El Gobierno considera que el presidente del Tribual Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, realizó «un ejercicio de sensatez» en sus declaraciones de este lunes en las que abogó por que el órgano de gobierno de los jueces cumpla con los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional, según han indicado fuentes de Moncloa.
Además, no contemplan que el CGPJ lleve a cabo un bloqueo y evite realizar los dos nombramientos del TC a los que le obliga la norma, según recuerdan en el Ejecutivo. Asimismo indican que este supuesto bloqueo no se debería llevar a cabo porque significaría incumplir la ley y recuerdan que Lesmes afirmó que la legislación se cumple.
En esa misma línea, las fuentes consultadas señalan que el Gobierno está trabajando para llevar a cabo los dos nombramientos de magistrados del TC que le corresponden, aunque no aclaran qué pasos daría el Ejecutivo en caso de que el CGPJ no llevase a cabo su cometido. Con todo, en el Gobierno piden que se ponga el foco en aquellos que dicen que no van a cumplir la ley, si es que finalmente esto termina ocurriendo.
Este lunes, en declaraciones a la prensa tras el acto de toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, Lesmes afirmó que dichos nombramientos deben hacerse «el día 8, si es posible, y si no los días sucesivos», apuntó, aunque reconoció que «cuesta encontrar unas voluntades dirigidas hacia una misma persona».
A quienes sostienen que «hay que boicotear los nombramientos», Lesmes les recordó la «institucionalidad» del Consejo e insistió en que si se ha aprobado una ley hay que cumplir con ella, más allá de que pueda gustar o no las circunstancias en las que se aprobó. «Es una ley que restablece la competencia del CGPJ, una competencia que está en la propia Constitución», subrayó.
Por ello, fue firme ante cualquier intento de boicot: «Yo me opongo a que esta institución se declare en rebeldía». «Lo he sostenido durante toda mi vida y lo sostengo ahora. Es nuestro deber: el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Y, por lo tanto, nuestra obligación será procurar ponernos de acuerdo», dijo.
