El Gobierno español ha dejado a su suerte a la venezolana, con nacionalidad española, Ángela Expósito, condenada a cumplir 24 años de prisión, tras ser señalada de participar en el supuesto atentado que sufrió Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, y en su lugar ha sido la Organización No Gubernamental venezolana Justicia, Encuentro y Perdón la que ha llevado ante la Asamblea General de la ONU el caso para denunciar las violaciones de derechos humanos de este y de otros casos de presos políticos del régimen venezolano.
La exposición se hizo en el marco de una conferencia donde presentaron casos de presos políticos de lo regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, para exponer ante el mundo las irregularidades cometidas por las autoridades de estos países con regímenes autoritarios, y dejar al descubierto cómo sufren las víctimas de estas violaciones y sus familiares.
Expósito está detenida en Venezuela desde septiembre de 2018 y fue condenada por la comisión de los delitos de asociación para delinquir y conspiración, por la jueza chavista Hennit López Mesa, quien la sentenció a ella y a otras 17 personas señaladas de haber tenido participación en el supuesto atentado que sufrió Nicolás Maduro en una concurrida avenida de la capital venezolana, en medio de la celebración de un desfile militar, cuando dos drones cargados de explosivos estallaron a muy pocos metros de la tarima donde estaba el mandatario venezolano.
«En Venezuela se cometen violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esta es una realidad indiscutible y tanto ello es así, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión Internacional Independiente de Determinación de hechos sobre Venezuela, coinciden en sus hallazgos: Existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución, por parte de autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno venezolano», dijo Martha Tineo Rodríguez, coordinadora de la ONG que se presentó ante la ONU para hablar sobre el caso de expósito y otros presos políticos del régimen.
La organización ha denunciado ante los demás países participantes de la 77º Asamblea de La ONU que en Venezuela hay más de 300 presos políticos, más miles de personas que han sido procesadas y se encuentran bajo la figura de la libertad condicional, a consecuencia de los atropellos cometidos por los organismos de seguridad del régimen venezolano.
Tineo hizo especial referencia al caso de Expósito, quien fue procesada, juzgada y sentenciada a cumplir una condena, siendo completamente inocente, solo por los testimonios de funcionarios que supuestamente participaron en su detención y la incriminaron.
«Ángela Expósito, una científica graduada cum laude en una de las universidades más prestigiosas de mi país (Venezuela), con publicaciones en revistas internacionales arbitradas y la fundación de una ong de protección animal en su haber. Nadie supo de ella durante un mes. Le arrancaron las uñas y el cuero cabelludo y le colocaron bolsas plásticas en su cabeza para asfixiarla, como parte de las torturas», relató Tineo ante los presentes en la ONU.
Antes de que concluyera el juicio contra Expósito, miembros de la ONG Foro Penal Venezolano, trataron de interceder ante las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores para que se gestionara la libertad de ella y otros dos venezolanos, con nacionalidad española que permanecen presos en Venezuela.
Sin embargo, las autoridades españolas, más allá de manifestar su preocupación por la situación, reconocieron que estaban prácticamente de manos atadas ante un eventual proceso de acercamiento con las autoridades venezolanas para tratar este tipo de casos.
«En mi país los presos políticos no son solo políticos. También son miembros de la sociedad civil, torturados en las formas más dantescas, golpeados con palos de golf y tablas, sometidos a descargas eléctricas e inmersión en tanques de agua. Confinados a celdas de castigo, incomunicados y sometidos a muy bajas temperaturas, sin noción de los días ni las horas», relató la portavoz de la ONG que llevó el caso de Expósito y de otro presos políticos venezolanos que están en los calabozos del régimen venezolano.
Junto a Expósito fueron sentenciados Juan Carlos Monasterio, Argenis Valera, Emirlendris Benítez, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Pedro Zambrano, Brayan Oropeza, Alejandro Pérez Gámez, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, José Miguel Estrada, Yanin Pernia. Todas estas personas fueron sentenciados a 30 años por los delitos homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio intencional calificado en grado de frustración por motivos fútiles y lanzamientos de artefactos explosivos es espacios públicos, traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir.
También sentenciaron a 20 años de prisión a José Eloy Rivas, por el delito de financiamiento al terrorismo; Héctor Armando Hernández Da Costa, condenado a 16 años de prisión por el delito de conspiración con agravantes y Winder Anderson Vázquez, condenado a 5 años por el delito de encubrimiento.
