El Ministerio de Justicia ha anunciado este miércoles a jueces y fiscales que el objetivo del Ejecutivo es que en la Administración de Justicia se recupere la normalidad en el mes de septiembre. Hasta entonces recomienda «no cargar en exceso las agendas de señalamientos».
En un comunicado conjunto de las cuatro asociaciones de jueces y de las tres de fiscales, indican que en una reunión mantenida este miércoles con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y con la directora general para el Servicio Público de la Justicia, se les ha informado de que siguiendo ese calendario, a partir de septiembre se prevén planes de choque y de refuerzo.
Esos planes serían coordinados con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con la Fiscalía General del Estado (FGE), además de con los órganos judiciales asociados a la covid-19, y apuntan que coincidiría con la entrada en funcionamiento de nuevos órganos judiciales.
Además, se les ha informado de que como solución tecnológica para el retorno a la normalidad se estudia la cita previa y la videoidentificación, y con el fin de garantizar la publicidad de las vistas orales «se quieren realizar retransmisiones en ‘streaming’ de los juicios, empezando en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional».
Por otro lado, en el comunicado señalan que también hay intención de presentar en la primera semana de junio un anteproyecto de ley de eficiencia procesal en el que se dé una apuesta decidida por los medios alternativos de solución de conflictos.
GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Tanto jueces como fiscales han insistido en esta reunión telemática en la necesidad de garantizar las medidas de seguridad adecuadas en las sedes judiciales, y han mostrado su rechazo a que jueces en prácticas puedan desempeñar funciones de refuerzo, «por vulnerar claramente la independencia judicial».
El ministerio les ha informado además de la nueva prórroga por quince días del estado de alarma y de que se alzan los plazos administrativos el próximo 1 de junio y los procesales el 4 de junio, tal y como acordó este martes el Consejo de Ministros.
En este sentido, también se les ha indicado que la fase 2 del plan de desescalada de Justicia «se podría activar la semana que viene» si así lo acuerda la Comisión de Coordinación, compuesta por el CGPJ, la FGE, el Consejo General de la Abogacía Española y las Comunidades Autónomas, y que prevé reunirse este viernes.
EL 8 DE JUNIO, POSIBLE ENTRADA EN FASE 3
De ser así, esto implicará una incorporación de entre el 60 y el 70 por ciento de la plantilla con turnos de mañana y tarde. Este periodo tendrá una duración de dos semanas, por lo que se prevé entrar en fase 3 el próximo 8 de junio.
A esta reunión telemática han asistido la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
En el comunicado conjunto han agradecido que el departamento del ministro Juan Carlos Campo organice este tipo de reuniones «en contraste con el CGPJ», y han reclamado una actuación coordinada del Ministerio de Justicia, CGPJ y FGE en la vuelta a la normalidad en Justicia.
