El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha cuestionado que el Ministerio del Interior esté utilizando la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, la conocida como ‘ley mordaza’ por sus detractores, para sancionar a los ciudadanos por incumplir las restricciones del estado de alarma derivado del coronavirus. A su juicio, debería aplicarse la Ley de Salud Pública.
«No nos parece que es lo más adecuado ni lo más necesario utilizar la ‘ley mordaza’ para garantizar el cumplimiento de las medidas de confinamiento del estado de alarma», ha manifestado Santiago en una entrevista con Europa Press.
El PSOE y Unidas Podemos recurrieron ante el Tribunal Constitucional, esa ley de Seguridad Ciudadana del primer Gobierno Rajoy, aunque todavía no hay sentencia. Eso sí, ambas formaciones han prometido derogarla en su pacto de gobierno, pero ese compromiso aún no se ha llevado a efecto.
A su juicio, sería «mucho más práctico y ajustado al a realidad» utilizar leyes como la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud Pública, que contemplan mecanismos sancionadores, y sólo «como última opción» echar mano de la Ley de Seguridad Ciudadana para los reincidentes.
«Pero, de entrada, aplicar una ley que penaliza más duramente habiendo otras posibilidades previas no nos parece adecuado ni a nosotros, ni a la Abogacía del Estado, ni al Defensor del Pueblo», ha insistido el diputado madrileño, quien ha apuntado que desde Unidas Podemos están trabajando para esta situación se corrija.
CRIMINALIZAR LOS BULOS CONTRA EL GOBIERNO
Preguntado por la campaña de Unidas Podemos de denunciar en la Fiscalía supuestos bulos contra el Gobierno al mismo tiempo que piden garantizar la libertad de expresión de quienes critican instituciones como la Monarquía, el diputado y abogado ha apelado al principio de legalidad: «Mientras que no existan las normas que a nosotros nos gustarían, se utilizarán las que existan –ha resumido–. ¡Qué le vamos a hacer!».
Y es que el líder del PCE desearía una reforma integral de estos delitos para acabar con algunos tipos que le parecen «demasiado reforzados», pero también para crear otros «para perseguir maniobras claramente de desestabilizacion», como a su juicio ocurre con los bulos.
«La mentira no puede ser criminalizable, pero su uso para dañar las instituciones, sí –sostiene–. Me gustaría que hubiera una norma que criminalizara la utilización fraudulenta de las mentiras con fines de desestabilizar las instituciones y causar daño a la población».
