El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este lunes un recurso de su formación a la orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional que regula el fin del curso escolar y el inicio del siguiente al considerar que crea un «agravio» entre comunidades cuando todos los alumnos deben tener el mismo tratamiento vivan donde vivan. A su entender, el Gobierno de Pedro Sánchez se «lava las manos» con la educación en medio de la crisis del coronavirus.
«Todos los alumnos, vivan donde vivan, deben de tener las mismas oportunidades y tratamiento», ha subrayado García Egea en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión que ha presidido el presidente del partido, Pablo Casado, con sus grupos parlamentarios en Congreso, Senado y Parlamento Europeo.
García Egea ha señalado que su partido ha presentado este recurso ante la Audiencia Nacional contra esa orden ministerial publicada el pasado 24 de abril por «conculcar la Ley Orgánica de Educación al establecer la promoción como norma general», «vaciar de contenido a través de un reglamento un precepto legal que desarrolla un derecho fundamental» y por «violar el artículo 6 de la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio».
Sabemos que este Gobierno tiene un problema con el cumplimiento de las normas, no solo el Gobierno en su conjunto sino también los ministros de forma individual», ha dicho, para añadir que el PP debe estar «preparado» para que la ley se cumpla y «controlar» que así se haga.
Esta orden del ministerio que dirige Isabel Celaá recoge el acuerdo alcanzado por la mayoría de las comunidades autónomas, incluida Galicia, gobernada por el Partido Popular, en una reunión de la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 15 de abril con criterios para la evaluación de este curso, que millones de estudiantes siguen a distancia desde el pasado 16 de marzo por el cierre de centros educativos decretado para mitigar la pandemia del coronavirus.
Cinco comunidades autónomas se descolgaron de este acuerdo, las cuatro donde el PP gobierna en coalición con Ciudadanos (Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia) y Euskadi. El gobierno vasco argumentó que la orden invadía sus competencias mientras las cuatro comunidades de PP y CS reclamaron a Celaá que fijase un criterio común en toda España para la promoción y titulación este curso.
La orden establece que la repetición de curso debe ser «muy excepcional» para evitar que la pandemia del coronavirus pueda «perjudicar» al alumnado afectado por el cambio a la enseñanza a distancia, y permite a las comunidades autónomas competentes «flexibilizar» los criterios de evaluación, promoción y titulación «sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes».
«Los estudiantes promocionarán de curso y la repetición se considerará una medida de carácter excepcional, que se adoptará en todo caso de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante durante el periodo previo a la suspensión de la actividad lectiva presencial», señala la orden que establece las directrices para el tercer trimestre del curso actual.
RECHAZA DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
García Egea ha afirmado que en materia educativa el Ejecutivo «se ha lavado las manos y se ha echado a un lado», dado que no puede haber «diferencias» entre las distintas comunidades autónomas y crear «agravios».
«Si tiene mando único y estamos todos saliendo del desconfinamiento, no puede ser que el Gobierno se lave las manos sobre la manera de concluir el curso escolar, creando un enorme agravio entre los alumnos de las distintas comunidades autónomas», ha abundado.
En este sentido, ha señalado que el PP no puede permitir ese «agravio» y todos los alumnos vivan donde vivan deben tener el mismo tratamiento. A su entender, la decisión del Gobierno es una «falta de respeto gravísima» a la función de los colegios, al trabajo de los docentes y al esfuerzo de los alumnos.
CELAÁ DEJA EN LA «ORFANDAD» A LOS ALUMNOS
García Egea ha señalado que esa orden ministerial deja en la «más completa orfandad a los alumnos, a los profesores y a la comunidad educativa». Así, ha criticado que «hoy el Gobierno no ejezca su liderazgo» a «muy pocas semanas de que concluya el curso escolar».
«Si la señora Celaá lo que quería era lavarse las manos, lo que tenía que haber hecho es quedarse en su casa y no ser ministra de Educación», ha aseverado, para añadir que cuando uno es ministro debe «tomar decisiones».
En este sentido, ha avisado de que «ante la falta de toma de decisiones o diligencia» el PP acudirá a los tribunales «con mucho rigor» como han hecho hoy con esta orden ministerial, con el consenso de «todos los consejeros de Educación» del Partido Popular.
