Juristas de Gobierno Vasco plantean que se fijen 2 fechas de elecciones

El informe elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno Vasco plantea que se fije una primera fecha para celebrar las elecciones autonómicas vascas y una segunda alternativa por si la primera no se pudiera realizar por la pandemia del coronavirus, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha facilitado este análisis jurídico junto a un último informe sanitario, que subraya que los movimientos de los ciudadanos en una jornada electoral serían «posibles, presumiblemente, durante el periodo estival» –lo que avalaría la posibilidad de convocarlas para julio–, mientras que no hay «evidencias sólidas para saber con certeza» la evolución del covid-19 a partir del verano.

Para los expertos en salud, el mayor problema podría surgir en septiembre si, con la llegada de la gripe estacional, «compartiera circulación» con el coronavirus. Además, «ante el previsible evolución de la epidemia, tanto en otoño como el próximo invierno», estas temporadas no son «tan propicias» como el verano para la celebración de las elecciones.

Estos son algunos de los documentos que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha entregado a los líderes de los diferentes partidos vascos, de cara a la reunión que mantendrá con ellos este jueves para decidir cuándo se pueden celebrar las próximas elecciones, que se convocaron para el pasado 5 de abril, pero que se dejaron sin efecto a consecuencia de la pandemia.

Los juristas han analizado la hipótesis de que pueda haber un nuevo decreto de convocatoria de las elecciones para una fecha y que se pudiera producir «una regresión en la situación de la salud pública que volviera a dificultar la celebración de la cita electoral».

En concreto, han estudiado las posibilidades de volver a reconducir la situación si surgiera un rebrote del Covid-19, es decir, «si sobreviniera un nuevo contexto de riesgo para la salud pública», teniendo fijada una fecha y mientras se contabilizan el periodo legal de 54 días establecidos por la LOREG para celebrar comicios.

Por ello, los servicios jurídicos se han centrado en cómo reconducir la situación en caso de que hubiera una nueva anulación de las elecciones y la forma en que se podrían reconducir, posteriormente, mediante un mecanismo de reanudación de la convocatoria, en lugar de volver a iniciar todo el proceso electoral, como ha ocurrido con el decreto de Iñigo Urkullu del 17 de marzo, por el que se dejó sin efecto la convocatoria del 5 de abril.

Para los juristas, las circunstancias actuales, respecto a las que llevaron a suspender «las fallidas» elecciones del 5A, son más favorables ya que se ha superado la crisis sanitaria, «al menos en su fase de alto riesgo». A ello se une que el estado de alarma no impide los comicios.

En todo caso, apuntan que la nueva convocatoria está sujeta «ineludiblemente» a los 54 días establecidos por Ley que deben transcurrir desde la convocatoria de elecciones hasta el domingo en el que se celebren los comicios, para que sea «factible un ejercicio adecuado e igualitario del derecho de sufragio».

UNA POSIBLE NUEVA ANULACIÓN

«Si durante ese periodo de tiempo volvieran a producirse circunstancias excepcionales que incidieran sobre el correcto desarrollo del proceso electoral, no tendríamos dudas de que procedería una nueva anulación de la convocatoria», añaden.

Su informe señala que ahora se tiene que valorar una alternativa, que en su día de debatió y desechó con el Decreto 7/2020, cuando se negó la posibilidad de entender técnicamente suspendidos los comicios temporalmente o quizá aplazados.

Según explica, se puede ir a una «solución novedosa» porque se desconoce a dónde llevaría un rebrote de la crisis del Covid-19. En este sentido, destaca que «nunca está de más una nueva vuelta de tuerca a la necesidad de garantizar, más si cabe, la seguridad». «Se trataría de trazar una hipótesis en un escenario mucho más presionado por el tiempo transcurrido y la cercanía a la fecha de transcurso del tiempo natural de duración de la legislatura, en la que ya el derecho de la ciudadanía a la participación política se encontraría realmente en entredicho», ha explicado.

Por ello, en este escenario «excepcional», apunta que podría tener sentido «no rechazar, de modo radical, una interpretación más flexible de las condiciones en las que se desenvuelve el derecho de sufragio, de modo que pudiera resultar factible, por razonable y proporcional» a la situación, que se fijara una fecha electoral y que se señalara una segunda fecha «subsidiaria para la realización de las elecciones si resultara fallida, de nuevo», la primera que se estableciera.

REANUDACIÓN, NO REINICIO DEL PROCESO

De esta forma, no se reiniciaría todo el proceso electoral, sino que se reanudaría, «de modo que tendrían que preservarse todos los elementos de la administración electoral para la nueva cita, se supone que superado el rebrote o reconducido, de nuevo, a parámetros compatibles con un ejercicio correcto del derecho de sufragio».

Los juristas recomiendan que, «en caso de hacer uso de esta posibilidad», se realice «una previsión muy cuidada y singular que se sume complementariamente y se refleje en el decreto de convocatoria».Todo ello, considera que debe realizarse con un plazo máximo marcado, como es el de la culminación natural de la legislatura, el 25 de octubre.

De esta forma, la fecha subsidiaria debería también establecerse para antes de esa fecha, en previsión de que la autoridad sanitaria tuviera que proclamar una nueva emergencia sanitaria «como consecuencia de un rebrote».

INFORME SANITARIO

El informe sanitario destaca que el sistema sanitario vasco ha demostrado «fortaleza» y cree que, con las nuevas actuaciones del Gobierno Vasco, se podrá «monitorizar estrechamente la evolución de la pandemia e introducir medidas correctoras de forma precoz ante la aparición de nuevos casos, evitando la evolución hacia una indeseable tensión del sistema sanitario.

«No tenemos evidencias sólidas para saber con certeza la evolución del covid-19 a partir del verano. En Euskadi, con las medidas que se han tomado hasta el momento para controlar la pandemia y las que se pondrán en marcha las próximas semanas, es muy probable que la incidencia de nuevos casos pueda mantenerse controlada y el verano puede contribuir a ello», señala.

En todo caso, añade que, «si la susceptibilidad de la población al virus sigue siendo alta, la infección puede seguir transmitiendo a menor intensidad». No obstante, destaca que «el mayor problema podría surgir a partir de septiembre si, con la llegada de la gripe estacional, esta compartiera una alta circulación con el Covid-19».

POSIBILIDAD EN JULIO

En concreto, teniendo en cuenta estas consideraciones, a la cuestión relativa a la conveniencia de celebración del proceso electoral en el mes de julio, se ratifica en que si la fase de desconfinamiento se hace con las debidas cautelas, acompañadas de la observación de las recomendaciones generales, se podrán realizar los movimientos habituales de personas en las actividades de la vida diaria observándose las medidas recomendadas acerca de la higiene y el del distanciamiento individual».

En este sentido, asevera que los movimientos de ciudadanos «propios de una jornada electoral serán posibles, presumiblemente, durante el periodo estival». Además, señala que «deberán establecerse medidas específicas ‘ad hoc’, tanto en colegios electorales como para propia campaña electoral».

Desde el punto de vista de un periodo alternativo para la realización de unas elecciones, dice que, «ante la previsible evolución de la epidemia tanto en otoño como el próximo invierno», estas temporadas con son «tan propicias» como el verano para la celebración de las elecciones.