Cuando las autoridades del la Dirección General de Tráfico (DGT) decidieron suspender el trámite de canje del carnet de conducir de los ciudadanos venezolanos, por las irregularidades con el documento que emiten en el país suramericano, no tomaron en cuenta todas las consecuencias de esta decisión que afecta a estas personas, no solo por el simple hecho de no poder tener el documento, sino que en algunos casos las personas están perdiendo su estatus migratorio en el país.
La decisión de Pere Navarro ha dejado a cientos de venezolanos en situación de indefensión. Uno de los afectados es Johamber Hernández, un venezolano que llegó a España en enero de 2020 y tras gestionar la solicitud de protección internacional (asilo), fue detenido por la Policía Nacional por portar una copia del carnet de conducir y no el original.
En ese momento las autoridades lo detuvieron durante un día y lo reseñaron por la presunta comisión del delito de falsedad documental y fue pasado a juicio, a pesar de haber demostrado que llevaba una fotocopia, pero que poseía la original.
Hernández contó que a pesar de esta situación, él había podido hacer el canje del carnet, pues para el momento en que fue detenido, ya había solicitado la cita para hacer el canje. De hecho, en mayo de 2020 obtuvo el carnet de conducir de España, porque su caso fue archivado en los juzgados.
«Yo pude canjear la licencia sin problema y de hecho tenía un contrato fijo trabajando como repartidor en Just Eat, porque ese proceso por el carnet había quedado archivado y yo estaba confiado», contó Hernández a Moncloa.com.
El venezolano estuvo trabajando por varios meses, mientras esperaba la resolución de su solicitud de protección internacional, hasta que finalmente en julio del 2021, tras haberse mudado a la comunidad Valenciana le entregaron la resolución negado.
Al final, todo parece indicar que el problema es que no existe ningún tipo de comunicación entre los diferentes organismos encargados de tramitar los casos de judicialización por los carnets de conducir de venezolanos, los cuerpos de seguridad del Estado y la Dirección General de Tráfico, pues en el caso de Hernández, mientras su expediente fue archivado, por haber podido demostrar que su carnet de conducir no había sido falsificado, en la Policía Nacional, cuando acudió a gestionar la cancelación de los antecedentes policiales, fue detenido por segunda vez y fue entonces cuando se enteró que su solicitud de asilo había sido rechazada por las autoridades españolas, por el problema que había tenido con el permiso de conducir. Todo esto ocurrió en julio de 2021 y desde entonces esta personas se encuentra en situación irregular en el país.
Como Hernández hay otros cientos de venezolanos a quienes se les ha cancelado la residencia por razones humanitarias que les ha otorgado el Estado español, a consecuencia de la judicialización que han sufrido por las inconsistencias en el carnet de conducir emitidos directamente por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), que es el organismo venezolano encargado de emitir en ese país los permisos para conducir.
Esta incompetencia del organismo venezolano ha traído consecuencias a cientos de venezolanos que en ningún momento han falsificado el documento, sino que el que emiten en el país caribeño no cuenta con las garantías mínimas de seguridad requeridas por España, pues en algún momento llegaron a tener cinco modelos de documentos diferentes.
La situación trajo como consecuencia que finalmente en julio las autoridades españolas decidieran que se cancelaba, de manera definitiva, el acuerdo de canje entre Venezuela y España, ante la falta de respuesta de las autoridades venezolanas, que no respondieron a los requerimientos de los organismos locales para tratar de solucionar esta situación.
Esto ha generado que a las personas que fueron beneficiados con la residencia por razones humanitarias, al momento de acudir a renovarla, se las cancelan, debido a que les aparecen los antecedentes policiales y este es el argumento que están utilizando las autoridades españolas para cancelar la residencia de cientos de venezolanos.
El diputado venezolano Franco Casella, que vive en el exilio en España, advirtió que la responsabilidad de estas irregularidades con los documentos venezolanos no pueden recaer sobre las personas, pues al final es un organismo venezolano el que emite estos documentos, por lo tanto, el ciudadano venezolano solo recibe el documento, con las irregularidades propias del régimen de Nicolás Maduro.
Esta situación ha afectado a cientos de venezolanos que se quedan indefensos ante las decisiones de las autoridades españolas y ante la ineficiencia del régimen venezolano que tiene el control de las instituciones y afecta a los más de 6.8 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país, a consecuencia de la crisis política y económica que han ocasionado durante las últimas dos décadas.
