La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha instado a las comunidades autónomas a actuar en el caso de los colegios concertados que cobren cuotas a las familias a través de la inspección educativa y ha recordado el cumplimiento de la Lomloe que prohíbe expresamente el pago de cuotas.
«La ley es una ley orgánica muy clara y recoge que todas las familias tienen derecho a una educación gratuita y si esto no es así, las comunidades autónomas, a través de la inspección, tienen que actuar», ha explicado la titular de Educación en una entrevista al ser preguntada por el Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados elaborado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), según el cual, el 90% de los centros concertados cobran cuotas por enseñanzas obligatorias.
Sobre la posibilidad de que sea el Ministerio el que actúe ante posibles incumplimientos de la ley, Alegría ha recordado que el Gobierno tiene transferidas las competencias en materia educativa a las comunidad autónomas, con la excepción de Ceuta y Melilla. «Las cuestiones que planteamos con las comunidades es trabajo colaborativo; son ellas quienes tienen la autonomía en materia educativa«, ha añadido la ministra.
Respecto a la implantación del coordinador de bienestar que contempla también la Lomloe, Alegría ha asgeurado que la gran parte de las comunidades autónomas «lo han puesto en marcha dentro de su plantificación educativa y otras lo irán poniendo».
La ministra también se ha referido a las ratios en las aulas y ha defendido la mejora de las ratios profesor/alumno para garantizar «una educación más personalizada y más medios a los docentes; si esto es lo que queremos conseguir hay que ver cómo podemos mejorar la ratio profesor alumno, que no es muy distinto al número de alumnos por aula«, ha indicado Alegría.
Con este objetivo, ha animado a las comunidades autónomas que han registrado un descenso de natalidad a aprovechar la circunstancia para reducir las ratios. «Les hemos planteado que aprovechen ese descenso de la natalidad, que en ningún caso se convierta en una reducción de docentes», ha concluido.
