El Congreso vota este jueves el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, la conocida como ‘Ley de startups’, tras aprobar más de 70 enmiendas a la norma, si bien ninguno afecta al régimen de incentivos fiscales previsto por el Gobierno.
La iniciativa llega a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pero al estar avocada al Pleno del Congreso deberá someterse a otra ronda de votaciones en el Hemiciclo para ser aprobada y enviada al Senado.
Hasta ahora, el Gobierno ha pactado cambios, principalmente con Cs (13), Junts (4), PP (3), Esquerra Republicana (3) y PDeCAT (3), y otras 27 enmiendas transaccionales con estos grupos, además de otras 19 pactadas entre PSOE y Unidas Podemos.
Estos cambios han servido para incorporar a las cooperativas al régimen de empresas emergentes, permitir el silencio administrativo positivo en el reconocimiento por parte de la Enisa (Empresa Nacional de Innovacion, S.A.) de una ‘startup’ o la profundización de los criterios a la hora de evaluar el grado de innovación y de escalabilidad de un negocio.
Otros cambios reconocen la capacidad de la Agencia Tributaria para comprobar si se cumplen y mantienen vigentes los requisitos necesarios para beneficiarse a los incentivos fiscales y eleva el umbral de la penalización prevista para revertir estos beneficios cuando haya una condena a uno de los socios, que sólo se aplicaría si el condenado cuenta con, al menos, un 5% del capital.
Por otro lado, se equipara el acceso a los beneficios por profesional altamente cualificado para personas con estudios de formación profesional y se eliminan los requisitos a las empresas para contar con estos trabajadores y se amplía un año más, hasta un total de dos, el permiso previsto para que estudiantes extranjeros de educación superior puedan encontrar empleo o iniciar un proyecto empresarial una vez concluyan sus estudios.
Sin embargo, ninguno de los cambios alteran el régimen de beneficios fiscales contemplado en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, con una fiscalidad más favorable tanto para las empresas como para los trabajadores.
Lejos de ampliar estos incentivos, los grupos han acordado acabar con la exención de los aranceles notariales o registrales prevista para los emprendedores que se acojan al Estatuto de empresas emergentes y completaran su tramitación de forma telemática.
Según el cambio introducido, al que ha tenido acceso Europa Press, los aranceles notariales y registrales tendrán para estas empresas un coste de 60 y 40 euros, respectivamente, siempre y cuando el capital social de la empresa no alcance los 3.100 euros. El cambio tiene origen en una enmienda del PDeCAT, y también había sido propuesto por Vox.
Por otro lado, la norma también ha servido al Gobierno para impulsar dos cambios legales ajenos a la nueva normativa de ‘startups’, como son la trasposición de la directiva de transparencia fiscal para las multinacionales y la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (IA).
En el primero de los casos, se obliga a toda empresa dominante de un grupo que supere 750 millones de euros en ingresos anuales a detallar información separada por cada Estado miembro en el que opere sobre sus ingresos, el importe de beneficios o pérdidas antes de impuestos, o el importe del impuesto abonado.
Respecto a la nueva agencia, se contempla entre sus objetivos la supervisión de la puesta en marcha, uso o comercialización de sistemas que incluyan IA y, especialmente, aquellos que puedan suponer riesgos significativos para la salud, seguridad y los derechos fundamentales, y su capacidad inspectora y sancionadora.
