El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará a partir de este miércoles y hasta el viernes al conseller Roger Torrent y a los miembros independentistas de la Mesa del Parlamento de Cataluña que presidió entre 2018 y 2021 por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar resoluciones relacionadas con el proceso independentista.
El juicio empezará el miércoles a las 10 horas con el trámite de cuestiones previas, el jueves declararán siete testigos y el viernes será el turno de los interrogatorios a los acusados.
Torrent se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de un año y ocho meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros, y la Fiscalía reclama la misma condena para el exsecretario primero de la Mesa Eusebi Campdepadrós y el exvicepresidente primero Josep Costa.
Para la entonces secretaria cuarta de la Cámara, Adriana Delgado, la acusación pública pide una pena de 16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa por tramitar propuestas de resolución supuestamente a sabiendas de que suponían desoír varios autos y sentencias del TC que anteriormente ya habían anulado resoluciones del Parlament relacionadas con el proceso independentista y el derecho autodeterminación, y otras que reprobaban al Rey.
El juicio llega solo unos días después de que las defensas de Torrent, Campdepadrós y Delgado pidieran suspenderlo dado que la Fiscalía ha pedido anular la recusación del juez Carlos Ramos.
Además de Ramos, ha sido apartado del juicio el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, a causa de una recusación que presentó Costa.
La recusación de Ramos está pendiente del incidente de nulidad que presentó la Fiscalía, pero el TSJC ha rechazado que sea un motivo para aplazar el juicio porque la petición de nulidad aún «ni siquiera se ha admitido a trámite».
Otro aspecto que ha marcado las semanas previas al juicio en esta causa es la defensa de Costa, que como abogado ha optado por defenderse a sí mismo en el juicio.
El TSJC decidió asignarle un abogado de oficio apelando al derecho a la defensa y ante la «previsión» de que Costa no comparezca en el juicio y, por tanto, no tuviera abogado para defenderle.
Costa recurrió la decisión y finalmente el tribunal le ha retirado el abogado de oficio que le había asignado, admitiendo que la medida tuvo «carácter preventivo y podría inferir en el derecho a la libre designación de abogado».
