El Partido Popular también está en campaña y aunque no cuenta con los recursos del Estado para hacer promesas electorales que incluyan medidas económicas, ha decidido pegar fuerte presentando un plan contra el delito de la okupación, señalando que no se trata de un tema de derechas ni de izquierdas sino que se trata de un delito, a pesar de lo que ha sido el discurso de Podemos.
Así lo planteó Alberto Núñez Feijoo, en el medio de la primera reunión de las convenciones sectoriales que el partido pretende realizar en todo el país, como camino de preparación para las elecciones generales del próximo año, donde buscan sacar del escenario político a Podemos y a todos los movimientos de la izquierda española que de alguna u otra manera propician la okupación ilegal.
Pese a que el líder de los Populares sabe que no cuenta con los recursos económicos que puede prometer el Gobierno de Pedro Sánchez, señaló que una de las medidas que propone el partido es que a las personas que sean víctimas de okupas se les devuelva a las víctimas las cantidades de dinero correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del ayuntamiento donde esté ubicada la vivienda, el impuesto al patrimonio, en las Comunidades donde aplique ese impuesto, por el tiempo que permanezca invadida la residencia.
Feijoo adelantó que el Partido Popular presentó una propuesta de Ley Orgánica, que esperan que sea debatida entes de que finalice el año, en el seno del Congreso de los Diputados, y que contempla, entre otras cosas, el aumento de las penas del delito de usurpación de viviendas hasta en tres años de prisión.
Quizá uno de los ganchos más atractivos de la propuesta del Partido Popular es el hecho de que se pueda desalojar inmediatamente a quienes sean encontrados, flagrantemente, okupando una vivienda, así como desalojos en plazos máximos de 24 horas desde el momento en el que se haga el requerimiento a las autoridades.
Otro de los elementos que propone el máximo líder del Partido Popular es que se considere nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal y que se les prohíba a estas personas que el inmueble okupado ilegalmente pueda tener denominación de morada o domicilio.
Mientras el PP trata de promover estas iniciativas que preocupan a gran parte de la población, desde Podemos están presionando al Ejecutivo para que se apruebe la Ley Vivienda, que busca una regulación de las hipotecas, así como la prohibición de que se hagan desahucios, lo que podría propiciar que se registren más okupaciones ilegales, pues en la actualidad, no existe manera de desalojar a estas personas, a menos que haya una decisión judicial y que en muchas oportunidades pueden pasar hasta dos años hasta el momento en que haya una sentencia.
Feijoo también habló sobre la necesidad de reforzar los recursos para los organismos de seguridad del Estado, para que puedan actuar de manera efectiva contra quienes se dedican a cometer este tipo de delitos, que se han incrementado significativamente durante los últimos años.
Desde el principal partido de la oposición han querido hacer énfasis en la necesidad de destacar que las okupaciones son un delito y que como tal, deben ser condenados y que quienes se dediquen a ello deben ser sancionados ejemplarmente por la ley, por lo que es necesario que estas se ajusten para que los funcionarios de los cuerpos de seguridad estén capacitados y habilitados para actuar en el momento en que reciben información sobre este tipo de situaciones.
En su discurso, el líder del Partido Popular ironizó sobre el hecho de que nadie que tiene la llave de una vivienda tiene la necesidad de derribar una puerta y que ante este tipo de eventos, cuando se consiga a estas personas, de manera flagrante, se proceda a hacer un desalojo de manera inmediata.
En España, para nadie es un secreto que desde que Pedro Sánchez tuvo que pactar con los partidos de izquierda, como Podemos, para formar un Gobierno, este tipo de situaciones comenzaron a incrementarse en todo el país, porque con el discurso de que son un Gobierno socialista para los ciudadanos, han fomentado la okupación.
Para los socialistas de Podemos, impulsar la aprobación de la Ley de Viviendas es una de las promesas para atraer a más votantes, justo en esta época en la que saben que el partido no atraviesa por su mejor momento, a nivel electoral y que saben que la primera prueba de fuego será en mayo, con las autonómicas y municipales, y mientras por este lado impulsan esta ley, Pedro Sánchez utiliza en este momento el aumento de las pensiones, pues sabe que es un nicho efectivo para recolectar los votos de la población mayor y que podría surtirle efecto para las elecciones generales que se realizarán a final del próximo año.
