La ministra de Empleo, Yolanda Díaz, ha enviado a una legión de inspectores a revisar cuáles eran las condiciones de los trabajadores del campo. En un principio, desde la patronal agraria lo sintieron como un ataque que no buscaba otra cosa que estigmatizar a este sector. Tan «sorprendente» les pareció el hecho de que la ministra quisiera buscar condiciones de «esclavitud» en las explotaciones agrícolas que incluso llegaron a pedir la dimisión de Yolanda Díaz. Sin embargo, unos días después de que los inspectores salieran en busca de infracciones, se han empezado a ver los resultados. Y parece que esas inspecciones han dado con más de un caso de explotación en el campo.
Los datos de detenciones a lo largo de este año desde luego dan la razón a Díaz, al menos en el caso de que existen muchos casos de explotación en el sector agrario. No es común que salte a los titulares que un empresario de Huelva, por ejemplo, de la localidad de Palos de la Frontera, se dedicaba a explotar inmigrantes irregulares; razón por la que fue detenido en febrero de este año. O que 11 personas hayan sido detenidas este 15 de mayo en Medina del Campo (Valladolid) porque se dedicaban a explotar a trabajadores para después hacinarlos en unos pisos. Pero estas
Las sospechas de Díaz para lanzar una ofensiva de inspecciones contra el sector agrario están fundadas en estos hechos. Y si se revisa el historial de detenciones que se han producido desde que estallara el estado de alarma a causa de la crisis del coronavirus, con más razón.
A principios de mayo, en Córdoba, la Policía Nacional dio con un grupo de 14 extranjeros que se dedicaban a promover la explotación laboral. Las mujeres que traían de otros países, como Rumanía, estaban obligadas a mantener relaciones sexuales con los jefes de las empresas. Y los hombres, explotados con jornadas laborales de 14 horas, pernoctando en situaciones de hacinamiento y cobrando unos 180 euros al mes, tal y como detalló la Policía.
A su vez, con la llegada de mayo, en Murcia han empezado a sucederse lo que se conocen como furgonetas pirata, que consiste en transportar de forma ilegal a trabajadores para el sector agrario. Mano de obra barata e irregular que traen de forma clandestina dentro de furgonetas. Tal es el problema que genera este tipo de práctica que incluso la patronal de las empresas de Transporte de Murcia (Froet), ha pedido a la delegación del Gobierno de la provincia que intensifique los controles para evitar que estos trabajadores lleguen a sus puestos precarios.
En Castellón, la cosa es similar. Recientemente, en marzo de este año, un matrimonio rumano fue detenido por captar y explotar hasta a 1.000 personas para recoger naranjas. Se los traían de otros países en situación irregular y les explotaban en las fincas para que descargaran cajas y cajas de esta fruta tan codiciada. Daba igual que los trabajadores tuvieran o no los papeles en regla o que incluso fueran menores de edad. El caso era explotarlos y sacar el máximo beneficio posible.
En Córdoba, el sindicato Comisiones Obreras no quiso dejar pasar otra gran cantidad de irregularidades que se sucedían en el sector agrario. Según ha denunciado el sindicato a principios de mayo de este año, el convenio para el campo no se ha aplicado como debería durante la campaña de la recogida de la haba en muchos municipios de la provincia. Cuando se habla de que no se aplica el convenio a lo que se refiere Comisiones Obreras es a que no se pagan los sueldos, y cuando se hace, lo hacen en negro, y que los salarios que pagan a los explotados están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
Con todo esto, la ministra de Trabajo ha considerado oportuno lanzar una ofensiva contra la patronal agraria que se basa en controles e inspecciones. Algo que no parece haber sentado demasiado bien a quienes dirigen ese sector, que directamente han pedido la cabeza política de Díaz por algo que consideran un insulto. Para la patronal agraria, las preguntas que la ministra de Empleo quiere responder son “inaceptables y propias de alguien que obra de mala fe movida por un sectarismo ideológico inadmisible y un desconocimiento absoluto de la realidad, que le hacen estar incapacitada para desempeñar sus funciones de ministra».
