El Congreso celebrará este martes una primera votación sobre el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero, al que se achacan indicios de delito por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).
La votación, a puerta cerrada, se producirá en la Comisión del Estatuto del Diputado, que es la que se encarga de revisar las compatibilidades profesionales y demás asuntos relativos a sus señorías.
Dicha comisión, que preside la socialista Adriana Lastra, dio de plazo a Casero hasta este lunes para presentar sus alegaciones, pero fuentes parlamentarias apuntan que el diputado del PP no tiene intención de comparecer ni presentar escrito alguno, lo que acelerará todo el procedimiento.
Según el Reglamento del Congreso, la Comisión del Estatuto del Diputado dispone de un máximo de 30 días hábiles para elevar una propuesta al Pleno de la Cámara, pero en este caso la previsión es votar este martes el dictamen favorable a conceder el suplicatorio y aprobar definitivamente su concesión en el próximo Pleno, previsiblemente el jueves 6 de octubre.
En concreto, el magistrado Andrés Palomo quiere el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado del PP al ver indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó como alcalde.
El diputado extremeño, un estrecho colaborado del ex secretario general del PP Teodoro García Egea que copó las primeras planas por su error que permitió aprobar la reforma laboral, era precisamente el representante del PP en la comisión que estudia los suplicatorios hasta que fue relevado en los cambios introducidos en el Grupo Popular tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova. Ahora la portavocía está en manos de Ángel Luis González.
El debate y votación de los suplicatorios, tanto en la Comisión del Estatuto del Diputado como en el Pleno del Congreso, se desarrolla a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, Batet dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El último que salió adelante fue el suplicatorio de la portavoz de Junts, Laura Borràs, en junio de 2020, dando luz verde al Tribunal Supremo para que fuera investigada por delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
En una votación secreta, el suplicatorio salió adelante con 293 síes de diputados del PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos; en contra se posicionaron los 14 que suman Junts y el PNV y se registraron también cinco abstenciones.
En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
