La empresa pública española encargada de gestionar los recursos hídricos de la Comunidad de Madrid ha tenido una interesante idea para deshacerse de los trabajadores más longevos de su call center. Se trata del Canal de Isabel II y ha decidido llevarse su centro de atención telefónica a Valladolid a pesar de operar en Madrid. De este modo, más de 150 familias se han visto deslocalizadas laboralmente teniendo que barajar la posibilidad de dejar su puesto de trabajo. Además, Canal de Isabel II ha decidido otorgar estos servicios a dos empresas externas para que sean estas compañías las que se hagan cargo de sus indemnizaciones y costes. Ante tal situación, los afectados se han manifestado a las puertas de la empresa el pasado lunes 12 de septiembre de 2022 para reclamar que no se mermen sus derechos laborales.
Canal de Isabel II ha decidido otorgar estos servicios a dos empresas externas para que sean estas compañías las que se hagan cargo de sus indemnizaciones
Actualmente, el Canal de Isabel II cuenta con un equipo de 154 telefonistas que pasaran a formar parte de otras dos firmas por orden de la dirección del Canal. Se tratan de las empresas Servinform y Telecyl-Madison que ahora asumirán estos servicios de call center. Pero no lo harán desde la capital como hasta ahora ya que una de estas compañías tiene previsto ofrecer su servicio desde Valladolid, una ciudad ubicada a más de 200 kilómetros de Madrid.
Al ver sus condiciones laborales peligrar, los sindicatos de estos teleoperadores han sido llamados a huelga y han convocado una concentración ante la sede de Canal que se encuentra en el número 125 de la calle Santa Engracia (Madrid). Hasta allí se han trasladado instituciones políticas como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, que ha decidido apoyarles en su protesta. «La política debe servir para ayudar a que 150 familias no se vean al borde del abismo«, ha escrito la concejala madrileña en su cuenta de Twitter.
Al respaldo de las instituciones políticas también se une el apoyo sindical. «Canal de Isabel II no ofrece garantías de mantenimiento» de los puestos de trabajo, que «están en riesgo», dice la convocatoria remitida por la Unión General de trabajadores (UGT). «Lo más preocupante -denuncia el sindicato- es que, en esos mismos pliegos, se determina que en cada lote prestaran servicios 50 personas, cuando la plantilla actual es de 154 trabajadores y trabajadoras, por lo que, de inicio, el Canal ya se desentiende del futuro laboral de un tercio de la plantilla», denuncia UGT.
CANAL DE ISABEL II Y SUS PROBLEMAS EN COLOMBIA
A parte de llevarse el call center a Valladolid, la empresa pública Canal de Isabel II también ha cruzado el charco. A través de una filial llamada Triple A, la compañía madrileña ha conseguido ingresos millonarios por dar un servicio de abastecimiento y saneamiento del agua en Barranquilla. Sin embargo, este negocio millonario se ha truncado ya que el Gobierno colombiano decidió expropiar esta empresa española. Tras hacerse con ella, fuentes internas han asegurado que el Ejecutivo colombiano liderado entonces por Iván Duque ha vendido las acciones de la misma a unos empresarios afines. Enriqueciéndose de una filial española, los hermanos Daes y William Vélez se han llenado los bolsillos a pesar de la mediación española vía diplomática.
El Canal de Isabel II se hizo con Triple A en 2001. Lo hizo a través de su matriz Inassa, una empresa que aparece en los sumarios del caso Lezo. El Ejecutivo de Iván Duque consideró que Inassa cobró más de 60 millones a Triple A por asesorías técnicas que supuestamente no se produjeron por lo que activaron el mecanismo de enajenación temprana de acciones. Fuentes del Canal de Isabel II aseguran a MONCLOA.com que “esta cuestión sigue en proceso judicial, y la única sentencia que hay en relación a este tema es la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Colombia) que manifiesta de manera rotunda que la Procuraduría General de Colombia no ha aportado ni una sola prueba que avale su denuncia”.
No obstante, aprovechando esta sombra de corrupción, el 4 de octubre de 2018, el Gobierno colombiano presidido entonces por Iván Duque decidió congelar sus acciones por medio de la Fiscalía y la Procuraduría General de la República de Colombia. Así, se ordenó la suspensión del poder dispositivo y embargo de las acciones de Inassa en Triple A Barranquilla, entregando su custodia a la Sociedad de Activos Especiales, encargada de la administración de los bienes en este tipo de procesos.
En diciembre de 2021, “sin previo conocimiento ni consentimiento, ni indemnización alguna, y sin que exista ninguna sentencia judicial a favor de la argumentación de la Fiscalía y de la Procuraduría de Colombia, la Sociedad de Activos Especiales, procedió a la enajenación temprana (temprana porque no hay una sentencia judicial que lo avale) de las acciones de Inassa en Triple A Barranquilla a favor de una empresa mixta encargada del alumbrado de la ciudad”, aseguran fuentes del Canal de Isabel II en una conversación con MONCLOA.com.
