La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha pedido a diputados y senadores que aprender y tomar nota del centenar de ciudadanos españoles que tras siete meses de trabajo se han esforzado, concienciado y comprometido y han sido capaces de llegar a acuerdos y que alcancen un Pacto de Estado para hacer frente al cambio climático.
Batet ha puesto de ejemplo a los miembros de la Asamblea Ciudadana que sin ser expertos han dedicado siete meses de su vida a formarse, debatir y proponer soluciones contra el cambio climático.
«Esos ciudadanos son pluralidad de inquietudes, con soluciones distintas se han esforzado, concienciado, comprometido y han sido capaces de llegar a acuerdos», ha elogiado la presidenta de la Cámara Baja en el acto de presentación del Informe ‘Una España más segura y justa ante el cambio climático. ¿Cómo lo hacemos?’.
Así, ha valorado que no es un informe de un grupo de expertos ni un centro de pensamiento sino de un texto redactado por ciudadanos que han emitido 162 recomendaciones sobre la transformación necesaria y con propuestas sobre los cambios profundos que requiere enfrentar la emergencia climática. «Sólo serán posibles si los interiorizamos y se necesita un compromiso y una concienciación ciudadana», ha reflexionado.
A los representantes de la Asamblea les ha manifestado que ahora se merecen que los parlamentarios trabajen sus recomendaciones y que también sean capaces de llegar a acuerdos para adoptar medidas de carácter efectivo y real. «Debemos actuar desde la política y la sociedad, por los que estamos ahora aquí, pero sobre todo por los que vendrán. Tendremos que estar a su altura», ha añadido Batet, que ha urgido a considerar «seriamente» las recomendaciones emitidas por esta asamblea que emana de la Ley de Cambio Climático.
Si bien ha afirmado que la emergencia climática es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI, ha reconocido que la respuesta está siendo «compleja e insatisfactoria» porque se necesita una respuesta global, un compromiso global vinculante que a día de hoy no se ha logrado y porque ha de recaer en todos los países la posibilidad de actuar ya que los efectos de las actuaciones recaerán sobre todos.
Además, ha lamentado que «lo que se tiene que hacer afecta a intereses económicos y con mucho poder que están poniendo todo de su parte para descarrillar» aquello a lo que hay que aproximarse. Por ello, ha insistido en que la política ha de jugar un papel decisivo y no eludir su responsabilidad.
En concreto, ha reiterado a las distintas fuerzas políticas de la importancia de tejer consensos, llegar a puntos en común y logra un Pacto de Estado. «Necesitamos la política para comprometer al máximo actores y voluntades y para concienciar en la necesidad de actuar, pero esta lucha por nuestra supervivencia no la podemos ganar solo desde la política, sino que es vital el conjunto de la ciudadanía del conjunto de los países de toda la Tierra», ha concluido.
Durante su intervención, el presidente del Senado, Ander Gil, que ha comenzado su discurso transmitiendo su apoyo a los afectados por el incendio que sigue activo entre Burgos y Vizcaya, ha valorado el trabajo de los cien asambleístas ciudadanos por su «trascendencia» y contundencia al decir al poder legislativo que deben actuar «ya» ante la amenaza del cambio climático «con decisión y con medidas eficaces sostenibles» porque no hay tiempo que perder.
«No cabe timidez ni negacionismo. Se necesitan medidas audaces y alineadas con la ciencia», ha asegurado Gil que cree que la ciudadanía debe ser escuchada «siempre» porque «la voz de la ciudadanía no se agota en el voto» y los poderes del Estado actuar en consecuencia.
Gil ha mostrado su preocupación porque queda «mucho por hacer y hace falta mucho más consenso» y sobre todo por el «negacionismo campa en ciertos sectores y grupos». «Nuestro país y planeta está pidiendo auxilio y no tenemos derecho a no responder adecuadamente», considera el presidente del Senado, que ha querido insistir en que la emergencia es «dramáticametne real» y a pesar de ello sigue habiendo negacionistas.
«El cambio climático no es algo en lo que se pueda creer o no. Es algo que está sucediendo», ha declarado, al tiempo que considera que la resiliencia climática solo es posible si se cuenta con todos los sectores de España.
RECOMENDACIONES CIUDADANAS
Durante el evento, cinco portavoces, uno por cada capítulo del informe (consumo, alimentación y usos de suelo, vida y cuidados, trabajo y ecosistemas) han expuesto las conclusiones más relevantes.
En materia de consumo, los asambleístas apuestan por implantar una visión nueva de cómo consumir con políticas que prioricen el consumo local y duradero, con comunidades energéticas y regular el precio de la electricidad; una agricultura verde y sostenible y que el concepto de consumo responsable forme parte del currículum educativo.
En el área de alimentación y usos de suelo, los portavoces han abogado por una vuelta a la dieta mediterránea, luchar contra el desperdicio alimentario y un nuevo modelo agrícola.
Respecto a los cuidados y la salud, han instado a reforzar la sanidad pública para abordar la cuestión con un enfoque integral de cambio climático que provocará nuevos virus, golpes de calor, desertificación, ecocidios, incendios, entre otras catástrofes así como a través de la prevención, la formación, la información y la divulgación a toda la ciudadanía.
En materia de trabajo, las recomendaciones incluyen la propuesta de incentivar a las empresas en materia de fiscalidad, en financiación de ahorro, especialmente a autónomos y pymes para que la transición justa esté garantizada. Este área incorpora medidas concretas ligadas al transporte público, al fomento del teletrabajo o la restauración de espacios naturales degradados, sobre todo en las zonas mineras abandonadas.
Por último, en el ámbito de la vida y lo ecosistemas, han transmitido a los diputados y senadores en la importancia de definir el ecocidio en el marco penal español y de actuar no solo en espacios naturales sino en los enclaves urbanos, donde vive el 84 por ciento de la población, para garantizar el acceso al agua a todos los habitantes del país, adaptar la normativa urbanística a un nuevo sistema de vida encaminada a enfrentar los efectos del cambio climático.
