La corrupción venezolana ha dado para todo tipo de trampas y negocios truculentos en muchos rincones del mundo y España no podía ser la excepción. Este jueves 6 de octubre le llegó la hora de declarar ante un tribunal a los 12 implicados en la investigación que lleva a cabo el Estado español donde se habla de una mafia conformada por empresarios, ex políticos venezolanos y miembros de la Policía Nacional que se organizaron para obtener beneficios económicos y judiciales a cambio de información relacionada con las relaciones que tenía Podemos con el régimen venezolano, desde el época en que el poder estaba en manos de Hugo Chávez.
Entre los 13 citados para comparecer ante el Juzgado 29 de Instrucción de Madrid, a cargo de la jueza Cristina Díaz Márquez, estuvo el abogado José Martín Aliste, quien ha sido señalado de supuestamente haber cobrado más de 1.1 millones de euros a los exfuncionarios chavistas que llegaron a España y que ofrecían a la Policía Nacional información acerca de las relaciones de los directivos del partido morado con el régimen venezolano, a cambio de un trato «especial» que los excluyera de cualquier investigación que tuviera que ver con algún caso de corrupción y documentos para que pudieran vivir de manera regular en el país.
La cita estaba acordada para las 10:30 am y estaban convocados a comparecer Daniel Renuncio Mateos, Concepción Valenzuela Sanza, Alberto Galán Fereres, David Barriguete Mendo, Noelia Serrano Ramos, Martín Alberto Rodil Álvarez, José Manuel Betanzos Ibarra, Guillermo Martínez Jiménez, Ignacio Sánchez Cumba, Ralph Steinmann y José Vicente Amparan Croquer y en la lista también aparecía el nombre de Luis Fernando Vuttef García, quien era uno de los investigados por haber participado en esta trama corrupta, pero que fue detenido en Suiza en junio y extraditado a Estados Unidos en agosto, pues la justicia norteamericana también lo solicitaba por una investigación relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero proveniente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
A estas personas se les investiga además por supuestamente haber introducido al sistema financiero español millones de dólares, provenientes de presuntos actos de corrupción cometidos a través de la compañía petrolera venezolana. La operación de investigación, que ha sido denominada por las autoridades españolas como el caso «Caranjuez», dejó al descubierto toda una red de corrupción que se coló hasta lo más alto de las filas de la policía y que se valió del poder y la corrupción para gestionar importantes cantidades de dinero.
La red funcionaba de la siguiente manera: los ex funcionarios del chavismo contrataban los servicios de los abogados en España para que se encargaran de introducir el dinero «lavado» y que gestionaran su arribo al país, so pena de además ofrecer datos sobre Podemos, que luego se determinó que iban a parar a manos de las autoridades policiales, durante la era del gobierno de Mariano Rajoy.
Aliste, que fue uno de los citados ante la justicia, era una de las piezas claves de este entramado corrupto, pues aparece mencionado en las investigaciones como la persona que consiguió una reunión con Eugenio Pino, ex director de la Policía Nacional y de acuerdo con su testimonio, este funcionarios supuestamente le habría pedido información directamente sobre los líderes de Podemos y documentos que los vincularan con el chavismo.
Las autoridades españolas también tienen en su poder consignados documentos de supuestas conversaciones entre Vuteff y funcionarios donde abogan por la situación legal del ex ministro Nervis Villalobos, que también ha sido investigado por la justicia, por un supuesto caso de lavado de dinero proveniente de PDVSA, que recientemente fue archivado por la Audiencia Nacional y cuya decisión fue recurrida por la Fiscalía del Estado, pero que también pudo haber sido una de las víctimas de las extorsiones de toda esta trama corrupta.
Al final, España se ha convertido en un sitio de huida de muchos de los funcionarios del chavismo que tras haber obtenido importantes cantidades de dinero, provenientes de negocios poco lícitos con el Estado venezolano, aprovechando sus posiciones dentro del Gobierno chavista y el poco control que ha existido en el país caribeño durante las últimas dos décadas.
Toda esta investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que poco a poco fue atando cabos sobre hechos que inicialmente parecían aislados y que al final destaparon un escándalo de corrupción que dejó al descubierto cómo España y algunas de sus autoridades se han prestado para lavarle la cara al chavismo, a cambio de información, sin importar los hechos de corrupción que estas personas habían cometido en el país caribeño, todo con la intención de incriminar a los miembros de la tolda morada, cuyos vínculos con el chavismo son conocidos, pues dos de sus principales líderes estuvieron durante muchos años vinculados directamente con el dictador Hugo Chávez.
