Después de tanta lucha, las trabajadoras sexuales han logrado que el Congreso de los Diputados le dé luz verde a la posible creación de una subcomisión, dentro de la Comisión de Igualdad, para que se debata la situación de la prostitución y de las trabajadoras sexuales en el país.
La información la dio a conocer Susana Pastor, portavoz de la Asociación de Trabajadoras Sexuales (ASTRA), quien manifestó su alegría de que por fin en el seno del parlamento español les vayan a dar cabida para hablar sobre la situación real en la que ejercen este oficio, sobre todo después de todas las veces que han tenido que salir a la calle a manifestarse contra la aprobación de la Ley de abolición, que busca la modificación de varios artículos del Código Penal, con lo cual pretenden sancionar a quienes consuman prostitución y cualquier tipo de proxenetismo.
La petición de creación de esta subcomisión fue hecha por el grupo parlamentario vasco, que en su exposición de motivos señala la necesidad de hacer un estudio, con data confiable y precisa, sobre la situación de la prostitución en el Estado español, en todas sus vertientes, para realizar un diagnóstico veraz que permita legislar en consecuencia, desde una perspectiva global. Ahora esta petición debe pasar al Ministerio de Igualdad para que sea aprobada y se le pueda dar curso en el Parlamento, por lo que ahora depende de Irene Montero.
La intención, según dice el texto consignado en el Parlamento, «es dar voz a las personas prostitutas, a personas prostituidas, asociaciones de toda índole, expertos y expertas en la materia, poderes públicos… En definitiva, realizar un proceso de escucha que permita a todas las partes afectadas exponer sus realidades», dice el documento compartido.
Esta ley abolicionista, impulsada por el PSOE, ya ha comenzado a causar estragos y perjuicios a las trabajadoras sexuales, pues hace días, en Moncloa.com se recibieron denuncias de mujeres que se dedican a este oficio y que habían sido agredidas por un cliente, que pensaba que ya la ley había sido aprobada y que por lo tanto, tras recibir el servicio, las maltrató física y verbalmente, y las amenazó con denunciarlas a la policía, por pensar que lo que estaban haciendo era ilegal.
«Si se niega a que esta subcomsión salga adelante, ya haría el ridículo más grande del mundo la señora Montero. Ya yo se lo he dicho, si ella viene a conocernos y me demuestra, con datos, que 90% de las mujeres que se dedican al trabajo sexual están obligadas o que son parte de la trata de personas, yo dejo de trabajar de esto», expresó Pastor en conversación con Moncloa.com.
Los parlamentario vascos señalan en su escrito que «cualquier aproximación legislativa en torno a la prostitución debe ser acometida desde el realismo y sin urgencias, para lo que son necesarios datos, sosiego y una buena dosis de empatía. En todo caso, en lo que respecta a la vertiente delictiva y criminal, insistimos en que el Gobierno español debe presentar, en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley integral sobre la trata de seres humanos».
El texto señala que la subcomisión estará compuesta por el número de representantes de los grupos parlamentarios que la Comisión de Igualdad determine, en proporción a su representatividad y que tendrá que presentar un informe con toda la información que se logre recolectar, en un plazo máximo de seis meses y que una vez que este informe sea elaborado por la Comisión de Igualdad, deberá ser presentado al pleno del Congreso, para su debate y aprobación.
Desde que el PSOE presentó la propuesta, que fue avalada por la mayoría de los partidos políticos, las trabajadoras sexuales hicieron varias manifestaciones en diversas regiones del país, para pedir que las escucharan, pues para ellas el argumento de que la mayoría de las mujeres que se dedican a la prostitución no están obligadas, sino que lo hacen porque quieren, por lo que esta decisión es un logro ante la lucha que han emprendido.
Estas mujeres han denunciado que hay más casos de trata en trabajos como el campo y que en el caso de legislar, lo ideal sería que se lograran leyes que les garanticen a ellas los mismos derechos que un trabajador de cualquier otro rubro.
Diversas organizaciones de mujeres y hombres dedicados al trabajo sexual han solicitado reuniones con representantes de diversos grupos políticos y con el único partido con el cual no han logrado tener ningún acercamiento ha sido con Podemos y con sus líderes, y menos aún con la ministra Irene Montero, que es una de las figuras del Ejecutivo que más se ha encargado de defender el feminismo en todas sus vertientes.
En días pasados, las portavoces de varias organizaciones de mujeres dedicadas a la prostitución advirtieron que si el Gobierno insiste en aprobar la ley abolicionista, ellas se encargarían de publicar los nombres de todos los políticos que alguna vez han sido sus clientes, pues aseguran que parte de la iniciativa de querer sacar adelante esta reforma leal tiene que ver más con un tema moral que con un tema de prevención de delito o de ayudarlas a ellas.
Habrá que esperar entonces que sea la Comisión de Igualdad del Parlamento la que le dé cumplimiento a lo acordado y comience a conformar la Subcomisión, para que comiencen a darle forma a esta consulta, con la intención de escuchar a las trabajadoras sexuales en todas las demandas que tienen y a encontrarle el sentido a la reforma del Código Penal que pretende aprobar el PSOE.
