Los transportistas volverán a huelga a partir del próximo domingo. Una decisión que vuelve a poner en el punto de mira al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y especialmente a su gestora, Raquel Sánchez, que está demostrando las serias dificultades del Gobierno nacional de Pedro Sánchez para controlar la «crisis de los transportistas», que ya se alarga desde hace meses en el país. Situación ante la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece no saber dar más soluciones que el desgaste de las arcas públicas españolas, a través de ayudas ineficaces que avocan a los conductores de este sector a engrosar las ya extensas listas del paro nacional.
Amenazaban con hacerlo, y han acabado cumpliendo con sus advertencias al Gobierno de España. Los profesionales del transporte han decidido este lunes que volverán a los paros indefinidos a partir del 13 de noviembre, a través de una votación que ha contado con el 86% de los votos a favor en el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Una votación que ha dejado claro el enfado de los transportistas, no sólo ante la actual crisis económica nacional, sino especialmente con las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, que han demostrado ser absolutamente ineficaces para controlar la crisis del transporte.
Algo que ha derivado en que el Ejecutivo nacional no ha sido capazo de cumplir con la aplicación de la ley que hace que los camioneros no puedan trabajar a pérdidas, poniendo nuevamente en el punto de mira de todas las críticas a Raquel Sánchez, ministra de Transportes, así como al propio Ejecutivo socialista en su conjunto.
LAS AYUDAS DEL GOBIERNO NO SON SUFICIENTES
A pesar de sus aparentes esfuerzos por intentar solventar la actual crisis energética del país, lo cierto es que el Ministerio de Transportes de Raquel Sánchez no parece encontrar la solución idónea para los miles de transportistas que, abandonados una vez más a su suerte en las carreteras, han decidido paralizar sus vehículos el próximo domingo. Y es que el Gobierno nacional, así como el departamento de Raquel Sánchez, parecen haber centrado todas sus políticas en la concesión de ayudas a estos trabajadores. Ayudas que no han sido suficientes ni eficaces para parar la crisis del sector.
Así pues, una de las medidas «estrella» del Ejecutivo socialista, activada hace apenas unos meses, era la aprobación de un paquete de ayudas directas al sector de 450 millones de euros. Ayudas que se sumaban a otras medidas impuestas por el Gobierno, como la prohibición de que los conductores se encargasen de realizar el carga y descarga, o la limitación a una hora de este proceso en las calles durante el proceso de transporte.
Medidas que pronto se comprobaba que eran absolutamente insuficientes, pero que se sumaban a la decisión del Gobierno de crear la famosa bonificación de los carburantes en las gasolineras españolas, de 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Un descuento que era recibido con ciertas esperanzas, tanto por el sector como por los usuarios de vehículos privados. Sin embargo, esta ayuda, que ha supuesto un fuerte desembolso en las arcas públicas del Estado, no ha sido suficiente para evitar que muchos sean los transportistas que se vean avocados a trabajar en pérdidas, provocando la huelga del próximo domingo.
LA «PAGUITA» DE LOS TRANSPORTISTAS QUE «ABANDONEN LA ACTIVIDAD»
Ayudas y subvenciones del Estado nacional ante la crisis de los transportistas que muestran que, ante la aparente falta de gestión de «los Sánchez» en esta situación desesperada del sector, el Gobierno nacional no ha dudado en «vaciar» las arcas públicas del Estado, en busca de soluciones a corto plazo que le permitieran salir del paso.
«Paguitas» que no han conseguido el objetivo del Gobierno, que vuelve a verse entre la espada y la pared ante la desesperación de los profesionales del transporte por carretera. «El Gobierno ha cumplido con todos los acuerdos alcanzados con el sector del transporte» ha destacado la ministra de Transportes ante los medios de comunicación como El Mundo. Un compromiso que no ha sido suficiente para garantizar la sostenibilidad del servicio, tal y como lamentan los transportistas afectados.
Sin embargo, parece que estos constantes fracasos de las ayudas al transporte no han sido suficientes para que el Gobierno cambie de estrategia. Así pues, esta misma semana, el Ejecutivo anunciaba «el otorgamiento de ayudas en 2022 a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad». «Pagas» de 30.000 euros, de nuevo financiadas por las arcas públicas españolas, que parecen demostrar que, ante su incapacidad de gestión de la crisis de los transportistas, el Gobierno de España está de nuevo dispuesto a aumentar el gasto público para solventar la situación. Aunque esta ayuda implique que centenares de estos trabajadores de la carretera, imprescindibles para el correcto funcionamiento del país, acaben engrosando las listas de paro.
