragón es superior a la media nacional y pese a ello, la tasa de fallecidos es inferior a la media, un 3,8 frente a un 5% en el resto del país», ha señalado Lambán.
No obstante, ha insistido en la necesidad de mejorar el sistema, ayudando a los centros y afrontando un cambio de modelo en los próximos meses y años que pasa por mejorar las prestaciones y formar al personal de residencias.
El presidente ha defendido que para llevar a cabo este cambio de modelo, que va a incurrir en un «encarecimiento» del precio de los servicios, los centros necesitarán una mayor ayuda por parte de las administraciones.
A este respecto, tanto el presidente como la consejera han resaltado la necesidad de exigir al Gobierno de España la financiación al 50% de la Ley de Dependencia. El Ejecutivo regional ha lamentado en anteriores ocasiones que el Estado abona únicamente el 13% mientras que la comunidad autónoma debe hacerse responsable del otro 87%.
«Si se hace esa aportación supondría mejorar cuestiones que tienen que ver con las residencias, prestaciones vinculadas a los servicios, mejorar financiación, pero hace falta que el Gobierno de España participe», ha sostenido María Victoria Broto.
Según la consejera, una mayor financiación incurriría en una mejora de las ratios de usuarios por centro y un incremento en la remuneración de los trabajadores de las residencias que «han sido los verdaderos héroes y heroínas en este proceso gestión de la pandemia». «Un trabajo que nunca agradeceremos lo suficiente», ha apostillado.
El presidente y la consejera han traslado estas palabras a los representantes de las entidades que agrupan a la mayor parte del sector en Aragón: Acasa, Lares, Arade, Rey Ardid, Federico Ozanam y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), con quienes se han reunido y han trabajado «muy estrechamente estos meses», ha finalizado Broto.
