La pesca ilegal se ha convertido en uno de los grandes problemas del sector pesquero de España, así como de los planes de cuidado y conservación del espacio marítimo de las costas españolas. Una situación ante la que el Ministerio de Defensa de Margarita Robles, en acuerdo con el departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas, ha decidido gastar 18 millones de euros en adecuar tres patrulleros de la Armada, que se encargarán de vigilar estas actividades en las costas.
La búsqueda de un sistema de consumo sostenible es una de las grandes preocupaciones de las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como supranacional. Y es que los datos son cada vez más concluyentes: es necesario controlar los niveles de consumo, antes de acabar por completo con el suministro de materias primas. En el caso del consumo de productos del mar, la pesca descontrolada ha provocado que la situación de algunas especies parezca ya irrecuperable, lo que ha llevado a las instituciones a fomentar un mayor control sobre la pesca y la obtención de estos productos para el consumo.
Consumo responsable y sostenible ante el que también se ha pronunciado recientemente Europa. Así pues, era la Unión Europea la que decidía, hace apenas unos meses, aprobar un veto contra la pesca de arrastre; algo que, tal y como han apuntado públicamente sindicatos y trabajadores del sector, podría acabar conllevando la quiebra del sector.
ROBLES Y PLANAS, CONTRA LA PESCA ILEGAL EN COSTAS ESPAÑOLAS
Sin embargo, no es la prohibición europea contra la pesca de arrastre la única preocupación del sector pesquero en España. Y es que a esta situación se suma el incremento de los precios, la inflación y de los carburantes; algo que ha hecho que muchos estén trabajando actualmente «a pérdidas», o que sus ganancias apenas consiguen cubrir sus necesidades básicas. Complicada situación a la que se añade el agravante de la pesca ilegal: competencia directa en cuanto a los precios, y una «enemiga pública» del delicado equilibrio marítimo.
Una falta de control ante la pesca de diversas especies marinas ante la que trabaja el Ministerio de Defensa de Margarita Robles, en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas. En concreto, a través de acuerdos para la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, en constante lucha, desde el mar, contra la pesca ilegal en las costas españolas.
«La Armada y la Secretaría General de Pesca (SEGEPESCA) mantienen acuerdos sobre inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima» destacan fuentes del Ministerio de Defensa a Moncloa.com. Unas actividades de vigilancia que cuentan con una prórroga del anterior acuerdo, que estará vigente hasta el próximo 2026, y con el que el departamento de Margarita Robles parece salir al «rescate marítimo» de las fuerzas de Luis Planas para garantizar el cuidado de la sostenibilidad marítima del país.
«Estos convenios están suscritos con el objetivo de optimizar los recursos públicos en la lucha contra la pesca ilegal, cuya vigilancia y control corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación» destacan desde el departamento de Luis Planas. Unos trabajos de protección del sector pesquero que se realizan en la costa española, sin que las fuentes consultadas hayan querido esclarecer los lugares más afectados por estas prácticas ilícitas.
UN ACUERDO QUE CUESTA 18 MILLONES AL MINISTERIO DE DEFENSA
A pesar de que desde el Ministerio de Luis Planas aseguren que el gran peso de este convenio recae sobre el departamento, y que el objetivo de esta colaboración es el de «optimizar los recursos públicos», lo cierto es que el Ministerio de Defensa ha tenido que hacer un importante desembolso para cubrir con esta actividad en defensa de las costas españolas. En concreto, un «desembolso» de 18 millones de euros.
Y es que esta cifra será la que abone el ministerio de Defensa para «la modernización de tres patrulleros de altura, que se utilizarán para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada» en las costas del país. Una modernización que afectará a los patrulleros Alborán, Arnomendi y Tarifa, pertenecientes a la Armada española, que serán los encargados de cubrir en el mar las necesidades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
«Modernización» de estos patrulleros militares que permitirá a Defensa «corregir sus obsolescencias después de un periodo de servicio en la Armada próximo a los veinte años, y de este modo extender su vida operativa por un periodo de quince años más. Obsolescencias centradas en las plantas de aire acondicionado, plantas frigoríficas, y plantas osmotizadoras de los tres patrulleros, a disposición de Luis Planas hasta 2026.
Por su parte, desde el Ministerio de Planas se han formalizado diversos contratos que tienen como objetivo la «renovación, seguimiento y mantenimiento del sistema de gestión de calidad […] del control de las actividades pesqueras en España de la Subdirección General de Vigilancia Pesquera y lucha contra la pesca ilegal». Renovaciones, la última de ellas publicada en el pasado mes de octubre, que suponen un gasto para el departamento de Pesca de cerca de 15.000 euros.
Una cifra ofrecida por el departamento de Pesca que es muy inferior a la inversión que hará el ministerio de Defensa para la lucha contra la pesca ilegal, y que parece mostrar la fuerte implicación de Margarita Robles en esta cuestión. Un proyecto perteneciente a la cartera de Luis Planas, pero que se ha convertido en una nueva misión para la Armada española, que acudirá al rescate del sector pesquero, así como del ministro del Gobierno, en aguas españolas.
