El PP ha recordado este martes, un día después de que el juez haya propuesto enviar suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra Alberto Casero por indicios de prevaricación, que antes del verano ya le abrió expediente informativo y que tomará más medidas si el juez le abre juicio oral, como recogen los Estatutos del partido.
Este lunes el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, a cargo de la investigación contra Casero, propuso dirigir un suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra el dirigente al ver indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.
Se trata de un trámite necesario para poder continuar con el procedimiento abreviado, ya que implica una inculpación formal que requiere con carácter previo la autorización del Congreso por la condición de diputado de Casero. El Supremo investiga al dirigente del PP desde el pasado marzo, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevó una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendió que había también indicios de un presunto delito de malversación.
«NO HA CAMBIADO SU SITUACIÓN PROCESAL»
Al ser preguntada expresamente en rueda de prensa si el PP va a tomar medidas contra el diputado extremeño, Gamarra ha explicado que ahora hay una solicitud de suplicatorio por parte de un juez «que tendrá que aprobarse o no». «Esto no ha afectado ni ha cambiado la situación procesal en la que se encuentra el diputado Casero y el PP actúa en base a nuestros Estatutos», ha proclamado, para añadir que no son «el partido del indulto» sino que actúan «desde la responsabilidad y la aplicación» de sus normas estatutarias.
La también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha reiterado que «no ha cambiado su situación procesal» de Casero y ha recordado que ya tiene un expediente informativo abierto, que es lo que «corresponde» en este momento. El pasado mes de junio, el PP ya apartó a Casero –parlamentario que permitió con su voto a favor la aprobación de la reforma laboral en la Cámara Baja– de la Comisión del Estatuto del Diputado, que es la que debe discutir el suplicatorio.
LO QUE DICEN LOS ESTATUTOS DEL PP
Los Estatutos del PP señalan, en su artículo 16, que cometerán infracción «muy grave», entre otras, los que incurran «en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos» o ante «la condena por un delito que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los presentes estatutos, según valoración motivada del Comité de Derechos y Garantías competente».
Las infracciones muy graves serán sancionadas con la suspensión de afiliación por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años; inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo; o expulsión del partido, siendo la primera y la segunda no excluyentes entre sí.
En caso de que se abriera juicio oral al diputado Casero, se prevé que el partido convierta el expediente informativo en disciplinario e inicie el proceso de tramitación del mismo en el Comité de Derechos y Garantías, con la designación de instructor y la presentación de alegaciones por parte del afectado.
