El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, se toma las cosas con calma. El popular ha desempolvado un expediente de 2020 para sancionar dos años después al Canal de Isabel II a través de una de sus directoras generales. La multa es de más de 40.000 euros. Y la razón por la que el consejero de Isabel Díaz Ayuso les ha crujido es por no garantizar que otras empresas recibieran la información adecuada y las instrucciones precisas para unos procedimientos de trabajo. Lo que ha llamado la atención en Sol es que Javier Fernández-Lasquetty haya desempolvado esta sanción dos años después. El consejero de Hacienda ha decidido formalizarla ahora pese a que los hechos ocurrieron en noviembre de 2020. «Tiene que estar buena la abrecartas que preside el Canal», detallan fuentes populares.
«Infracción cometida: no garantizar que el resto de empresas presentes en el centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación a las condiciones del terreno y procedimientos de trabajo para evitar el riesgo de sepultamiento, realizándose actividades con riesgos especiales», detallan en un documento al que ha tenido acceso MONCLOA.com. La directora general que ha firmado esta sanción a destiempo ha sido Silvia Marina Parra Rudilla. Pero quien aseguran fuentes de Sol que está al frente de esto es nada menos que el propio consejero de Hacienda, alguien que goza de la confianza de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En el Partido Popular no ha pasado desapercibida esta sanción. No es casual que la Comunidad de Madrid utilice el Canal de Isabel II para cuestiones peculiares, especialmente en cuanto a los pagos se refiere. Ver cuentas pendientes del Canal es de lo más común. Y que se paguen fuera de fecha también. El problema es que en este caso se trata de una sanción de 40.986,00 euros calificada de «muy grave». En Sol entienden que es un procedimiento normal, pero en el PP tienen serias dudas. Hasta el punto de que esta información ha circulado por algunos grupos de Whatsapp de la Comunidad de Madrid más de lo que a Javier Fernández-Lasquetty le gustaría.
El consejero de Hacienda tiene puesto el ojo desde hace tiempo en el Canal de Isabel II. No solo por estas cuestiones, sino también por los negocios que mantienen en el extranjero y los problemas legales que trajeron, como es el caso del Canal en Colombia. Aún así, sorprende que se hable a nivel interno de una sanción que supera los 40.000 euros cuando los problemas con la Triple A son mucho más graves que esta multa a destiempo que le a caído dos años después al Canal.
Los movimientos de Lasquetty, sin embargo, no se ponen en duda. Es uno de los pocos consejeros de la Comunidad que goza de la total confianza de la presidenta. Hay quien incluso entiende que le preparan un futuro como candidato municipal en algún punto importante de la autonomía, incluida la capital. Pero sobretodo, el hecho de que le incluyeran en unas encuestas internas del partido dejó clara la confianza que Isabel Díaz Ayuso, ahora con el control absoluto de la formación a nivel territorial, está a prueba de bombas. Si ha tomado esta decisión, fuentes de Sol dejan claro que ha sido con el consentimiento de la presidenta.
EL PROBLEMA REAL: LA TRIPLE A
La empresa pública Canal de Isabel II ha cruzado el charco. A través de una filial llamada Triple A, la compañía madrileña ha conseguido ingresos millonarios por dar un servicio de abastecimiento y saneamiento del agua en Barranquilla. Sin embargo, este negocio millonario se ha truncado ya que el Gobierno colombiano decidió expropiar esta empresa española. Tras hacerse con ella, fuentes internas han asegurado que el Ejecutivo colombiano liderado entonces por Iván Duque ha vendido las acciones de la misma a unos empresarios afines. Enriqueciéndose de una filial española, los hermanos Daes y William Vélez se han llenado los bolsillos a pesar de la mediación española vía diplomática.
