Las autoridades del régimen de Nicolás Maduro han aprovechado que desde España han abierto la puerta a extraditar a venezolanos, para iniciar la solicitud de extradición contra el ex ministro de Economía Nervis Villalobos y el ex ministro de PDVSA Rafael Ramírez, por supuestamente haber cobrado un financiamiento de 5.000 millones de dólares que habría dado la compañía Atlantic a la estatal petrolera venezolana en 2012, cuando ambos formaban parte del chavismo.
La solicitud de extradición la anunció el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, después que el ministro de Petróleos, Tareck El Aissami solicitara a este organismo que gestionara la petición ante las autoridades, pues los señalan de haberse apropiado del financiamiento que solicitaron en bolívares, pero que recibieron en dólares y que, tras ser recibido, jamás ingresó a las arcas de la compañía petrolera venezolana.
En Venezuela esta solicitud de extradición anunciada por la Fiscalía debe ser aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia, para que posteriormente sea la Cancillería venezolana la que haga las gestiones ante las autoridades españolas.
En España, de acuerdo con lo explicado por el abogado Oscar Arredondo, socio del despacho Andersen, una vez que Venezuela apruebe la solicitud de extradición, se debe hacer la petición o por vía diplomática o a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es la fase gubernamental del procedimiento.
El abogado señaló que una vez que se hace la petición, el régimen venezolano debe aportar todos los documentos necesarios para justificar esta solicitud que van desde documentos que identifiquen a las personas que solicita, hasta información sobre las investigaciones que tengan en ese país contra ellos, para validar el por qué son requeridos en extradición; después, en caso de que el Gobierno español admita la petición, comienza la fase judicial, donde la Audiencia Nacional debe oír a los solicitados en extradición y revisar la solicitud, y una vez que la aprueban, entonces pasa nuevamente a manos del Gobierno, que en Consejo de Ministros debe ratificar la aprobación para coordinar la entrega.
Fuentes allegadas al ex militar venezolano Hugo Armando «El Pollo» Carvajal, señalan que Ramírez sería el encargado de financiar a la familia del ex jefe de la contrainteligencia militar venezolana y que estaría haciendo su vida entre España e Italia, donde ha decidido refugiarse, después de haber salido huyendo de Venezuela, tras las acusaciones de corrupción.
En enero de este mismo año las autoridades italianas rechazaron extraditar a Ramírez, que estaba solicitado por el país caribeño desde 2018 y luego desde 2020, por casos de presunta malversación de fondos de la compañía estatal petrolera, que dirigió durante 10 años, en la época de más bonanza.
La Corte Suprema italiana argumentó que Ramírez no sería entregado al régimen venezolano, debido a los antecedentes de las denuncias de violación de derechos humanos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
En cuanto al ex ministro Nervis Villalobos, el pasado 1 de septiembre el juzgado 3 de Instrucción de Madrid ordenó el sobreseimiento provisional y archivo parcial de la investigación que se le seguía contra él y su esposa, Milagros Coromoto Torres, por un presunto caso de blanqueo de capitales de fondos provenientes de PDVSA y otras compañías públicas venezolanas como Corpoelec.
Esta es una de las cuatro piezas del expediente sobre la investigación que hay en los tribunales españoles sobre los manejos irregulares de fondos provenientes de la estatal petrolera venezolana, en la que aparece mencionado el ex ministro venezolano Villalobos, que ahora vive en España.
En esta petición de extradición conjunta para ambos ex ministros venezolanos las autoridades del régimen venezolano sugirieron que entre Ramírez y Villalobos se habrían apropiado de esos recursos que fueron aportados para PDVSA y que no fueron ingresados a la estatal petrolera, justo en un momento en el que en Venezuela había un férreo control de cambio, que fue impuesto por el fallecido Hugo Chávez desde 2003.
Habrá que esperar que las autoridades venezolanas den curso a la petición hecha por el fiscal general de ese país ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que sea entonces el canciller Félix Plasencia quien le dé curso ante el Gobierno español a la solicitud.
Lo curioso es que tanto Villalobos como Ramírez han sido durante la era chavista de los funcionarios de mayor peso dentro del régimen venezolano que ha mantenido el poder en el país suramericano desde hace más de dos décadas y que han ocasionado la peor crisis económica, política y social que ha vivido ese país, producto de la corrupción.
Ramírez se enfrentó al régimen de Nicolás Maduro desde 2017, cuando renunció a su cargo como embajador de Venezuela ante Naciones Unidas alegando que lo perseguían por ser disidente, tras haber estado más de una década al frente de la compañía más importante del país suramericano.
Mientras tanto, Villalobos se ha salvado de ser extraditado a Estados Unidos, después que la Audiencia Nacional rechazara la solicitud hecha por las autoridades norteamericanas, pero ahora tendrá que sortear a las autoridades de su propio país, mientras aparece en una investigación en España por un presunto caso de extorsión.
