La Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía ha anunciado este lunes la apertura de una queja de oficio después de recibir la información del sector de que la Junta de Andalucía retirara la subvención que destina para la atención a menores extranjeros no acompañados, que traerá consigo «la supresión de 407 plazas residenciales subvencionadas».
De estas 407 plazas actualmente se encuentran ocupadas 341, 195 por menores y 146 por jóvenes que ya habrían alcanzado la mayoría de edad, y vacantes solo 66, que «están a disposición del ente público y en espera del ingreso de algún menor».
«Ante tales hechos, desde la responsabilidad del Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, hemos acordado iniciar, de oficio, un expediente de queja solicitando a la administración la emisión de un informe sobre los motivos que han determinado la modificación de los actuales programas asistenciales de atención a menores inmigrantes en Andalucía», ha señalado el Defensor en su página web.
«Esta problemática nos fue expuesta por una de estas entidades, presentándonos una queja en la que se exponía la acuciante situación que se produciría de no renovarse el programa de subvenciones para un nuevo período, venciendo por tanto la vigencia de los contratos suscritos con la Junta de Andalucía, y quedando ya sin cobertura legal para ejercer las funciones que venían desarrollando en protección de los menores», ha esgrimido la Oficina del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo inquiere a la Consejería de Igualdad para que «nos traslade las acciones y actuaciones programadas para garantizar la continuidad de las medidas de protección inherentes a su condición de menores en situación de desamparo», que hace extensivas a «las medidas de atención y apoyo previstas para aquellos chicos que ya hubieran alcanzado la mayoría de edad».
La Oficina del Defensor del Pueblo sostiene que la situación «se ha visto agravada como consecuencia de la situación excepcional generada a continuación del estado de alarma sanitaria decretado por el Gobierno de España por la pandemia de Covid-19″, circunstancia que ha llevado a las asociaciones «a redoblar sus esfuerzos para la atención de los menores cumpliendo con las medidas de restricción de desplazamientos y confinamiento domiciliario para evitar la propagación de contagios de la enfermedad.
El Defensor del Pueblo, que ha asegurado que se encontraba a la espera de «recibir respuesta de la Dirección General de Infancia y Conciliación sobre esta problemática», tras las noticias publicadas por los medios de comunicación sobre las comunicaciones recibidas por las entidades procedentes de la Junta de Andalucía acerca de una reprogramación presupuestaria por la crisis ocasionada por el coronavirus, esto le lleva a explicar que «nos obliga a intervenir ante el ente público para interesarnos por la continuidad de la prestación asistencial a los menores inmigrantes objeto de protección en dichos centros residenciales.
El Defensor del Pueblo ha asegurado que «otro colectivo por el que esta Defensoría se ha de interesar se refiere a aquellos internos, sobre los que existen dudas de su edad, o que ya habrían alcanzado la mayoría de edad, y que también venían siendo atendidos con cargo a estos programas públicos de subvenciones, cuya continuidad también se ve comprometida como consecuencia de la decisión adoptada por la Junta de Andalucía, y que quedarían en una situación de precariedad si no se les ofrecen otros recursos y ayudas alternativas, lo que conllevaría verse abocados a encontrarse en la calle precisamente en una situación de confinamiento.
