El Gobierno ha sacado adelante este miércoles en el Congreso de los Diputados su decreto anti-colapso de Justicia con mayoría absoluta, gracias a los apoyos de ERC y del PNV, frente a los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos y de los independentistas de Junts y la CUP. El texto será tramitado finalmente como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que se abre la puerta a modificarlo vía enmienda.
El Pleno del Congreso ha convalidado el Real decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, impulsado por el ministro Juan Carlos Campo, con 178 votos a favor, 161 votos en contra y 10 abstenciones.
Si bien, los partidos que han apoyado el decreto han exigido se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas, algo que es bien visto por algunos sindicatos de la Administración de Justicia y de operadores jurídicos, que han criticado con dureza alguna de las medidas.
También ha sido una reclamación de los partidos que se han opuesto a la convalidación de la norma, y así se ha visto en una segunda votación para decidir si el decreto se tramita como proyecto de ley. Tan sólo ha contado con dos votos en contra y una abstención frente a 346 ‘síes’.
CAMPO PIDE «LEALTAD» A LA OPOSICIÓN
El ministro del ramo, Juan Carlos Campo, ha defendido este miércoles durante el debate del decreto, aprobado el pasado 28 de abril en Consejo de Ministros, que se trata de una norma que busca dar seguridad jurídica a los ciudadanos y reactivar la Justicia tras el parón obligado por el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus.
Así, ha instado a la oposición a no rechazar el decreto «por llevar la firma de un presidente que no les gusta», al mismo tiempo que ha lamentado que se «pretenda instrumentalizar este debate para desgastar al Gobierno.
En este sentido, ha pedido «lealtad» con el trabajo que han realizado las distintas comunidades autónomas con competencias transferidas en materia para consensuar las medidas, pues muchas de ellas son gobernadas por los mismos partidos políticos que la oposición.
DURAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, los grupos de la oposición han criticado duramente que el decreto llegue al Pleno para se debatido sin haber sido antes negociado con ellos y no se contemple la inversión necesaria para llevar a cabo la reactivación de la Justicia.
Asimismo, pese a que el ministro ha insistido en que todas las medidas han sido alcanzadas por «consenso» con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y colectivos profesionales, la oposición ha asegurado que no se ha tenido en cuenta la opinión de operadores jurídicos a la hora de adoptar algunas decisiones como habilitar parte del mes de agosto.
