El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que está estudiando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), usar su superávit para poner en marcha ayudas a la conciliación de las familias españoles durante la desescalada.
Estas declaraciones se han producido durante la intervención de Sánchez en el Pleno del Congreso, en donde se ha debatido el decreto para la ampliación del estado de alarma, y después de las críticas del portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, que ha acusado al Ejecutivo de negarle medidas sobre esta materia.
El diputado independentista ha reprochado a Sánchez que hubiera «dicho que no» a su petición de crear «una prestación remunerada para la conciliación de las familias, especialmente para las monoparentales y, aún más especialmente, para las monomarentales». El objetivo de esta propuesta, ha indicado Rufián, es que los padres «no tengan que elegir entre sus hijos y su trabajo» o «entre el contagio y el abandono». «¿Sabe la ansiedad que están sufriendo hoy centenares de miles de personas que no saben donde dejar a sus hijos?, se ha preguntado.
En este sentido, ha rechazado que el Gobierno no ponga en marcha iniciativas como esta, «la misma semana» en la que se gasta «2.100 millones de euros para tanques.
APERTURA DE COLEGIOS
Ante estas acusaciones, el presidente del Gobierno ha señalado que «la verdad» es que estuvo negociando esta medida con el propio diputado «hasta la madrugada» y que en la actualidad está hablando con la FEMP para estudiar si se puede «usar parte de su superavit en políticas de conciliación».
Sánchez también ha explicado a Rufián que en la planificación de la desescalada de ha acordado con las comunicades autónomas un reconocimiento sobre su capaciad para abrir las escuelas infantiles o centros educativos en este periodo, aunque no sea «su objetivo por naturaleza», para, «al menos, compensar las necesidades de concialición que tienen las familas españoles como consecuencia de la reactivación».
En la última la Conferencia Sectorial de Educación, entre el Ministerio y las CC.AA, en la que se trató este tema, los ejecutivos autonómicos se mostraron contrarios a reabrir los colegios de cero a seis años, que el Ejecutivo pretendía llevar a cabo en la fase 2 de la desescalada.
