La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de eliminar las competencias de tráfico a los funcionarios de la Guardia Civil en Navarra tiene a los uniformados en pie de guerra, pues aseguran que desde el Ejecutivo se hicieron las negociaciones a sus espaldas y que todo se ha tratado de una decisión netamente política.
Así lo señaló Gustavo Adolfo Álvarez, secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), quien recordó que en el 2020 el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska había prometido que no iba a salir ningún funcionario de este cuerpo de seguridad de la Comunidad de Navarra, cuando presentó el balance de las actuaciones en materia de tráfico en esa región, por lo que critican que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez haya tomado esta decisión que afectará a por lo menos 200 uniformados.
«Los funcionarios de la Guardia Civil hemos sufrido una serie de retrocesos en nuestras competencias y en nuestros derechos por la acción del Ministerio del Interior y de este Gobierno. Hemos mandado cartas al ministro y al propio presidente Pedro Sánchez, para reclamar que nos sean reconocidos los derechos que sí reciben otros funcionarios de cuerpos policiales municipales y nadie nos ha dado respuestas. Es por ello que este sábado 26 de noviembre saldremos a manifestar en Madrid, en la Puerta del Sol», expresó Álvarez en conversación con Moncloa.com.
«El Gobierno vende a los guardias civiles y sus familias en Navarra para aprobar unos presupuestos en beneficio de los herederos de ETA» fue lo primero que publicaron los miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tras conocerse que justamente dos días antes de someter a votación los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno había pactado con Bildú que las competencias en materia de tráfico pasarían de manos de la Guardia Civil a la policía foral, pues de esta manera Pedro Sánchez obtendría los votos necesarios para que sean aprobados los recursos del Estado para el próximo año.
La salida de los funcionarios de la Guardia Civil en Navarra se espera que se concrete antes de la próxima primavera, pues el pacto firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez y los representantes de EH Bildú establece que la transición se debe hacer en menos de cinco meses y con este acuerdo el Ejecutivo ganó los 5 votos que le hacían falta para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Los nacionalistas de EH Bildú también pusieron como condición el hecho de que el Estado fije hasta diciembre de 2023 en 2% tope máximo para la actualización en el precio de los alquileres. «Se transferirá de manera efectiva, antes de 31 de marzo de 2023, la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral de Navarra, convocando para ello la Junta de Transferencias antes de 31 de diciembre 2022, debiendo producirse cuantas reuniones sean necesarias para solucionar los actuales problemas técnicos para la transferencia de la misma», dice el acuerdo que firmaron los nacionalistas y los representantes del Ejecutivo.
«Esto es una nueva frenta a la Guardia Civil y es evidente que lo que existe es una falta de voluntad política para reivindicar nuestros derechos y que todo se ha hecho como parte de un mercadeo político», dijo el funcionario del organismo de seguridad, quien además señaló que en todo caso, era necesario que antes de llegar a este acuerdo se hicieran las consultas necesarias con las organizaciones sindicales de la Guardia Civil, para tratar de coordinar cuál será el destino y las condiciones en las que se hará la transición y el retiro de las competencias en materia de tráfico y seguridad vial que pasará a manos de los uniformados de la policía de la Comunidad foral.
Uno de los aspectos que preocupa a los uniformados es si en el caso de los funcionarios de la Guardia Civil si tendrán la opción de pasarela para ir de un cuerpo de seguridad al otro, al contar con la experiencia y los conocimientos para hacerlo, por lo que temen cuál será el destino de los más de 200 funcionarios que se verán afectados por esta medida, que además están destacados en esta región con sus familias.
«Los guardias civiles no pueden seguir siendo moneda de cambio, están hartos de que el ministro del Interior desprecie sus reivindicaciones y no atienda personalmente como reclaman sus demandas profesionales, a lo que ha abocado a que el próximo día 26 de noviembre a las 12:00 h, en Madrid donde guardias civiles junto a policías saldrán a la calle a manifestarse para reclamar al Gobierno las discriminaciones que sufren respecto a los cuerpos de policía autonómicos», señalaron los uniformados en un documento que han difundido a los medios de comunicación.
El sindicato de los uniformados de la Guardia Civil advierten que ha sido una irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez utilizarlos a ellos como parte del canje para mantener contentos a sus socios de negocio, en perjuicio de la autoridad de ellos como cuerpo de seguridad del Estado.
